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Fecha: 10/09/2025 06:38
La ausencia de mantenimiento en rutas nacionales se multiplica y algunos jefes comunales buscan dar respuestas por su cuenta. El caso de Zavalla se suma a una lista creciente en la región. El deterioro de las rutas nacionales se ha convertido en una postal cotidiana en el sur de Santa Fe. Los baches, hundimientos y tramos prácticamente intransitables ya no son noticia aislada, sino parte de un problema estructural derivado de la parálisis de la obra pública nacional y la falta de presupuesto para mantenimiento. En ese contexto, empiezan a multiplicarse los casos en que intendentes y presidentes comunales toman la iniciativa para atender reclamos urgentes de sus comunidades, aun cuando las rutas sean de jurisdicción nacional. El último episodio ocurrió en Zavalla. Matías Suárez, intendente electo de la localidad, decidió este martes utilizar la retropala de su propia empresa para tapar los cráteres que hacían casi imposible el tránsito en el acceso desde la ruta nacional 33 al puente sobre la A012. Aunque aún no asumió formalmente su cargo —lo hará en diciembre—, obtuvo autorización del Ministerio de Obras Públicas provincial y gestionó materiales ante Corredores Viales. Con ese aval, junto a un grupo de empleados, rellenó los baches que impedían la circulación normal en un punto clave del corredor productivo. “Era insostenible esperar más”, reconoció Suárez, que pertenece al espacio Unidos. La escena del intendente electo sobre una máquina retroexcavadora sintetiza el clima de época: dirigentes locales que, ante el abandono de Nación, se ven obligados a suplir con recursos propios lo que debería garantizarse desde arriba. No es el único caso. Días atrás, el intendente de Pérez, Pablo Corsalini, dispuso trabajos de reparación, pintura, señalización e iluminación en la llamada “curva de la muerte” de la ruta 33, un tramo de altísimo tránsito que conecta con Zavalla. Situaciones similares se repiten en distintos puntos del Gran Rosario y el interior provincial, con comunas que deciden intervenir para evitar accidentes y dar respuesta a una demanda social que crece al ritmo del deterioro vial. El trasfondo es claro: la falta de inversión nacional en infraestructura golpea en la región que concentra la mayor circulación de camiones hacia los puertos agroexportadores. Cada pozo que se abre sin solución, cada obra que se demora, multiplica los riesgos de siniestros y encarece la logística en el corazón productivo del país. Y mientras la política nacional discute presupuestos y prioridades, los intendentes bajan a la ruta, literalmente, con pala en mano.
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