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» Derf
Fecha: 06/09/2025 17:04
En paralelo, la ley ordena al Poder Ejecutivo Nacional financiar “”, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio y evitar que los atrasos financieros afecten directamente a las personas con discapacidad y sus familias. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó que el impacto fiscal de la medida es millonario: “un refuerzo fiscal de 1.889.371 millones de pesos y 3,627.495 millones”, con una diferencia que surge de la cantidad de nuevos beneficiarios que podrían incorporarse. Según el organismo, la brecha se explica por las posibles “nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios” que podrían presentarse con la implementación de la normativa. La letra de la ley también establece que la Agencia Nacional de Discapacidad será la encargada de realizar auditorías con el objetivo de asegurar un “proceso justo, transparente, basado en criterios de salud y en un análisis integral de la situación socioeconómica de los beneficiarios”. En este sentido, se aclara que los procedimientos deberán “garantizar notificaciones fehacientes y el debido proceso inclusivo, que aseguren la plena participación y el acceso claro a la información”. Finalmente, se introduce un incentivo para la contratación laboral: las empresas que incorporen trabajadores con certificado de discapacidad bajo relación permanente estarán eximidas por tres años del pago de “el cincuenta por ciento (50%) de las contribuciones patronales y a las cajas de jubilaciones”. Con esta medida, se busca estimular la generación de empleo formal en un sector que suele enfrentar mayores barreras de inserción.
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