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Concordia » Realnoticias
Fecha: 14/09/2025 17:41
Desde Londres La lucha contra la inmigración es uno de los caballos de batalla de Donald Trump tanto a nivel político como presupuestario. En el presupuesto, aprobado por el congreso a principios de julio, se aumentó el gasto para la lucha anti-inmigratoria en 350 mil millones de dólares equivalente al incremento destinado al gasto militar en defensa. Este lunes la Corte Suprema le dio luz verde a esta política autorizando la detención en Los Angeles de presuntos indocumentados al suspender los amparos judiciales previos que impedían arrestos basados en prejuicios raciales o sin una causa razonable. El paraíso que promete Trump con esta política contiene la creación de empleo para los estadounidenses, la guerra contra el narcotráfico hoy representado por el fentanilo, la eliminación de las mafias y la criminalidad. Entre los especialistas a nivel mundial la visión histórica y presente es que este tipo de medidas no dan resultado. “Es una agenda enfocada en el corto plazo. Las deportaciones masivas, la presión sobre México y otros países puede reducir temporalmente el flujo de migrantes. Pero a mediano y largo plazo, generarán mayor inseguridad tanto en América Latina como en Estados Unidos”, señaló a Página/12 Irene Mia, analista senior en temas de seguridad del “International Institute for Strategic Studies”. En la práctica política de Trump esta diferencia entre corto, mediano y largo plazo es borrosa. Sus anuncios cambian con la alarmante frecuencia de su primera presidencia como se puede observar en otra de las palancas de su programa: la guerra arancelaria. En América Latina hay cálculos y señales sobre el impacto arrasador que tendrá tanto a nivel económico como humanitario. En lo económico las remesas que envían los inmigrantes representan un 20% del Producto Interno Bruto de los países de Centroamérica. En México esta cifra baja a un 4,5% que impacta especialmente en zonas con altos niveles de pobreza y violencia como Chiapas, Michoacán, Guerrero, Guanajato y Jalisco. “El regreso forzado de estos inmigrantes tendrá un fuerte impacto tanto económico como institucional. Este dinero que dejará de ingresar en las arcas de los gobierno generarán un agujero fiscal que impactará en la oferta estatal de servicios públicos”, señala Irene Mia. A fines de agosto las Defensorías del Pueblo de Costa Rica, Panamá y Colombia dieron a conocer un informe elaborado con apoyo de la ONU en la que alertaban sobre el incremento, debido a la actual “migración inversa”, de secuestros, extorsiones y violencia sexual, especialmente contra mujeres y niñas. “Tenemos una concentración de migrantes vulnerables en ciudades fronterizas de países que no tienen la capacidad social o sanitaria para atenderlos. Es el terreno perfecto para que proliferen grupos criminales que aprovechen esta situación. No es algo que no sepamos. De hecho la trata de personas es hoy casi tan rentable como el narcotráfico”, observa Irene Mia. La oferta por el lado del crimen organizado en América Latina está concentrándose cada vez más en el tráfico humano y comercial gracias a las oportunidades que ofrecen las políticas duras anti-inmigratorias. Una reciente investigación del diario The Washington Post señala que paras los grupos del cartel de Sinaola o el de Nueva Generación de Jalisco, la trata ofrece un botín de entre 4 y 12 mil millones de dólares anuales, similar o mayor a las ganancias que obtienen del narcotráfico. Un ejemplo de esta rentabilidad figura en el informe de las defensorías de Panamá, Costa Rica y Colombia que especifica que en estas zonas limítrofes críticas se llega a cobrar hasta 280 dólares por traslados marítimos inseguros hacia los Estados Unidos. La historia y el presente La cosa recién empieza. Según los cálculos oficiales hay unos 11 millones de indocumentados: unos siete millones son latinoamericanos. Hasta dónde llegará a concretarse esta repatriación forzada es difícil de predecir por la dificultad titánica de la tarea, la resistencia que ha generado y el impacto que puede tener tanto en Estados Unidos como en otros países. “Esto ya lo vimos en los años 80 con el fenómeno de las maras o en la guerra contra el narcotráfico. Lo mismo sucede con las políticas represivas que impulsa Trump contra el fentanilo. Una política sustentada en la oferta y no en la demanda, conduce al fracaso”, señala Mia. La guerra contra el narcotráfico, lanzada a principios de los 70 por el gobierno de Richard Nixon para distraer la atención de sus problemas en Vietnam, empeoró las cosas tanto en Colombia y otros países sudamericanos como en México y en los Estados Unidos. Medio siglo más tarde, la señal de alarma se ha desplazado hacia el fentanilo, la causa más importante de muertes por sobredosis en el país, pero el problema es el mismo. “La actual política insular de “America first” se centra en la lucha contra las mafias del narcotráfico. La amenaza de perseguir a carteles mexicanos como si fueran organizaciones terroristas no solo es problemática desde el punto de vista del derecho internacional y la soberanía mexicana, sino también porque es totalmente ineficaz. La potencia del fentanilo facilita que se lo pueda traficar en pequeñas cantidades, algo mucho más difícil de controlar, porque además es un negocio fragmentado en muchos grupos. Si no está acompañada de políticas que combatan la corrupción, impunidad, debilidad institucional y falta de oportunidades económicas, esta política centrada en atrapar o liquidar a los narco-capos no sirve”, concluye Irene Mia. En la semiótica nacionalista de Trump, los inmigrantes son un peligro necesario, el enemigo a combatir para librarse de los problemas foráneos que impiden la grandeza estadounidense. Esta visión puramente negativa de la inmigración choca con el impacto concreto que tienen sobre la economía nacional. Un reciente informe de la organización “Americans for tax fairness”, Estadounidenses por la justicia fiscal, revela que los indocumentados contribuyen más a las arcas fiscales que las grandes corporaciones y multimillonarios. “Encontramos que pagan más impuestos que 55 grandes corporaciones y un significativo número de los multimillonarios y billonarios del país. Si además comparamos con los subsidios y exoneraciones fiscales que reciben las corporaciones, los indocumentados usan muchísimos menos recursos del Estado. Y son esenciales para sectores como la agricultura, la construcción, la salud y los servicios domésticos”, señaló a “Página12” Pablo Willis, encargado de comunicación de “Americans for tax fairness”. Esta visión positiva choca con la de Donald Trump que necesita enemigos para alimentar a su electorado con esa ilusión arcádica de retorno a la primacía global estadounidense tras la segunda guerra mundial. Como suele suceder el impacto económico a corto plazo será decisivo para el éxito de esta estrategia. Tampoco hay buenas señales para Trump por este lado. En un informe esta semana la agencia Bloomberg señalaba que la desaceleración es inocultable y citaba, entre otros, al CEO del JPMorgan Chase, Jamie Dimon para quien la única duda era si la economía se dirigía hacia una recesión o simplemente se estaba desacelerando. Lejos de predecir un cambio de rumbo, el impacto económico negativo que ha tenido hasta el momento la agenda MAGA, presagia una profundización del camino emprendido y una agudización de los conflictos a nivel internacional.
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