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Concordia » InfoConcordia
Fecha: 18/09/2025 02:00
La causa judicial por el default de Vicentin, considerado el mayor en la historia privada argentina, ha dado un giro significativo. El juez federal Julián Ercolini, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, citó a indagatoria a 26 exdirectivos de la agroexportadora y del Banco Nación (BNA). La investigación se centra en el presunto otorgamiento irregular de créditos que habrían provocado un perjuicio millonario al Estado. Las indagatorias se llevarán a cabo entre el 27 de octubre y el 18 de diciembre. Como parte de la medida, los imputados tienen una inhibición general de bienes y prohibición de salida del país. La justicia busca determinar si hubo un acuerdo fraudulento entre la cúpula de Vicentin y exfuncionarios del banco que permitió a la cerealera obtener financiamiento en condiciones prohibidas. Un perjuicio de millones y maniobras bajo la lupa La investigación detalla que el Banco Nación había otorgado a Vicentin una línea de crédito que llegó a representar más del 20% de su patrimonio, un nivel de exposición considerado excesivo para una empresa privada no financiera. A mediados de 2019, la empresa ya no cumplía con los requisitos para nuevos préstamos y acumulaba deudas impagas por más de u$s150 millones. A pesar de esta situación, las autoridades del BNA continuaron aprobando operaciones. Entre noviembre y diciembre de 2019, la entidad habría concedido a Vicentin una refinanciación y nuevos desembolsos por u$s105,5 millones sin exigir garantías suficientes. Según la fiscalía, el resultado de estas operaciones fue un perjuicio económico al Estado de unos u$s260 millones, que podría escalar a los u$s300 millones. Además, se detectó el desvío de casi u$s17 millones al exterior, incluyendo transferencias a paraísos fiscales. Los implicados La lista de citados incluye a los principales referentes de la agroexportadora y a exautoridades del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri. Entre los directivos de Vicentin se encuentran Daniel Néstor Buyatti, Alberto Julián Macua, Herman y Roberto Vicentin, y Máximo Padoan. Por el lado del Banco Nación, fueron convocados a declarar el expresidente Javier González Fraga, el exvicepresidente Lucas Llach, y el exdirector Carlos Castellani, junto a otros exfuncionarios de distintos niveles gerenciales. Para el fiscal, se trató de una «actuación coordinada» entre empresarios y autoridades bancarias para beneficiar al grupo Vicentin en detrimento del patrimonio público. Lucha de titanes por el futuro de la empresa Mientras avanza la investigación penal, en el fuero civil y comercial de Reconquista se define el futuro de la compañía. El juez Fabián Lorenzini lleva adelante el proceso de cramdown, que permite a terceros interesados presentar propuestas para el salvataje de la empresa. En esta disputa, el grupo Grassi se ha aliado estratégicamente con Cargill, posicionándose como uno de los principales candidatos para quedarse con el control de la agroexportadora. Otros jugadores globales como Bunge, Louis Dreyfus Company (LDC) y Molinos Agro también se han anotado en la carrera. La definición, que se espera para octubre, dependerá de qué oferente logre reunir el apoyo de la mayoría de los acreedores. El patrimonio neto de Vicentin es negativo, cercano a los u$s1.000 millones, lo que significa que el valor de las acciones es nulo. El verdadero atractivo para los oferentes es el acceso a las plantas de procesamiento y a la posición de la compañía en la cadena agroexportadora. Con las indagatorias en marcha y el cramdown en su etapa final, el futuro de Vicentin se juega en dos frentes simultáneos: el judicial y el empresarial. La Justicia busca esclarecer las responsabilidades en el colapso, mientras las principales multinacionales del sector se baten por el control de sus activos, que a pesar de todo, siguen siendo estratégicos para el complejo oleaginoso argentino. Implicados entrerrianos en la causa Vicentin: un entramado que llega a la provincia Aunque la sede principal de Vicentin se encuentra en la localidad santafesina de Avellaneda, el impacto del default y la investigación judicial se extendió a otras provincias, incluyendo Entre Ríos. Varios entrerrianos están siendo investigados por su posible participación en la trama de presunto fraude que llevó al colapso de la agroexportadora.
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