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Crespo » Paralelo 32
Fecha: 18/09/2025 10:06
En María Grande, Entre Ríos, una empresa que durante dos décadas fue vista como un motor del sector lácteo se encuentra hoy en el ojo de la tormenta. Nutrísima SRL, fundada en 2003, enfrenta al menos ocho denuncias penales y siete civiles, 497 cheques rechazados por casi 900 millones de pesos, deudas financieras por más de 1.500 millones y compromisos incumplidos por ventas a futuro que rondan los 3.000 millones de pesos. El perjuicio total se estima en unos cuatro millones de dólares. La compañía, que tuvo como socio fundador al actual intendente de María Grande, Héctor “Cheru” Solari (Cambiemos/La Libertad Avanza), aparece en el centro de una investigación que compromete también a su familia y a más de 28 firmas de Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. De promesa productiva a foco de sospechas Nutrísima nació el 1° de noviembre de 2003 de la mano de Solari y su colega Horacio Prémoli, ambos veterinarios formados en la Universidad Nacional de Corrientes. El primero detentaba el 66,68% de la firma y el segundo el 33,2%. La sociedad funcionó durante años con bajo perfil desde su sede en Urquiza 268. Pero en 2019, poco antes de que Solari se lanzara a la política, se produjeron los primeros movimientos societarios llamativos. El intendente cedió parte de sus cuotas a Nahuel Matías Ferrarotti, empresario vinculado al rubro de fiambres y quesos. Desde entonces, la propiedad quedó dividida en tercios. En 2022, Solari transfirió su parte a su hijo, Lautaro Solari, con aval de su esposa, la abogada Carolina Rico. En enero de 2024, Prémoli fue designado como único gerente. Sin embargo, en los registros del Banco Central, el intendente sigue figurando como firmante de cheques rechazados de la empresa, un detalle clave en la investigación judicial. La operatoria cuestionada Según las denuncias, Nutrísima habría montado un esquema de ventas a futuro con pago anticipado mediante cheques diferidos. Con esos documentos, la firma obtenía liquidez inmediata al negociarlos en bancos, mutuales o financieras con avales de SGRs. A cambio, se comprometía a entregar mercadería —principalmente quesos e insumos— o prestar servicios que nunca llegaban. El sistema le permitió a la compañía acumular compromisos por unos 3.000 millones de pesos, mientras que su deuda financiera formal asciende a 1.500 millones y los cheques rechazados suman otros 900 millones. Un empresario correntino relató que había pagado 60 millones de pesos en cheques diferidos a cambio de envíos mensuales de quesos. No solo nunca recibió la mercadería, sino que al reclamarle a Lautaro Solari obtuvo como respuesta que debía abonar en efectivo para retirar los productos. Más aún, Nutrísima le ofreció un “plan de recuperación” en el que, comprando mercadería en efectivo, se le descontaría apenas una fracción mensual de la deuda: un mecanismo que prolongaba indefinidamente la devolución de lo ya pagado. Patrimonio insuficiente y balances inflados Las denuncias apuntan a que los balances de Nutrísima habrían sido inflados al facturar operaciones futuras como ventas presentes, facilitando así la obtención de préstamos y la negociación de cheques, indicaron en el programa Cuestión de Fondo que se emite por la señal de canal 9 de Paraná. El problema es que la capacidad productiva de la firma es reducida: apenas 105 vacas entre propias y alquiladas, una planta de elaboración, tres camiones, herramientas menores y cuatro empleados registrados. Ni vendiendo todos sus activos, ni sumando el patrimonio personal de los socios, podrían cubrir una deuda que ya roza los 5.500 millones de pesos. Acreedores en jaque y silencio de los socios El 29 de junio pasado, Prémoli comunicó a los acreedores que no podrían cumplir con los compromisos. Desde entonces, no se cubrió un solo cheque ni se entregó mercadería comprometida. Mientras tanto, Nutrísima sigue atendiendo al público en su local de calle Urquiza 298 de María Grande, lo que enoja aún más a los damnificados. Muchos empresarios afectados se ven obligados a vender activos o incluso a enfrentar el riesgo de concurso preventivo o quiebra. “Nos traicionaron”, resumió un productor regional, que espera una rápida respuesta judicial. La justicia toma cartas Las causas penales por presunta estafa están radicadas en la Unidad Fiscal de Paraná, a cargo de la fiscal Jimena Ballesteros. Las demandas civiles, en tanto, se tramitan en distintos juzgados del fuero local. Fuentes judiciales advierten que el pasivo podría ser aún mayor, ya que existen cheques con vencimiento hasta marzo de 2026 y numerosos acreedores que no han denunciado por falta de recursos para litigar o por la certeza de que las posibilidades de cobro son mínimas. Lo que comenzó como una promesa para dinamizar el entramado productivo regional, hoy se configura como uno de los escándalos financieros más grandes en la historia reciente de Entre Ríos. El desenlace dependerá de la respuesta judicial y de la capacidad de los damnificados para resistir el golpe económico.
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