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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 11/09/2025 12:32
Gustavo Sáenz, gobernador de la provincia de Salta. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, solicitó al Gobierno Nacional la suspensión de planes sociales otorgados a extranjeros en zonas de frontera y propuso que estos fondos se reasignen a jubilados y personas con discapacidad. En este sentido, Sáenz calificó como una “torpeza”, la suspensión de beneficios a personas con discapacidad. Y explicó: “No es lo mismo en la Capital Federal notificar a la gente para que acuda al lugar donde tiene que hacerse la auditoría, que en geografías tan amplias como la de Salta, donde hay parajes muy alejados”. Además, definió la medida como “muy triste” y que generó “una angustia muy grande” al suspender no solo las pensiones, sino también la cobertura médica y los insumos. El mandatario consideró que esta situación es una muestra de “desconocer desde un escritorio en Capital Federal la realidad de muchas provincias”. En este sentido, Sáenz planteó “suspender los planes sociales en zona de frontera, sobre todo las provincias que somos fronterizas, que vemos cómo mes a mes se cruzan de un país a otro, a cobrar una asignación universal por hijo y después se vuelven al país vecino”. Es así que el gobernador salteño sugirió que se deben “suspender todos los planes sociales en zona de frontera” y exigir que “vengan cada uno de los que acrediten la residencia real en nuestra provincia y en cada una de las provincias y en el país”. Con esta medida, el mandatario sostuvo que se podría beneficiar a los jubilados y aumentar los beneficios a las personas con discapacidad, ya que se estaría evitando “la cantidad de fondos que estamos dilapidando en los extranjeros que no viven y que no residen, que no trabajan y que no aportan nada a nuestro país”. Asimismo, Sáenz defendió la decisión de la Provincia de arancelar la atención sanitaria a extranjeros: “Era muy injusto ver los tours de salud para venir a atenderse a nuestros hospitales”. “Esto debería pasar en los hospitales públicos de todo el país. Porque en cualquier parte del mundo, al extranjero, nos cobran la salud. Y si no pagas, no te atienden”, aunque reconoció que “por una cuestión humanitaria nunca dejamos de atender cuando hay riesgo de vida”. Presentación de amparo a la Corte Suprema Por otra parte, la Fiscalía de Estado de Salta acudió a la Corte Suprema de Justicia para solicitar la restitución inmediata de las pensiones no contributivas por invalidez y otros beneficios que fueron suspendidos por el Gobierno Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Dicha acción se tramita en la Corte Suprema de Justicia de la Nación con la carátula: CSJ 2128/2025 MISIONES, PROVINCIA DE c/ ESTADO NACIONAL Y OTRO s/AMPARO. En este punto, la provincia de Salta solicitó que: Se ordene el inmediato restablecimiento del pago de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y demás beneficios conexos para las personas con residencia en la provincia de Salta que han sido ilegítimamente suspendidos por el ANDIS. Se disponga el pago retroactivo a los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y demás beneficios conexos desde la fecha de su suspensión. Se declare la nulidad de las auditorías y procedimientos irregulares implementados por el ANDIS en el territorio de la Provincia de Salta. Se adopten medidas urgentes para garantizar un procedimiento de auditoría transparente, profesional y accesible, en el cual se respete el debido proceso y los derechos de las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad. A su vez, y hasta tanto se dicte la sentencia definitiva, se solicitó que se disponga de manera cautelar el restablecimiento inmediato del pago de las pensiones suspendidas, en el marco de las auditorías realizadas en el ámbito de la Provincia de Salta. Y que se abstengan de suspender nuevos beneficios, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo en este amparo. Por último, el gobernador de Salta advirtió que “no pueden pagar justos por pecadores” y “hoy tenemos familias y organizaciones que denuncian vulneración de derechos básicos”. Y exigió auditorías “serias y transparentes”.
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