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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 10/09/2025 04:37
AME5850. BUENOS AIRES (ARGENTINA), Los delitos de odio aumentaron un 70% en el primer semestre de Argentina EFE/Juan Ignacio Roncoroni En la primera mitad del año se registraron 102 delitos de odio, un 70% más que en 2024. Hubo 17 personas que murieron a causa de su orientación sexual o identidad y 85 sufrieron lesiones a su integridad física. Durante el primer semestre de 2025 se registraron 102 crímenes de odio contra personas LGBT+. Es un indicador preocupante ya que implica un 70% más que los delitos cometidos durante el 2024 (60 casos) y muestra un aumento de actos homofóbicos, lesbofóbicos y transfóbicos, según el informe semestral 2025, del Observatorio de Crímenes de Odio LGBT+, motivados por discriminación, orientación sexual, expresión e identidad de género. “Esta cifra es alarmante no solo por su magnitud, sino por su carácter histórico: representa un aumento del 70% en comparación con el mismo período del año anterior, en el que se habían contabilizado 60 casos. Pero, además, en tan solo seis meses, se alcanzó el 72% del total registrado durante todo el año 2024, que cerró con 140 casos. La evolución histórica refuerza esta tendencia: en todo 2023 se registraron 133 casos, en 2022 la cifra fue similar, y en 2021 se habían contabilizado 129”, enmarca el Observatorio. El 58,8% de las lesiones al derecho a la vida de los delitos de odio son muertes por violencia estructural “Hay extrema preocupación por la alarmante cantidad de muertes y ataques registrados durante el primer semestre de 2025. En tan solo seis meses, 17 personas de la diversidad sexual murieron como consecuencia de acciones u omisiones basadas en el odio hacia su orientación sexual, identidad y/o expresión de género, y otras 85 sufrieron lesiones a su integridad física”, resaltan. El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ fue creado por la Defensoría LGBT, dependiente del Instituto contra la Discriminación, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en articulación con la Federación Argentina LGBT+, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y la Defensoría del Pueblo de la Nación, en mayo de 2016. El objetivo es el relevamiento de datos que visibilicen la violencia que viven cotidianamente lesbianas, gays, bisexuales, trans (travestis, transexuales y transgéneros) y personas con identidades disidentes. La finalidad es generar una plataforma de información que permita monitorear e incidir en la formulación de políticas públicas eficaces y propuestas legislativas para la prevención, sanción y erradicación de los crímenes de odio sexual, identidad de género y/o su expresión. Los delitos de odio se ejecutan a través de violencia estructural, puñaladas, abuso sexual, lesiones autoinflingidas y balazos En los primeros seis meses de 2025 ocurrieron 102 crímenes de odio, en donde la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de todas las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para la vulneración de sus derechos y la violencia. Las más atacadas son las mujeres trans: del total de las personas de la comunidad LGBT+ víctimas de crímenes de odio, registrados en el primer semestre de 2025, el 70,6 % de los casos (72) corresponden a mujeres trans; en segundo lugar, con el 16,7 % (17), se encuentran los varones gay cis; en tercer lugar, con el 6,9 % (7) de los casos, figuran las lesbianas; les siguen los varones trans, con el 4,9 % (5); y por último una persona no binarie que representa el 1 % del registro. Del total de lesiones al derecho a la vida perpetuadas en el primer semestre de 2025 (17 casos), el 23,5 % corresponde a asesinatos, incluyendo aquellos perpetrados por agentes estatales; el 58,8 % son muertes por violencia estructural, es decir, fallecimientos en los que la vulneración sistemática e histórica de derechos generó condiciones materiales de precariedad que hicieron evitables esas muertes y el 17,6 % restante son casos de suicidios. Los delitos de odio crecieron un 70% en Argentina en los primeros seis meses del 2025 El período comprendido va del 1º de enero de 2025 hasta al 30 de junio de 2025. Las fuentes son medios masivos de comunicación e información recolectada por la Defensoría LGBT+ a través de denuncias recibidas, redes sociales, contactos telefónicos; en articulación con la Federación Argentina LGBT+ y su desarrollo territorial en las 24 provincias del país, a través de las 150 organizaciones que la componen. Otra importante fuente son los datos aportados por el Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe (CeDoSTALC) perteneciente a la REDLACTRANS. En los primeros seis meses de 2025 se registraron cuatro asesinatos perpetrados hacia personas de la diversidad sexual: tres fueron dirigidos a varones gay cis y uno a una lesbiana. También se registraron diez muertes por violencia estructural –ocho de mujeres trans, una de un varón trans y una de una persona no binarie– y tres suicidios –dos de varones gay cis y uno de una mujer trans. En el primer semestre de 2025, el 52,9 % (nueve casos) de las lesiones al derecho a la vida fueron hacia mujeres trans; el 35,3 % (seis casos) hacia varones gay cis; el 5,9 % (un caso) hacia lesbianas y otro 5,9 % (un caso) hacia un varón trans. “Estos datos confirman que la violencia hacia la comunidad LGBT+ en Argentina está particularmente dirigida: son las mujeres trans quienes concentran la forma más brutal del odio y la discriminación estructural, expresada en prácticas que continúan arrebatando sus vidas con una saña alarmante”, analiza el Observatorio. En Argentina, a pesar del cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, quedan en pie organismos como el Observatorio. Por otra parte, las leyes que castigan los delitos de odio están vigentes. Son fruto de una historia de lucha por los derechos de la diversidad sexual y no fueron derogadas por el Congreso de la Nación. Por eso, están para ser cumplidas. La mayor cantidad de crímenes de odio sucedieron en la Provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires La ley antidiscriminatoria (N°23.592) se sancionó el 3 de agosto de 1988 y se promulgó el 23 de agosto de ese año. La norma promueve que se adopten medidas contra los actos discriminatorios. Mientras que el 14 de noviembre del 2012 se sancionó (y se promulgó el 11 de diciembre del 2012) la Ley N°26.791 que incorporó modificaciones al Código Penal, en el artículo 80 del Código Penal, que incorporaron el agravante por “odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión”. La pena prevista es la “reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare: a su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia; por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión”. ¿Qué son los crímenes de odio? La definición difiere en cada país. Por eso, el Observatorio aclara: “El rechazo por ser lo que se es, por manifestar de alguna forma una sexualidad no hegemónica y tradicional”. Por otra parte, para considerar un determinado acto como un crimen de odio, tiene que existir agresión o conjunto de agresiones dirigidas a lesionar los derechos de una persona. Los crímenes de odio pueden costar la vida o generar lesiones y lo sufren principalmente mujeres trans EFE/ Gustavo Amador “La conducta violenta en los delitos de odio varía dependiendo del contexto y de los prejuicios que tenga una sociedad específica, pero está presente en todas las sociedades”, según la definición de Gabriela Guerrero e Israel Lara. Estas agresiones implican violaciones a distintos derechos fundamentales de las personas: a la dignidad, a la integridad personal, a la seguridad, a la no discriminación, a la igualdad y a la vida. También es indispensable que exista pertenencia (o la asociación) de la persona agredida a un colectivo históricamente vulnerado y/o discriminado. En algunos casos no es que la persona pertenezca a un colectivo vulnerado, sino que se requiere “una asociación” entre la persona agredida y un colectivo. Es la persona autora del crimen de odio quien asocia a su víctima con el grupo vulnerado. Por ejemplo, una víctima puede no ser gay, pero si es agredida porque está asociada al colectivo gay constituye delito de odio. En Argentina se penalizan los delitos de odio por una incorporación al Código Penal (Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado). La víctima tiene que pertenecer a colectivos históricamente vulnerados que son aquellos grupos de personas cuyos derechos son menoscabados por una relación asimétrica de poder que es determinada por un contexto sociopolítico. Además para contabilizar una agresión como delito de odio debe existir motivación que impulsa a una persona (o varias) a actuar contra los derechos de otra. La motivación está básicamente fundada en el odio, el prejuicio, el rechazo, el desprecio, o la discriminación hacia alguna persona miembro, real o así percibida, de algún colectivo históricamente vulnerado y/o discriminado. El crecimiento de los delitos de odio es significativo porque no solo afecta a las personas agredidas, sino que enciende alarmas en toda la comunidad. Tocan a una para que lo sepan todos: la víctima nunca es una sola. El agresor a través de su lesión manda un mensaje. El crimen de odio es un acto voluntario consciente, generalmente realizado con saña, que incluye -pero no se limita- violaciones del derecho a la dignidad, a la no discriminación, a la igualdad, a la integridad personal, a la libertad personal y/o a la vida. Un tuit de Franco Torchia al respecto Esta agresión tiene la intención de dañar y, en algunos caso,s incluso ocasionar la muerte de la víctima. Está basada en el rechazo, desprecio, odio y/o discriminación hacia un colectivo de personas históricamente vulneradas y/o discriminadas. El relevamiento realizado por el Observatorio monitorea crímenes de odio motivados por discriminación por orientación sexual, expresión e identidad de género. La investigación centra en las lesiones al derecho a la vida -asesinatos, muertes por violencia estructural y suicidios- y en las lesiones a la integridad física. Las violencias estructurales, generalmente asociadas al deterioro de la salud por condiciones de precariedad, exclusión del sistema formal de derechos, falta de acceso a vivienda digna, trabajo e incluso alimentación y atención médica, generan muertes tempranas, evitables, enfermedades crónicas y sufrimiento cotidiano. Las modalidades empleadas para ejecutar estos crímenes de odio revelan patrones sostenidos de violencia. La más frecuente fue el uso directo de la fuerza física: los golpes, en el 57,8 % de los casos (59). Le siguen otras formas de agresión directa como las puñaladas (5,9 %), los empujones o forcejeos (4,0 %), los balazos (2,9 %), el estrangulamiento o asfixia (2,0 %), la privación ilegítima de la libertad (4,0 %), el uso de fuego o calcinamiento (2,0 %) y el abuso sexual (1,0 %). En la marcha del orgullo se reclama una "Ley Integral Trans" que repare la violencia institucional REUTERS/Agustin Marcarian También se registraron lesiones autoinfligidas en el 7,8 % de los casos (8). El Observatorio considera que estos casos son una “expresión extrema de la violencia psicológica y simbólica que recae sobre las identidades de la diversidad sexual y que se manifiesta en el cuerpo como resultado de contextos de hostilidad, exclusión y negación de la dignidad”. En el 35,3 % de los casos (36) los delitos fueron cometidos por particulares. Pero en el 64,7 % (66), el Estado aparece como responsable directo de las violencias, a través del accionar de fuerzas de seguridad o de otras instituciones públicas. Se destaca de forma alarmante que en más de la mitad de los casos con autoría estatal (54 casos, 52,9 % del total general), la violencia fue ejecutada por personal de las fuerzas de seguridad en ejercicio de sus funciones en graves situaciones de violencia institucional. A su vez, en el 11,8 % de los casos (12), la responsabilidad recae en otros dispositivos estatales no policiales, que contribuyeron de forma directa o por omisión a la vulneración de derechos fundamentales de las personas LGBT+. “Lejos de brindar protección el Estado se configura como uno de los principales agentes reproductores de violencia hacia la diversidad sexual, ya sea por acción directa o por inacción ante situaciones de exclusión y maltrato estructural”, advierte el informe. Las personas más afectadas por los delitos de odio son menores de 40 años /Crédito: Mario Sar En cuanto al vínculo entre las víctimas de los crímenes de odio y les agresores particulares (36) en el 41,6 % de las veces las personas agresoras eran desconocidas para las víctimas. En el 22,2 % de los casos (8), la agresión fue autoinfligida por la propia víctima, generalmente, en contextos que son descriptos como “de alto sufrimiento subjetivo”. En el 19,4 % de los hechos fueron perpetrados por personas conocidas por las víctimas y en el 5,5 % (2) por novias/os o parejas. En el (5,5 %), los agresores eran clientes en contextos de trabajo sexual. En un 2,7 % de los casos (1), el delito fue cometido por una madre o un padre. La juventud no es un divino tesoro: la franja etaria más afectada, en el primer semestre de 2025, fue la de personas de entre 20 y 29 años, que concentra el 45,16 % de los casos. En segundo lugar, con el 19,35 %, se encuentra la franja de 40 a 49 años. Le sigue el grupo de 30 a 39 años, con el 16,13 %, mientras que las etapas de 10 a 19 años y 50 a 59 años representan, cada una, el 6,45 %. La mayor cantidad de víctimas de los delitos de odio son jóvenes / EFE/Juan Ignacio Roncoroni De todos modos, se registraron casos en los grupos de 60 a 69 años y 70 a 79 años con el 3,23 %. “Estos datos permiten visibilizar que la violencia hacia la comunidad LGBT+ afecta principalmente a personas jóvenes adultas, pero también alcanza a adolescentes y personas mayores. La altísima concentración de casos en la franja de 20 a 29 años —casi la mitad del total con dato registrado— revela con crudeza cómo la violencia se descarga especialmente sobre les más jóvenes”, destaca el Observatorio. Las vidas trans importan. “La presencia sostenida de crímenes de odio en franjas que no superan los 40 años reafirma un dato estructural que se repite año tras año: el bajo promedio de vida de las personas trans, especialmente mujeres, que siguen expuestas a condiciones de violencia institucional, exclusión social y muerte temprana”, subraya el Observatorio. “La distribución etaria de los casos registrados opera como un indicador indirecto del fracaso sistemático del Estado en garantizar derechos y condiciones dignas de vida para la población LGBT+, y de la población trans”, señala el informe "Hay un fracaso del Estado en garantizar derechos de vida para la población LGBT+, y de la población trans", señalan REUTERS/Agustin Marcarian Dime de dónde eres y te dire cuánto sufres: los crímenes de odio se concentraron en la provincia de Buenos Aires, con el 60,8 % (62 casos) del total. En segundo lugar se ubicó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el 23,5 % (24 casos). Luego se encuentran Córdoba con el 3,9 % (4 casos), Chaco con el 2,9 % (3 casos) y Salta y Tierra del Fuego con el 2,0 % (2 casos cada una). Finalmente, con el 1,0 % (1 caso cada una), se incluyen Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Santiago del Estero. “Es importante que en aquellas provincias donde los porcentajes son más bajos —o incluso donde no se registran casos en este período— no necesariamente hay menos crímenes de odio, sino que persiste un problema estructural de subregistro. En muchos territorios del país existe una menor presencia de organizaciones de la sociedad civil que realicen tareas de documentación, denuncia y visibilización de estas violencias. “La ausencia de registros no debe interpretarse como ausencia de violencia”, aclara el Observatorio. El mayor porcentaje –54,1 %– de crímenes de odio sucedió en comisarías o unidades penitenciarias / EFE/ Gustavo Amador La cárcel no da seguridad: el mayor porcentaje –54,1 %– de crímenes de odio sucedió en comisarías o unidades penitenciarias. El Observatorio señala que esta realidad “evidencia la gravedad de las violencias institucionales ejercidas especialmente contra personas trans privadas de libertad”. El 17,6 % de los casos se produjeron en la vivienda de la víctima, mientras que el 16,4 % ocurrió en la vía pública. “Estos datos resultan especialmente preocupantes, ya que demuestran que tanto el ámbito privado como el espacio público se constituyen en escenarios de violencia LGBT+odiante, profundamente influenciados por los discursos de odio que circulan y se legitiman socialmente”, critica el informe. “En el hogar y la calle se materializan prácticas de hostigamiento, disciplinamiento y exclusión que ponen en riesgo la integridad y la vida de las personas LGBT+”, remarca. El 8,2 % de los ataques tuvo lugar en establecimientos privados de acceso público, el 2,3 % en establecimientos públicos y el 1,1 % en establecimientos privados. “Los principales escenarios de peligro para la comunidad LGBT+ son los contextos de encierro institucional, la vivienda particular de las víctimas y la vía pública espacios clave para pensar estrategias urgentes de prevención, protección y reparación”, señala la investigación. Los principales escenarios de peligro para la comunidad LGBT+ son los contextos de encierro institucional, la vivienda particular de las víctimas y la vía pública EFE/Miguel Gutiérrez “La violencia política contra la diversidad sexual es una práctica sistemática de persecución sostenida a través de discursos de odio, que vemos cómo actualmente se despliega y repite desde distintos ámbitos; algunas veces desde el anonimato, y otras veces con la voz impune y legitimada de autoridades del propio gobierno nacional y/o gobiernos locales. Y esos discursos tienen consecuencias directas sobre la vida de las personas LGBT+”, denuncia el Observatorio. “Sabemos que esas violencias escalan. Y la cima son las muertes perpetradas por odio, que no surgen de manera espontánea ni responden a acciones individuales o aisladas. Son el resultado de un clima de hostilidad que se construye, se gesta y se difunde conscientemente desde un sector de la sociedad, que hoy encuentra además su amparo en sectores del poder político”, señala el Observatorio. “Es de inmensa gravedad que el Gobierno Nacional haya definido como política de Estado el señalar, estigmatizar y deslegitimar a los feminismos y a los movimientos de diversidad sexual”, critica el Observatorio. Los delitos de odio aumentaron en Argentina y se señala la responsabilidad del Estado (Foto AP/Esteban Félix) “Cuando esa estigmatización proviene de la figura presidencial, con tono de doctrina y pretensión de verdad, el efecto sobre nuestras comunidades es letal. Los discursos de odio no son meras opiniones: son estrategias de disciplinamiento social”, concluye. “Su repetición sistemática, su legitimación desde el discurso oficial y su naturalización en los medios de comunicación y en el debate público generan condiciones propicias para la violencia física, institucional y simbólica. No es casual que, en un contexto de estigmatización creciente desde el Poder Ejecutivo, los crímenes de odio se hayan incrementado exponencialmente en nuestro país”, contextualiza. El informe enumera: “El aumento de los crímenes de odio es la manifestación más brutal de una política de exclusión. La responsabilidad del Estado en este proceso es ineludible. Cuando el discurso oficial demoniza a un grupo históricamente vulnerado, cuando niega sus derechos y sus existencias, cuando ataca las leyes que lo protegen, se habilita socialmente la violencia”.
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