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  • Senadores analizaron los proyectos de reformas al Consejo de la Magistratura y Juicio por Jurados

    Parana » Bicameral

    Fecha: 17/09/2025 20:46

    Los integrantes de las Comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado escucharon al procurador General de la provincia de Entre Ríos, Jorge Amílcar García, para analizar proyectos con media sanción que establecen reformas al Consejo de la Magistratura y Juicio por Jurados. Los senadores abordaron el proyecto de ley proveniente del Poder Ejecutivo y que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, por el que se reforma la Ley del Consejo de la Magistratura. Con cinco títulos y 47 artículos, se establece entre otras cosas que el Consejo de la Magistratura es un órgano asesor permanente del Poder Ejecutivo provincial, con competencia exclusiva para proponer, mediante concursos públicos y ternas vinculantes, la designación de los magistrados y funcionarios de los Ministerios Públicos del Poder Judicial. Se dispone que estará integrado por once miembros y todo lo relativo a su funcionamiento, recursos, personal y Escuela Judicial, en este sentido se crea el Fondo de Financiamiento del Consejo de la Magistratura, y la Escuela Judicial, como espacio de formación y capacitación. Cabe recordar que los senadores ya se reunieron por este tema con representantes del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de la provincia, y del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos. El procurador expresó que “es un placer, un honor venir a la Legislatura para tratar temas institucionales para una mejor justicia posible”. En relación al Consejo de la Magistratura señaló que “es un proyecto que hemos revisado y es muy bueno, respeta la Constitución”. En este sentido, hizo un repaso histórico sobre el tema, y apuntó al “valor de la autonomía y la independencia en la justicia; los jueces no pueden ser colocados a dedo, deben pasar por el Consejo de la Magistratura”. García comunicó a los senadores que hay en la actualidad unos 90 concursos en espera. Puntualizó en varios artículos, explicó su contenido y expresó su visión al respecto. “Esta ley tiene todas las condiciones para ser aprobada”, manifestó, en tanto “urge para que comiencen a agilizarse los concursos”. Seguidamente hubo un intercambio con los senadores en relación a modificaciones que se introducirán. Juicio por Jurados También fue analizado el proyecto de ley proveniente del Poder Ejecutivo y que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, donde se modifican los artículos 2º; 46 y 96 de la Ley Nº 10.746. Se establece que deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados, junto con los delitos conexos que con ellos concurran, los delitos cuya pena máxima en abstracto sea de más de veinte (20) años de prisión o reclusión. En el caso de concurso de delitos, deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados cuando al menos uno de ellos tenga prevista una pena máxima en abstracto de más de veinte (20) años de prisión o reclusión. La integración con jurados es obligatoria e irrenunciable. Asimismo se legisla sobre remuneración y gastos y la conservación del cargo de las personas que sean designadas como integrantes de jurados titulares o suplentes, que serán remuneradas por la labor desempeñada inmediatamente luego de finalizado el juicio, con una suma equivalente a la cantidad de JUS (conforme Ley Nº 9005) que determine el Superior Tribunal de Justicia mediante reglamentación, por cada día de trabajo desempeñado, incluyendo la audiencia de voir dire. Ningún jurado podrá percibir menos de dos (2) JUS por cada día de servicio. Todos los jurados tendrán derecho al reconocimiento de los gastos de movilidad, alojamiento y viáticos, si correspondieren, los cuales serán cubiertos por el Poder Judicial. El procurador informó que en la actualidad hay 190 casos pendientes de resolución con esta modalidad, que demandarían entre 7 y 9 años a un ritmo de entre 20 a 30 juicios por jurado por año. “Debemos tratar de optimizar y es correcto poner los delitos cuya pena máxima en abstracto sea de más de veinte años de prisión”, por lo que se trata de “una decisión estratégica para salvar el sistema”. Los senadores agradecieron el aporte de García y acordaron continuar trabajando sobre el proyecto. Asimismo, recibieron un pedido de reunión de parte de varias organizaciones, entre ellas la Asociación de Familiares de Víctimas de Delitos Aberrantes de Entre Ríos (Vidaer), y programaron recibirlos en una próxima reunión de comisión la semana próxima.

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