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» Politicargentina
Fecha: 13/09/2025 00:20
El juez Alejo Ramos Padilla resolvió este jueves prorrogar la cautelar que había dictado en marzo y advirtió que “se mantienen las mismas condiciones jurídicas y fácticas” que justificaron la decisión original. En su fallo, subrayó además que “no hubo conductas dilatorias por parte de los trabajadores” que impulsaron la acción judicial presentada por la Asociación Bancaria.El planteo sindical apuntó desde un inicio a que el cambio en la naturaleza del mayor banco público del país abría el camino hacia una futura privatización. El magistrado ya había establecido en septiembre de 2024 que cualquier modificación en la estructura del BNA debía aprobarse por ley del Congreso, un criterio ahora ratificado por la Cámara Federal de La Plata.Los camaristas Carlos Alberto Vallefín y Roberto Lemos Arias remarcaron que el Banco Nación, como ente autárquico, “no está alcanzado por la Ley de Bases” y que el Ejecutivo no puede modificar su estatus por decreto. “La delegación legislativa que autoriza al Poder Ejecutivo a reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal con el fin de disminuir el déficit no puede considerarse un patrón inteligible que lo habilite a modificar la naturaleza jurídica conferida por ley al Banco de la Nación Argentina”, afirmaron.Desde la entidad oficial, en tanto, cuestionaron la resolución al considerar que “contradice la Ley de Bases sancionada por el Congreso Nacional” y adelantaron que apelarán ante la Corte Suprema. En un comunicado, el BNA defendió la transformación en sociedad anónima al sostener que permitiría “mejorar la transparencia y eficiencia para impulsar el crédito privado”, especialmente a las PyMEs regionales.El fallo, que mantendrá suspendido el decreto hasta marzo de 2026, se enmarca en una causa que también denunció las irregularidades del trámite legislativo y la falta de pronunciamiento de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Para el juez Ramos Padilla, la cautelar resulta “procesalmente indispensable” para evitar efectos de “difícil o imposible reversión” en caso de que finalmente se confirme la inconstitucionalidad del decreto.
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