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Parana » APF
Fecha: 08/09/2025 11:30
Hugo Fernando Montañana reconoció este lunes en un juicio abreviado que desempeñó el rol de partícipe primario del delito de Negociaciones incompatibles con la función pública y Peculado. Se trata de un remanente del Mega Juicio que en abril de 2021 condenó al ex gobernador, Sergio Urribarri; al ex ministro Pedro Báez; y al cuñado del primero, Juan Pablo Aguilera, entre otros, por cinco hecho de corrupción. Montañana no fue parte por cuestiones de salud. Aceptó una pena condicional. lunes 08 de septiembre de 2025 | 10:46hs. Foto: APFDigital Hugo Fernando Montañana, de 44 años, oriundo de Concepción del Uruguay, que trabaja en la fabricación de cartelería y publicidad en ruta, reconoció este lunes ante el juez de Garantías de Paraná, Julián Vergara, que fue parte de la sustracción de importantes sumas de dinero de las arcas públicas mediante la simulación de publicidades que se otorgaban en un gran porcentaje, a las empresas de Juan Pablo Aguilera, de quien se comprobó en el denominado Mega Juicio que se realizó en 2021, que era el verdadero dueño de las empresas de publicidad que se llevaron gran parte de la pauta publicitaria durante las dos gestiones de Sergio Urribarri, como gobernador, y del ex director de Información Pública, primero, y luego ministro de Comunicación y Cultura, Pedro Ángel Báez. En una audiencia que comenzó media hora más tarde de lo pautado, Montañana respondió “sí, si lo entendiendo” a la pregunta de Vergara respecto a si entendió el hecho que le leyó la fiscal, la misma respuesta dio a la pregunta sobre si reconocía su participación, e igual temperamento exhibió acerca de su consentimiento con la calificación legal y el monto de la pena. Montañana fue imputado por su rol como partícipe primario de los hechos ocurrido entre 2010 y 2015. Aceptó cumplir tres años de prisión condicional y cumplir con normas de conducta por 96 horas globales por cada año de la condena y pagar una multa de 90.000 pesos, la más alta que prevé el Código Penal. Fuentes consultadas no supieron precisar si Fiscalía de Estado iniciará una demanda para reclamar la devolución de las sumas que el acusado reconoció sustraer con Aguilera, tal como se hizo en otras causas de corrupción. Patricia Yedro;de las mismas siendo beneficiados con un porcentaje de la publicidad pautada en el contrato pero habiendo acordado previamente que, una vez percibido el cobro de las sumas respectivas, de ese total, un porcentaje era reembolsado a Aguilera Fiscalía expuso que del monto sustraído al Estado entrerriano, 24.204.918,69 pesos fueron mediante el direccionamiento a las empresas de Aguilera Next SRL y Tep SRL, usando a las empresas de Montañana y de José María Bustamante, como pantallas que simulaban una competencia entre empresas del sector; en tanto que 12.770.800, 96 pesos fueron detraídos sin que se hubiera comprobado la correspondiente prestación del servicio contrata, es decir, la cartelería en ruta publicitando obra pública y otras campañas publicitarias, que debía ser certificada por Gustavo Tamay, que fue condenado en el Mega Juicio. El hecho Montañana fue imputado del siguiente hecho: "Sergio Daniel Urribarri, en su calidad de Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, y Pedro Báez, en un inicio como Director General de Información Pública de Gobierno y posteriormente como Ministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, de manera constante, habitual y reiterada, sustrajeron fondos públicos cuya administración y disposición tenían en razón de los cargos que respectivamente ostentaban, direccionándolos a favor de Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, funcionario del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos. Para ello, otorgaron múltiples contratos de publicidad del Estado entrerriano, a favor de las empresas Next SRL y Tep SRL de Juan Pablo Aguilera, las cuales figuran inscriptas a nombre de Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, Luciana Belén Almada -concubina de Juan Pablo Aguilera- y Alejandro Almada -quienes actúan como testaferros de Aguilera- con el único propósito de beneficiar económicamente a los mencionados”. La acusación sostuvo, y Montañana reconoció, que “así, durante todo el lapso comprendido entre los años 2010 a 2015, utilizaron esta maniobra de manera habitual, regular y constante, sorteando los mecanismos legales que garantizan la libre competencia de oferentes del Estado, o simulando hacerlo, pero sin observar la normativa vigente (Ley Nº 5140 y decretos reglamentarios y Constitución Provincial), para otorgar múltiples órdenes de publicidad referidas a campañas de difusión de actos de gobierno -entre otras las…”. Fiscalía sostuvo que los “mencionados percibieron periódicamente sumas de dinero abonadas por el Estado Provincial, para lo cual se valieron de ficticias constataciones de su ejecución, tal como surge de la pericial practicada en relación a los expedientes… las que fueron firmadas por Pedro Báez y/o Gustavo Tamay, éste último en carácter de Responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública, siendo su intervención indispensable a los fines de liberar los pagos correspondientes”. Asimismo se acusó que “para concretar las maniobras anteriormente descriptas, a sabiendas de la irregularidad de los procedimientos, que pretendían simular la real y legítima intervención entre distintos oferentes, Jesús José María Bustamante y Hugo Fernando Montañana, titulares de las empresas Bustamante José María y Montañana Publicidad respectivamente, participaron de las mismas siendo beneficiados con un porcentaje de la publicidad pautada en el contrato pero habiendo acordado previamente que, una vez percibido el cobro de las sumas respectivas, de ese total, un porcentaje era reembolsado a Aguilera a través de la contadora de la empresa, Corina Cargnel, quien tenía a su cargo la gestión, seguimiento y cobro de todos los contratos así como también la percepción de los retornos, siendo su rol fundamental pues era el nexo entre los funcionarios de las oficinas del Estado, encargadas de la tramitación de las contrataciones, y las empresas antes mencionadas". (APFDigital)
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