18/09/2025 06:18
18/09/2025 06:16
18/09/2025 06:15
18/09/2025 06:14
18/09/2025 06:12
18/09/2025 06:12
18/09/2025 06:11
18/09/2025 06:11
18/09/2025 06:11
18/09/2025 06:10
» Diario Cordoba
Fecha: 18/09/2025 05:05
En cuatro meses desde que anunció la desconexión tecnológica de Israel, el Ministerio de Defensa ha identificado 45 programas de armamento y comunicaciones de los ejércitos en los que intervienen patentes israelís. Y no se descarta que, de aquí hasta que se aprueba el postergado decreto de desconexión, quizá en una semana, la lista aumente, según fuentes directamente conocedoras de estos trabajos. De esa lista de anulaciones y rupturas de pedidos puede salir una cascada de reclamaciones de responsabilidad patrimonial al Estado, exigencias de indemnización que se harán llegar a los tribunales en la vía de lo contencioso-administrativo, coinciden en asegurar a este diario varias fuentes jurídicas y de la industria de la defensa. El Gobierno explicó este martes, tras la reunión del Consejo de Ministros, que la promulgación de un decreto que dé encarnación jurídica a la decisión política de no comprar -ni vender- tecnología militar a Israel se retrasa por “ajustar detalles técnicos”. Afinar los detalles contribuye a blindar la medida contra los pleitos que, en algunos casos, están ya preparando firmas afectadas, de momento en fase de consultas con bufetes de Madrid. Candidatos Las anulaciones de encargos y contratos públicos afectan a empresas con las que se negoció directamente en Israel, y también a firmas españolas cuyo principal negocio es la representación e intermediación con firmas israelís. Hasta el momento se han conocido cuatro famosos programas en los que Defensa renuncia a tecnología israelí como protesta por el genocidio en Gaza: los misiles contra carro Spike, los iluminadores láser POD de blancos para los cazas Eurofighter, el sistema de lanzamiento Puls de los ya anulados lanzacohetes de artillería de campaña SILAM y las radios Lynx para Infantería y vehículos de combate. Pero hay más programas, y varios de ellos clave, sobre cuyo rechazo reina el hermetismo oficial por razones de seguridad. Entre otros, han trascendido sistemas de óptica térmica para los vehículos Pizarro del Ejército de Tierra que ya han quedado descartados. Cazas Euirogihter volando en formación en el Atlántico. Ejército del Aire / EA Los técnicos de la Secretaría de Estado de Defensa, de la que dependen la Dirección General de Armamento y Material y la de Innovación e Industria de Defensa, siguen tres vías de ejecución de la orden política de veto: o bien se paran contratas en proceso de convocatoria, o bien se anulan adjudicaciones en marcha, como la compra de balas para la Guardia Civil o el sistema SILAM, rechazado oficialmente la pasada semana; o, si ya está en pie la adquisición y se han recibido pedidos -como los POD de los cazas, instalados y probados en Las Bardenas en 2021- lo que se hace es anular la segunda parte del contrato: el mantenimiento y la formación sobre el material recibido. En ambos escenarios se están produciendo dos tipos de movimiento: o bien Defensa explora el mercado dentro y fuera de España para hallar sustitutos, o bien ciertas empresas ofrecen sus productos como solución. En contratos que ya no tendrán continuidad, como el de los misiles Spike, Defensa puede optar por las compañías que en su momento quedaron en segundo y tercer lugar en los concursos públicos. De ahí que suene tan insistentemente estos días el lanzacohetes Javelin norteamericano como sustituto del Spike para armar a la Infantería y sus vehículos. La diferencia: el misil de la firma israelí Rafael costaba a 169.000 euros la unidad en la última compra acordada (septiembre de 2023), y el norteamericano ronda los 200.000 dólares hoy en el mercado. Hay también una alta probabilidad de que Defensa recurra a la radio de software de Indra para las comunicaciones del Ejército, para sustituir al sistema Lynx que Telefónica y Aicox desarrollaban con la israelí Elbit. En este caso, hay señales a favor. Indra tiene un memorando de entendimiento con la finlandesa Bittium para el desarrollo de este sistema de comunicaciones militares, que aspira a un contrato cercano a los 800 millones de euros. Y en la firma de ese acuerdo, en julio pasado, estuvo presente la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce. En busca de blindaje Abogados del Estado asesoran en Defensa y Moncloa para tratar de blindar al Gobierno. La intención es que no se repitan las circunstancias que están rodeando a la anulación de la compra de balas para la Guardia Civil. En abril, cuando Pedro Sánchez desautorizó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, vetando ese pedido de 12 millones de euros, portavoces de Interior explicaron que se había continuado con el contrato de las balas israelís “por no causar un daño patrimonial al Estado”. O sea, evitar que Interior tuviera que pagar de todos modos el pedido. La anulación de ese pedido no ha hallado atajos jurídicos que hagan imprevisible el desembolso, pero la empresa afectada en España, Guardian Defense & Homeland Security, ha iniciado también consultas en bufetes madrileños, entre ellos el despacho Ramón y Cajal, para explorar acciones en los tribunales. Las bombas de racimo, un precedente El empeño del Ejecutivo en cerrar el paso al armamento israelí ya comprometido se presenta difícil. Una de las fuentes consultadas contempla la posibilidad de que una cláusula del futuro decreto imponga la imposibilidad de litigar, “lo cual podría ser inconstitucional”. Lo descartan fuentes de Defensa, que, de hecho, niegan la mayor: “El Gobierno no necesita blindajes, ejerce legítimamente su libertad de elegir en el mercado”, dicen. Tampoco ven por tanto posible el insólito hito de que una firma de capital israelí -algunas de ellas son trasunto de su Estado- acabe litigando con el Gobierno ante el Tribunal Constitucional... si así se lo permite un juez ordinario. El asunto de las balas israelís es el precedente que más inquieta a los promotores de la desconexión, pero hay otros. El más sonado acabó en victoria del Ejecutivo en el Tribunal Supremo. La firma aragonesa Instalaza planteó un pleito ante los tribunales de lo contencioso-administrativo en 2011, después de que el gobierno Zapatero, en 2008, decidiera acabar con el tráfico de bombas de racimo, las MAT120 españolas. La ministra de Defensa de entonces, Carme Chacón, ejecutó una medida que explicaba como general, pero que Instalaza interpretó como daño particular. O sea, se prohibía la fabricación y exportación de bombas de racimo a todas las empresas de España, pero la única que tenía contratos en marcha era la fábrica zaragozana. El Supremo no percibió un afán de ataque singular en la medida y falló que no procedía pagar la indemnización de 40 millones de euros que exigían los denunciantes. El abogado y profesor de la Universidad de Comillas José Ignacio Vega, experto en Derecho Público y ex letrado del Estado, llevó la defensa de Instalaza. Diez años después, también prevé que pueden producirse reclamaciones en cascada con el actual veto a Israel. “La decisión política no se puede impugnar ante los tribunales, pero sí se puede pedir reparación para las consecuencias individuales que puede tener”, explica desde su despacho en Madrid. En materia de contratos públicos, el principio es que un acuerdo del Estado no se puede anular salvo caso de fuerza mayor. Instalaza no obtuvo indemnización en base a ese principio, pero sí los dañados por una decisión política muchos años antes. Es otro precedente para el caso. El 8 de junio de 1969, el gobierno franquista decidió cerrar la verja de Gibraltar. Und grupo de comerciantes de las comarcas adyacentes se vieron perjudicados en sus negocios con el peñón… e hicieron valer con éxito sus reclamaciones. Suscríbete para seguir leyendo
Ver noticia original
Examedia © 2024
Desarrollado por