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Concordia » 7paginas
Fecha: 09/09/2025 01:00
Los puntos centrales de la reforma El proyecto contempla modificaciones sustanciales para agilizar y fortalecer la justicia penal en la provincia: El Estado como querellante: podrá asumir un rol más activo en la persecución de delitos. Incorporación del informante y del arrepentido: herramientas que facilitarían la obtención de pruebas en investigaciones complejas. Decomiso anticipado en delitos graves: siguiendo antecedentes normativos de Santa Fe (Ley 13.579) y el DNU 575/25, se prevé incautar bienes y activos vinculados a delitos antes de la sentencia firme. Vía recursiva en juicios por jurados: tanto la víctima como el Ministerio Público Fiscal tendrían la posibilidad de apelar un veredicto absolutorio. Acusación alternativa o subsidiaria: habilitaría a los fiscales a presentar diferentes opciones de acusación en procesos de alta complejidad. Procedimientos especiales para casos complejos: con el fin de agilizar investigaciones y juicios de gran magnitud. Más facultades para la querella: como pedir la elevación a juicio o exigir pronunciamiento a la Fiscalía cuando esta no actúe. Un cambio necesario La última modificación al Código Procesal Penal de Entre Ríos se realizó hace más de una década. Desde entonces, los cambios sociales, la evolución de las modalidades delictivas y las nuevas demandas de la sociedad han evidenciado la necesidad de una revisión profunda. En este sentido, Olivera subrayó que el objetivo es “adaptar el sistema penal a las exigencias actuales y garantizar una justicia más eficaz, ágil y transparente para los entrerrianos”. Próximos pasos El proyecto ya cuenta con la adhesión de distintos sectores del ámbito judicial y académico, convocados a debatir y enriquecer la propuesta. Desde el Poder Ejecutivo se espera que el consenso logrado permita avanzar rápidamente en la implementación de los cambios. De aprobarse, la reforma representará un paso decisivo hacia la modernización del sistema judicial penal en Entre Ríos, con el desafío de equilibrar mayor eficiencia procesal con las garantías de los ciudadanos.
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