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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 14/09/2025 07:30
Una nutrida comisión policial allanó en horas de la tarde de este sábado en Paraná el domicilio del exfiscal de Nogoyá, Federico Uriburu, en busca de elementos que permitan determinar lo ocurrido el 30 de agosto pasado, cuando llevó en su auto a tres adolescentes que luego presentaron una denuncia en su contra por presunto abuso sexual. Los policías le secuestraron el teléfono celular a Uriburu y también una documental que tenía. En el allanamiento fue atendido por el propio exfiscal, quien estaba en compañía de su madre, de avanzada edad, con quien vive actualmente en la capital entrerriana. La presentación fue radicada por el padre de una de las jòvenes, en la Unidad Fiscal de Atención Primaria de Paraná y quedó a cargo de la fiscal Ileana Viviani. Según trascendió de fuentes judiciales, la situación que originó la denuncia se produjo cuando una de las chicas, cuya familia contrataba habitualmente a Uriburu para traslados, lo contactó para que la llevara junto a dos amigas a tres destinos distintos a lo largo de la noche y madrugada. La fiscal inició una investigación por el presunto delito de abuso sexual simple y ordenó una serie de medidas para tratar de establecer lo ocurrido. Según pudo saber ANÁLISIS, Viviani tomó declaración a las jóvenes y esos testimonios no habrían corroborado lo sucedido de manera fehaciente, indicaron a este medio fuentes judiciales. No obstante, los abogados de Uriburu nunca accedieron a lo denunciado, pese a que lo intentaron en Tribunales. El exfiscal fue apartado del cargo hace dos años, en septiembre de 2023, luego de ser denunciado por supuesta violencia de género por una profesional de los tribunales de Rosario del Tala, donde se desempeñaba como fiscal interino. Desde hace un tiempo trabaja como chofer de una aplicación, ya que aún tiene un sumario en trámite y solo cobra un porcentaje de su anterior trabajo en el Poder Judicial. No obstante, según trascendió, el viaje de las denunciantes no fue solicitado por la app, sino de manera particular. Resta determinar también en qué circunstancias el auto de Uriburu colisionó contra una señal de tránsito y a qué obedeció el cambio de recorrido que denunciaron las adolescentes como “privación ilegítima de la libertad”, pese a que eran tres personas las que iban. El abogado de la denunciante es Miguel Ángel Cullen, quien representó a Luisa Toledo, madre superiora del convento de Carmelitas Descalzas en una causa en la que Uriburu intervino como fiscal y por lo cual terminó condenada la monja, después de someter por años a tortura psicológica y física a las religiosas, lo que fue comprobado por la justicia en el juicio desarrollado en Gualeguay y luego confirmado en instancias superiores. Cullen fue también uno de los defensores del exgobernador Sergio Urribarri, condenado a 8 años de cárcel por delitos de corrupción. La causa se inició por una investigación de ANÁLISIS que denunció los malos tratos y las torturas que sufrían las novicias alojadas en el convento y la monja Toledo terminó condenada.
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