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» El Ciudadano
Fecha: 13/09/2025 22:49
La titular de la Fiscalía General N°5 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal porteños, Fabiana León, opinó que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 debe rechazar, “por inadmisibles”, los ofrecimientos de reparación integral efectuados por las defensas de 47 de los empresarios y cuatro de los exfuncionarios imputados, en el marco de la causa denominada “Cuadernos de las coimas”, donde se investiga “el paradigma de la gran corrupción”, según describió. La representante del Ministerio Público Fiscal entendió que no estaban dadas las condiciones para que se aplicara el instituto previsto en el artículo 59 inciso 6° del Código Penal, “por falta de acuerdo, por concurrir un bien supraindividual, y por oposición fiscal fundada”. Así, requirió que se mantuviera la fecha de debate -prevista para el próximo 6 de noviembre- y que se ordenara el pronto proveído de las cuestiones pendientes para poder comenzar el juicio. Tras analizar las generalidades de los ofrecimientos, la fiscal León consideró que la única solución plausible es la realización del “juicio público, con sus efectos de verdad, sus efectos de sanción y de inhabilitación en caso de que así proceda”. Argumentó que “la confianza en la justicia no se construye con soluciones fáciles, se construye cuando las reglas funcionan, son puestas a prueba en los casos realmente difíciles”. Agregó que “esta causa es el paradigma de la gran corrupción, es precisamente el test donde el sistema debe afirmar legalidad, igualdad y publicidad del juicio”. “Si aquí se transa o se mercantiliza, el mensaje social es letal. La pena o la absolución cumplen una función social: afirma qué conductas son intolerables, disuade futuros desvíos, garantiza igualdad ante la ley”, señaló León y añadió que “permitir salidas transaccionales abre un mercado de impunidad que premia al que puede pagar; rompe la simetría con el ciudadano común, con el ciudadano que va a trabajar, con el ciudadano decente, y erosiona la confianza en las instituciones democráticas, destruye el honor de los países. La corrupción no lesiona un patrimonio aislado, lo corroe todo”. La fiscal enfatizó en que “no se negocia lo que el sistema ya afirmó que debe ser juzgado” y destacó que “la confianza se honra rechazando reparaciones que privatizan el interés público y llevando la causa a debate oral como corresponde”, pues es allí donde “se definirá la verdad y la responsabilidad -o no- de las personas involucradas y se ejecutará el recupero por las vías legales”. Los ofrecimientos de reparación integral y conciliación La audiencia virtual, convocada para que las defensas expusieran los argumentos de sus ofrecimientos, comenzó pasadas las 10 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7, presidido por Enrique Méndez Signori e integrado por Fernando Canero y Germán Castelli. Así, reeditaron sus pedidos de reparación integral los abogados de los empresarios Roberto Juan Orazi, Jorge Balán, Miguel Marcelino Aznar, Carlos y Osvaldo De Sousa, Cristóbal López, Pablo José Gutiérrez, Adrián y Mauricio Pascucci, Mario Rovella, Patricio Gerbi, Hugo Dragonetti, Juan Manuel Collazo, Ernesto Clarens, Sergio Tasselli, Carlos Daniel Román, Carlos Eduardo Arroyo, Julio José Paolini, Ángel Jorge Calcaterra, Héctor Sánchez Caballero, Santiago Altieri, Jorge Sergio Benolol, Guillermo Escolar, Oscar Abel Sansiñena, Juan José Luciano, Gabriel Pedro Losi, Ricardo Scuncia, Gerardo Cartellone, Aldo Benito Roggio, Daniel Pitón, Ricardo Antonio Repetti, Jorge Neira, Osvaldo Atenor Acosta, Benjamín Gabriel Romero, Rodolfo Armando Poblete, Enrique Pescarnona, Francisco Valenti, Juan Carlos y César De Goycoechea, Mario Maxit, Claudio Glazman, Alberto Padoan, Armando Losón, Luis Armani, Miguel Ángel Marconi, Hernán Gómez y Marcelo Marcuzzi. “Esta causa es el paradigma de la gran corrupción, es precisamente el test donde el sistema debe afirmar legalidad, igualdad y publicidad del juicio”, afirmó la fiscal. Por su parte, hicieron lo propio las defensas del exjefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, su secretario Hugo Martín Larraburu, el exasesor de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Walter Rodolfo Fagyas y el exdirector de Energías Renovables de esa cartera, Fabián García Ramón. Luego fue el turno del abogado Mariano Galpern, que representa a la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF), quien también se opuso a la aplicación del instituto. “En esta fiscalía no se vende impunidad” Tras un breve cuarto intermedio, se reanudó con la exposición de la fiscal León, quien celebró la publicidad de la audiencia “porque no puede haber arreglos a espaldas de la sociedad” y agregó: “Sería repugnante hacerlo de tal modo, estamos hablando de un caso de gran corrupción”. Luego, la fiscal destacó las particularidades de la reparación integral, contenido en el artículo 59 inciso 6° del Código Penal de la Nación como mecanismo de extinción de la acción penal. Así, indicó que “el instituto presupone la existencia de una víctima concreta y un daño que sea reparable en términos mensurables”. Explicó que la extinción prevista por la norma presupone un acuerdo real con la víctima, la conformidad fiscal y la homologación de una reparación integral. “En este caso faltan los tres”, destacó León. “En esta fiscalía no se vende impunidad”, puntualizó y entendió que “hay un estándar de integralidad”. “Dijimos que se exige plenitud cumplida ex ante restitución, más compensación, más satisfacción, más garantías de no repetición y acuerdo con una víctima individual. Hay un bien que es supraindividual. Se trata de hechos de cohecho activos y pasivos, de dádivas y asociación ilícita”, afirmó León. “El bien protegido es la probidad, es la transparencia, es el orden público. No hay víctima disponible, no hay precio que se pueda poner al daño institucional que se ha causado. No existe una víctima con quien se pudiera transar”, recalcó la fiscalía. La fiscal general continuó su exposición señalando que “el daño no es patrimonializable; el daño erosiona la confianza pública y erosiona la legitimidad del Estado mismo, distorsiona las decisiones administrativas, las adjudicaciones, las prioridades presupuestarias, los controles, afecta la competencia, impide la igualdad de acceso a la contratación pública, frustra los fines penales que son indeclinables para esta fiscal: la verdad, la sanción y la inhabilitación”. Por ello, sostuvo que la reparación patrimonial es diferente de la reparación integral y que “no puede ser el precio de salida”. “Permitir salidas transaccionales abre un mercado de impunidad que premia al que puede pagar», dijo la fiscal general León. León insistió en que “pretender la extinción de estas condiciones en una causa de gran corrupción, con funcionarios, con bienes supraindividuales, significa banalizar el proceso penal, privatizar el interés público y abrir un mercado de impunidad”. A su entender, “la reparación integral no es un derecho, tampoco es una garantía, es una forma alternativa de solución del conflicto que implica necesariamente disponer de la acción penal, solo para ciertos supuestos y que debe contar con la opinión favorable y vinculante del MPF”. “Hoy las mismas defensas invocan celeridad, años de trámite, la edad de sus asistidos, pero recién en las puertas del debate como argumento para sustituir el juicio por una reparación. Las demoras no son atribuibles al MPF. Invocar ahora la celeridad, después de años de prórrogas, de maniobras paralelas -que hemos desbaratado- es pedirle al tribunal que premie la demora con la extinción del proceso. El juicio está fijado, corresponde juzgar, no comprar tiempo ni mucho menos comprar impunidad”, sintetizó la representante del Ministerio Público Fiscal. Para León “permitir pagar para no ser juzgado quiebra la igualdad. En un sistema como se propone, se beneficia a aquellos que tienen los medios económicos para pagar”, ello por cuanto “viola todo principio de equidad y de igualdad que aquellos que tienen medios para salir, para no enfrentar el proceso, puedan hacerlo y que queden dentro aquellos que no pueden pagarlo. Es un beneficio para ricos. No puede basarse en eso una solución justa”, concluyó. Al final de la audiencia, el presidente del Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo martes 16 de septiembre, a las 9.30, para que las defensas efectúen sus réplicas a la postura de la fiscalía. Los casos juzgados La causa denominada “Cuadernos de las Coimas” comenzó en 2018, cuando un periodista del diario La Nación se presentó ante el fiscal federal Carlos Stornelli y puso en su conocimiento que una fuente le había revelado que un chofer del Ministerio de Planificación Federal había anotado los movimientos del exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión de esa cartera, Roberto Baratta, y de otros funcionarios que trasladaban bolsos con dinero. En un primer tramo de la investigación, el fiscal Stornelli pidió la elevación a juicio de la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el exministro de Planificación, Julio De Vido, los funcionarios Baratta, Nestor Lazzarte, Claudio Uberti, José Francisco López, José María Olazagasti, Rafael Enrique Llorens, Germán Ariel Nivello, los empresarios Guillermo Enrique Wagner, Ernesto Clarens, Gerardo Luis Ferreyra y Oscar Alberto Thomas, junto al chofer Oscar Centeno, en orden al delito de asociación ilícita. Además, pidió que fueran a juicio otros empresarios que habrían pagado sobornos para ser beneficiados con contratos estatales. Luego, el fiscal amplió su acusación respecto a otros empresarios por los delitos de cohecho activo y pasivo, dación y recepción de dádivas, relacionadas con contratos energéticos, de obra pública y transporte, por el que también resultaron imputados funcionarios públicos como el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, del área de Transporte.
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