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Parana » Informe Digital
Fecha: 08/09/2025 00:31
El empresario uruguayense Hugo Montañana, uno de los 15 acusados por el Ministerio Público Fiscal en la megacausa que se inició en septiembre de 2021, firmará un acuerdo de juicio abreviado este lunes a las 9. Montañana había sido excluido del proceso debido a una enfermedad que le impidió participar en las audiencias orales y públicas. Su defensor, Emilio Fouces, había solicitado la suspensión de las audiencias alegando que su defendido padecía meningitis y se encontraba internado. Sin embargo, la Fiscalía se opuso y el proceso comenzó el 27 de septiembre de 2021. Al año siguiente, el 7 de abril de 2022, concluyó con fuertes condenas: el exgobernador Sergio Urribarri recibió 8 años de cárcel, su exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, fue condenado a 6 años y 6 meses, y el cuñado de Aguilera, Juan Pablo Aguilera, también a 6 años y 6 meses. Estas condenas no son definitivas, ya que hay un recurso extraordinario federal pendiente de resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el caso de Montañana, la solicitud del defensor Fouces no prosperó, por lo que se decidió apartarlo del proceso y comenzar un juicio separado. Ahora, se formalizará su compromiso a través de un abreviado, con pena condicional. En 2021, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná rechazó la solicitud de suspensión del megajuicio para el exgobernador Sergio Urribarri, a pesar de la enfermedad que mantenía a Montañana internado en el Hospital Justo José de Urquiza, de Concepción del Uruguay. Los jueces José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón aceptaron el planteo de la Fiscalía y resolvieron apartar a Montañana, quien será juzgado cuando se recupere, en un proceso separado. En esa ocasión, el abogado Emilio Fouces, defensor de Hugo Montañana, solicitó formalmente al tribunal la suspensión del megajuicio, argumentando que su defendido estaba internado con un diagnóstico preliminar de meningitis. Fouces advirtió que no era posible avanzar en el juicio sin la presencia de su cliente. Ante esto, la fiscal Patricia Yedro pidió que se rechazara el planteo, señalando que, más allá de lo inesperado de la solicitud, era fundamental respetar los plazos razonables para juzgar a las personas imputadas, muchos de los cuales son funcionarios públicos que buscan resolver su situación procesal con prontitud. “El señor Montañana es un particular. No es el caso del resto de los funcionarios. Este juicio no admite más dilaciones. Si se determina que Montañana no puede comparecer, solicitaremos que se lo aparte de la causa y que el juicio prosiga. Montañana será llevado a juicio por separado”, concluyó Yedro. Entre las cinco causas penales que conformaron el megajuicio al exgobernador Sergio Urribarri, una destacó por su peculiar nombre, “La causa de la vaca”. Esta denominación se relaciona con las numerosas irregularidades que los fiscales encontraron durante la investigación: la justificación de las publicidades en cartelería de vía pública para autorizar los pagos se realizaba con la misma foto. La verificación de que la misma vaca aparecía en diferentes fotografías, como prueba del trabajo contratado, fue realizada mediante pericias. Los peritos Carlos Orzuza y Juan Federico Rossi, de la Oficina Pericial del Superior Tribunal de Justicia (STJ), concluyeron que efectivamente se trataba de la misma vaca en distintos carteles. Además, se utilizaron fotografías manipuladas mediante Photoshop, lo que reveló el engaño. La escena tuvo lugar en el Poder Judicial la mañana del 18 de noviembre de 2016, durante una audiencia presidida por el exjuez Humberto Oscar Franchi. El fiscal Santiago Brugo, a cargo de la investigación penal preparatoria que indaga el desvío de publicidad oficial durante el gobierno de Sergio Urribarri en beneficio de su cuñado, Juan Pablo Aguilera, comenzó a proyectar imágenes. Lo que más sorprendió fue la foto de una vaca frente a un cartel con propaganda del Estado. La misma vaca se repetía en muchos otros carteles. Estas fotos, supuestamente, certificaban que el servicio de publicidad se había prestado y que el cartel había sido instalado al costado de una ruta o en la entrada de alguna ciudad. Así, se incluía la foto en el legajo de pago y se emitía el cheque al proveedor, en este caso, la empresa del cuñado de Urribarri. Todo estaba orquestado de esta manera, y quien certificaba que los trabajos se habían realizado de acuerdo con lo pactado era Gustavo Tamay, funcionario del Ministerio de Cultura y Comunicación dirigido por Pedro Ángel Báez. Sin embargo, según la tesis del Ministerio Público Fiscal, los chequeos eran ficticios, aunque los pagos eran reales. El fiscal Brugo expuso su hipótesis en noviembre de 2016, argumentando que no se habían realizado las verificaciones, que simularon haber constatado y que, aun así, firmaron los pagos de las órdenes de publicidad. “Las fotos son repetidas”, afirmó Brugo ante el juez Franchi, añadiendo que había “una vaca” que aparecía en todas las fotos. “Siempre está la misma vaca. Hay una vaca en el medio del cartel, y se le pagó a la empresa de publicidad con esta acreditación en diferentes meses –explicó–. Creemos que esa vaca no puede haber estado siempre en el mismo lugar y en la misma posición. Fenotípicamente, estamos convencidos de que se trata del mismo animal, pero genotípicamente no lo sabemos porque no podemos hacerle una prueba de ADN.” No hubo necesidad de realizar un análisis de ADN a la vaca: la forma de comprobar que es la misma vaca en diferentes fotografías fue a través de pericias. La tarea fue asignada a los peritos Carlos Orzuza y Juan Federico Rossi, quienes concluyeron que efectivamente era la misma vaca en distintos carteles. Además, se evidenció el uso de fotos retocadas mediante Photoshop, lo que puso al descubierto el engaño. Sin embargo, la causa “Aguilera Juan Pablo s/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública” no se enfocó en determinar la existencia de la misma vaca, sino en el desvío de publicidad oficial en beneficio de las empresas ligadas al cuñado del gobernador, Tep SRL y Next SRL, entre 2010 y 2015, totalizando más de $24 millones que salieron del Estado. La vaca, en este caso, se convirtió en un mero ardid para llevar a cabo la maniobra delictiva, según los fiscales. El fiscal Brugo ya no forma parte de la causa, pues ahora es juez de juicio, pero la vaca permanecerá por siempre en la memoria de esta investigación penal. El volumen de contrataciones entre 2010 y 2015 ascendió a $24 millones, de los cuales se habrían pagado fraudulentamente $12 millones, según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal. Los contratos se gestionaban desde las empresas de Aguilera, Tep SRL y Next SRL, y en estas maniobras, los publicistas José María Bustamante y Hugo Montañana aceptaban las reglas de juego impuestas: pagar “coimas” para conseguir contratos de publicidad. La causa lleva el título “Urribarri Sergio D., Báez Pedro A., Aguilera Juan P, Cargnel Corina E., Bustamante Jesús J.M., Montañana Hugo E., Tamay Gustavo R., Almada Luciana B., Giacopuzzi Emiliano O., Almada Alejandro S/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.” Bustamante logró evadir el juicio. En mayo de 2018, la Justicia lo condenó a dos años y ocho meses de prisión condicional por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y fraude a la Administración Pública. Bustamante aceptó ser arrepentido y admitió haber estafado al fisco mediante un sistema de contratos de publicidad en vía pública que involucraba las empresas Tep SRL y Next SRL, vinculadas a su cuñado Aguilera, y a Hugo Montañana, de Concepción del Uruguay. El empresario declaró haber formado parte de una organización que aseguraba contratos de publicidad del Estado a cambio de pagar “retornos” a Aguilera. Se estima que el perjuicio al Estado causado por las maniobras de Bustamante ronda los $3 millones, aunque la estafa total asciende a aproximadamente $12 millones. Quién es Montañana “Montanaña Publicidad” fue fundada hace más de medio siglo por Hugo Montañana, padre del actual titular de la firma, quien se especializa en publicidad de cartelería en la vía pública y espacios publicitarios en Entre Ríos, especialmente en la costa del río Uruguay. En su sitio web exhibe diversos trabajos, entre ellos piezas realizadas para el Gobierno de la Provincia. Montañana enfrenta acusaciones de haber participado “a sabiendas de la irregularidad de los procedimientos”, de “maniobras que pretendían simular la real y legítima intervención entre distintos oferentes”, recibiendo un porcentaje de la publicidad pautada en el contrato, a cambio de acordar previamente que una parte de los cobros sería reembolsada a Aguilera por medio de la contadora de la empresa. En términos coloquiales: se le imputa haber participado en maniobras irregulares que le permitían recibir contratos publicitarios de los cuales luego entregaba un porcentaje al cuñado de Urribarri. Aunque ha preferido no ofrecer declaraciones sobre el tema, Fernando Montañana ha negado las acusaciones. En comunicación con El Miércoles Digital, sus únicas manifestaciones fueron: “Como empresa afirmamos que esas acusaciones son falsas y preferimos no profundizar en el tema, ya que lo que realmente importa son las pruebas y opiniones que se expongan en el Juzgado. No nos interesa participar en el debate mediático.” Montañana, que cumplirá 39 años en marzo, fue indagado en la causa en septiembre de 2017. Su padre, Hugo Alberto Montañana, es el fundador de la empresa que él dirige hoy. Los fiscales de la causa han solicitado para él 6 años de prisión efectiva. Aunque hasta hace poco se encontraba representado por los abogados uruguayenses Félix Pérez y Sebastián Arrechea, en el juicio oral será defendido por el profesional paranaense Emilio Fouces.
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