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Rio Negro » Adn Rio Negro
Fecha: 12/09/2025 06:55
(ADN).- El juicio que determinó la condena del ex intendente de Fernández Oro, Juan Reggioni, por administración fraudulenta generó un coletazo y ahora, el fiscal Gustavo Herrera, inició una investigación contra el sucesor del jefe comunal, Mariano Lavin, actual titular del IPPV rionegrino. Lo curioso, es que Lavin fue quien denunció a Reggioni por el rendimiento irregular de los fondos para la construcción un plan de 12 viviendas en Fernández Oro. Sin embargo, en el desarrollo del juicio, Reggioni contra denunció a Lavin. Debido a la exposición y el aporte de pruebas, los jueces -al dictar la sentencia contra Reggioni- ordenaron dar vista al Ministerio Público Fiscal respecto de las responsabilidades que pudieran corresponderle a Lavin en relación con la finalización del convenio de construcción de las casas, el cuarto desembolso y la rendición final de cuentas. En consecuencia, el fiscal Herrera incluyó dos hechos para investigar vinculados a Lavin. El primero surgió cuando el ahora interventor en el IPPV aseguró en su testimonio en el juicio que destinó los $ 1.357.800 del último desembolso para la construcción del plan de viviendas a pagar deudas y obligaciones pendientes del programa, autorizadas por la gestión de Reggioni. Más tarde el perito contador de la Unidad de Asistencia a la Investigación Fiscal, Gastón Lehner, en su informe técnico contable realizado en el marco del legajo mencionado anteriormente, dictaminó que los pagos concretados por el municipio durante el año 2016 por expedientes iniciados durante el año 2015 e imputados a las Cooperativas, no superaban el monto de $ 374.035. Esa diferencia es la que investigará Herrera. El segundo hecho apunta a que Lavin manifestó no tener conocimiento de los planes de viviendas por cooperativas cuándo inició su gestión como intendente. Esa declaración se contradice, según la fiscalía, con el acta notarial de traspaso de mando de fecha 11/12/2015 firmada por Lavin, que tenía una mención específica respecto de los programas habitaciones en curso, y la construcción de viviendas por cooperativas. Por lo anterior el abogado de Reggioni, Giuliano Fortunati, lo denunció por falso testimonio. Herrera, en su auto de investigación preliminar, planteó que estos dos hechos se podrían enmarcar dentro de los delitos de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado”, por un lado; y en falso testimonio, por el otro.
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