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Concordia » 7paginas
Fecha: 17/09/2025 23:51
En un escrito firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, la provincia reafirmó su demanda por el cumplimiento del acuerdo suscripto en 1998, que estableció la distribución de esos recursos entre las provincias de la región. El reclamo Entre Ríos exige que se reconozca el pago de USD 175,5 millones más intereses, monto que, según los cálculos provinciales, representa lo que la Nación dejó de transferir desde 2013 por la modificación en la metodología de cálculo aplicada a la energía producida en Salto Grande. Hasta ese año, el precio promedio fijado por la Secretaría de Energía rondaba los USD 30 por Mw, pero con la resolución 95/13 bajó a USD 14, y fue descendiendo hasta los actuales USD 2,9 por Mw, pese a que la represa aporta alrededor del 7% de la electricidad que consume el país. Este cambio redujo drásticamente los excedentes: de casi USD 80 millones en 2012 a menos de USD 5 millones en 2024, con años en los que el aporte fue directamente cero. Un acuerdo incumplido La distribución de los excedentes quedó establecida en la llamada “Ley Maya”, que asigna un 67,5% a Entre Ríos, un 27,5% a Corrientes y un 5% a Misiones. Desde la firma del acuerdo en 1998, Entre Ríos recibió más de USD 495 millones, aunque la mayor parte fue transferida hasta 2012. El gobierno provincial denuncia que la modificación de 2013 se adoptó sin consulta ni notificación a las provincias, con el objetivo de destinar esos fondos a subsidiar tarifas en los grandes centros urbanos, a costa de los recursos que correspondían a las jurisdicciones directamente afectadas. La posición del Gobierno entrerriano El fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes explicó que el objetivo es lograr que la Corte declare la inconstitucionalidad de las resoluciones de Energía y otorgue a Entre Ríos participación en la definición del precio que se paga a la represa. Asimismo, la provincia pretende que se reconozca en ese valor el costo de obras complementarias no realizadas, como la esclusa de navegación hacia Brasil y los sistemas de riego para la producción local. Una alternativa sobre la mesa El reclamo de Entre Ríos se apoya también en el decreto 969/24, firmado por el presidente Javier Milei, que abrió la posibilidad de una compensación mediante la cesión de la propiedad del complejo hidroeléctrico a la provincia. “Estos fondos son claves para el desarrollo de Entre Ríos y no vamos a renunciar a lo que nos corresponde”, remarcaron desde el gabinete provincial, al confirmar que la causa seguirá su curso en la Corte Suprema. Redacción de 7Paginas
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