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Concordia » Entre Rios Ahora
Fecha: 08/09/2025 03:10
El proceso de redacción de un nuevo ordenamiento legal en la Municipalidad de Viale -a 50 kilómetros de Paraná- generó una serie de planteos que reprochan la iniciativa que el intendente local, Carlos Weiss, envió al Concejo Deliberante. La iniciativa, tal como ha sido planteada, deroga la ordenanza N.º 1.514/14 en la que se estableció el proceso de selección de la magistratura de Paz de esa jurisdicción. “Celebramos que se hayan decidido por un proceso de concursos públicos, similar al normado por la Ley N.º 11.003 del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, e incluso, que se hayan tomado de su reglamentación distintos aspectos que hacen a la objetividad en la selección”, planteó la Asociación de la Magistratura, que reprocha el espíritu de la iniciativa. Pero advirtió “con inquietud, que el traslado de tales normas al proyecto que se cuestiona, no ha sido con neutralidad, impidiendo con ello una participación igualitaria a los abogados e integrantes de la magistratura provincial del departamento (Paraná). En primer lugar, el proyecto en cuestión restringe la participación a quienes se domicilien en el ´distrito´, cuando la Ley N.º 6902, Orgánica de Tribunales, amplía dicha condición a los domiciliados en el ´Departamento´ de asiento del Juzgado (art. 77), lo cual resulta lógico, pues cada Juzgado de Paz tiene una competencia territorial que excede al de su sola ubicación. De hecho, el Juzgado de Viale, concretamente, comprende a los ´distritos´ de Viale, Tabossi, Las Tunas, Crucesita Séptima, Aldea San Antonio, Ramblón y todo el éjido rural”. Ahora, sumó su mirada el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, que indicó respecto al tribunal examinador que evaluará a los postulantes al Juzgado de Paz de Viale que el mismo “debe ser equilibrado e incluir la participación de la abogacía organizada”. Y apuntó: “Se propone que los jurados sean representantes de la Abogacía, la Magistratura, organizaciones de la sociedad civil, la Academia y la Municipalidad de Viale”. Luego, apuntó: “Señalamos que el proyecto de ordenanza podría ser cuestionado por no estar alineado con los principios constitucionales que rigen el Poder Judicial. En concreto, el proyecto exige ser abogado, un requisito que la Constitución de Entre Ríos no impone para los jueces de paz, aunque sí menciona que se deben observar los requisitos del artículo 190, que corresponden a los jueces de primera instancia”. Al respecto, destacó que los requisitos que se exigen es “ser ciudadano argentino, tener título de abogado, 27 años de edad y cinco años de ejercicio activo de la profesión o la magistratura”. “Advertimos que la ordenanza podría extralimitar las facultades municipales al legislar sobre un cargo que forma parte del Poder Judicial de la provincia”, alertó el Colegio de la Abogacía. Respecto de otro punto conflictivo, la residencia de los postulantes, la entidad señala que el proyecto de ordenanza restringe la residencia del postulante «únicamente al distrito» de Viale. En tal sentido entendemos que esta limitación es incompatible con el artículo 77 de la Ley Orgánica de Tribunales, que contempla la residencia en el departamento. La restricción podría limitar la cantidad de aspirantes, restringir de manera ilegítima la competencia y abrir la puerta a la judicialización del concurso. “Como precedente, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos suspendió en 2021 el proceso para el Juzgado de Paz de Hasenkamp debido a deficiencias que comprometían la transparencia del procedimiento”, destacó. Luego, sumó: “Sostenemos que el concurso debe tener la mayor publicidad posible, con difusión en órganos oficiales, medios locales de amplia circulación y otros medios de comunicación. Recomendamos que la difusión y los plazos sean los mismos que los aplicados por el Consejo de la Magistratura para los cargos de Juez de Primera Instancia. Asimismo ofrece difundir la convocatoria a través de nuestros propios canales”. Además, dijo el Colegio de la Abogacía, “se debe permitir la participación y el control ciudadano, con veedores, acceso del público a las entrevistas y la publicidad de las impugnaciones, como ocurre en los concursos provinciales de la magistratura”. Y que “la ausencia de veedores designados por el Colegio podría debilitar la transparencia y el control ciudadano. La Ley N° 10.855 establece que una de las funciones del CAER es colaborar con los poderes públicos, por lo que su participación es clave para garantizar la idoneidad de los postulantes”. De la Redacción de Entre Ríos Ahora
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