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CABA » Plazademayo
Fecha: 13/09/2025 00:43
La ofensiva judicial contra Cristina Fernández de Kirchner no cesa, a pesar de los reveses electorales que parecen haber afectado a los operadores del poder judicial. Mientras la expresidenta se encuentra en arresto domiciliario y su actividad política se ve restringida, dos fiscales han impulsado un nuevo ataque contra su derecho a votar en las próximas elecciones. En un contexto de creciente presión judicial, los fiscales Ramiro González y Mario Villar han solicitado que la exmandataria sea excluida del padrón electoral, en lo que parece ser una nueva arremetida por su involucramiento en causas judiciales de alto perfil. La Solicitud del Fiscal Ramiro González El fiscal nacional electoral, Ramiro González, fue el primero en tomar la iniciativa al solicitar la exclusión de Cristina Kirchner del padrón para las elecciones del 26 de octubre. El fundamento de su pedido se basa en la inhabilitación perpetua que pesa sobre la ex presidenta en el marco de la causa por corrupción de la Vialidad. González argumenta que, según el Código Penal, la inhabilitación incluye la «privación del derecho electoral», por lo que solicita que se le impida participar en los comicios, tanto como votante como candidata. En sus declaraciones, González cita el Código Nacional Electoral, que establece que aquellos condenados por delitos dolosos con penas privativas de libertad deben ser excluidos del padrón electoral hasta el cumplimiento de la condena, siempre que la sentencia sea firme. Así, según su interpretación, la inhabilitación de Cristina Kirchner en la causa Vialidad, aún pendiente de apelaciones y sin sentencia firme en el ámbito de Casación, justificaría su exclusión del padrón electoral. La Respuesta Judicial y la Defensa de CFK Este nuevo movimiento judicial se suma a una resolución de la jueza federal Mariel Borruto, quien en julio pasado ordenó que Cristina Kirchner mantuviera su derecho a votar en su distrito, Río Gallegos. Borruto se sustentó en un principio fundamental de los derechos humanos, recordando que privar a una persona de su derecho al voto infringe las garantías constitucionales y los estándares internacionales sobre derechos humanos, como los establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese fallo, Borruto reconoció la vigencia de la inhabilitación de CFK, pero argumentó que no se puede restringir su derecho a participar en la vida democrática del país sin que ello contravenga principios fundamentales de la democracia. A pesar de este fallo, la intervención de González muestra que el aparato judicial sigue firme en su deseo de limitar los derechos de la ex presidenta, más allá de los veredictos de las instancias inferiores. El Pedido de Mario Villar: Decomiso de Bienes Mientras tanto, el fiscal Mario Villar, quien tiene intervención en la causa Vialidad ante la Cámara de Casación, ratificó un pedido anterior para el decomiso de bienes de la ex presidenta por un valor astronómico. Este pedido es parte de la misma ofensiva judicial que busca no solo la condena de Cristina Kirchner, sino también el castigo económico por los delitos que se le imputan, relacionados con la administración de obras públicas durante su mandato. El decomiso solicitado, según Villar, está justificado por los bienes obtenidos de manera ilícita durante su gobierno. No obstante, este tipo de medidas también abren el debate sobre la proporción de las sanciones en relación con la situación política y social del país, así como la posible instrumentalización judicial en un contexto electoral cada vez más polarizado. Un Conflicto Judicial sin Pausas La disputa judicial de Cristina Kirchner por su derecho al voto se encuentra en una instancia decisiva. El destino político y electoral de la ex mandataria está en manos de la justicia, que sigue avanzando sin pausas ni retrocesos, en medio de un clima de creciente hostilidad hacia la principal figura de la oposición. En este contexto, el futuro de la expresidenta y su capacidad de participar en las elecciones de octubre dependerán en última instancia de cómo se resuelvan las distintas instancias judiciales que aún están pendientes. Este nuevo capítulo en la guerra judicial de Cristina Kirchner marca un hito en la relación entre la justicia y la política, y deja abierta la pregunta de hasta qué punto el sistema judicial continuará actuando en función de intereses políticos y no exclusivamente de la ley. La decisión sobre su exclusión del padrón electoral podría tener repercusiones mucho más amplias, afectando no solo sus derechos individuales, sino también el equilibrio de poder en la arena política nacional.
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