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» Comercio y Justicia
Fecha: 05/09/2025 10:15
Por amplio margen, revirtió así el veto presidencial a la norma que ya había sido confirmada por Diputados. Es la primera vez en más de 20 años que el Congreso no neutralizaba la herramienta del veto. La votación incluyó 63 apoyos y sólo siete rechazos. Ahora Milei deberá promulgar la norma. El revés político se produce a horas de las elecciones bonaerenses, en la que una derrota libertaria ante el kirchnerismo derivaría en un impacto negativo en los mercados ya golpeados por la tensión cambiaria y las altas tasas El Senado rechazó ayer el veto del presidente Javier Milei a la ley que declara la emergencia en Discapacidad, por lo que el proyecto deberá ser promulgado por el Poder Ejecutivo. De esta manera, el oficialismo sufrió otra dura derrota política: es la primera vez desde 2003 que el Congreso revierte un veto presidencial. En paralelo, el traspié se produce horas antes de las elecciones bonaerenses donde Milei jugó fuerte en la campaña para lograr un resultado que, por estas horas, se descuenta sería una derrota a menos del kirchnerismo. Con todo, si la caída es por un margen menor a cinco puntos, el mercado podría asimilar la situación sin mayores cambios. Ahora, si el margen es mayor, seguramente acusará el golpe al Gobierno con bajas generalizadas en acciones y bonos, suba del riesgo país y presión cambiaria, coincidieron fuentes consultadas por Comercio y Justicia. Como fuere, el dato ayer fue la reversión del veto por amplio margen de votos. La oposición, nucleada en el interbloque peronista, UCR, PRO y provinciales, se impuso con 63 votos afirmativos y siete en contra. Para intentar sostener el veto, el oficialismo recibió el apoyo de la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero y Francisco Paoltroni, quien volvió a alinearse por completo con la Casa Rosada. Desde el 12 de marzo de 2003 que el Congreso no rechazaba un veto total. Fue durante la administración de transición de Eduardo Duhalde, quien asumió el 1 de enero de 2002 tras la renuncia de Fernando de la Rúa en medio del gran estallido del 2001. La ley de discapacidad aprobada -por abrumadora mayoría- por el Poder Legislativo declara la emergencia hasta el 31 de diciembre del 2026, prorrogable hasta 2027, y una actualización de las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde el 2023 a la fecha. Según la oficina de Presupuesto del Congreso, la ley que contempla una actualización de las presiones y asignaciones para los talleres para las personas con discapacidad tiene un impacto que oscila entre 0,22% a 0,42% del PBI, ya que depende de la cantidad de altas que se produzcan hasta diciembre de 2026. Un punto clave de esta ley es que las 200 mil contribuciones por invalidez serán equivalentes a 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio y las personas que cobran este beneficio podrán trabajar mientras que no supere los dos salarios mínimos. Otro eje central es que se deberá saldar la deuda con los prestadores y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, de acuerdo a los índices de la inflación que informa el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). El debate La senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri tomó como eje de su discurso la palabra “libertad”, utilizada por Milei, y dijo que “la libertad no es abandonar a los argentinos”. Pidió que se auditen las pensiones pero “no con la motosierra y sin humanidad”; “hay que hacerlo con gestión”, agregó la representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A su turno, el senador radical Maximiliano Abad reveló que el veto presidencial lo dejó “atónito” y amplió: “Nos piden que señalemos recursos cuando hace dos años que no presentan Presupuesto. No hay contradicción entre cuidar las cuentas públicas y garantizar derechos básicos”. El kirchnerismo coincidió en sus discursos con duros calificativos contra la gestión de Javier Milei. En defensa del oficialismo, y en solitario, salió la senadora del PRO por Córdoba Carmen Álvarez Rivero, alineada con Milei, quien se preguntó con ironía: “¿Cómo les está yendo a todos en el plan de desestabilizar al Gobierno?”. Y siguió: “No necesitamos otra ley ni declarar emergencias, necesitamos gestión”. El jefe de bloque de La Libertad Avanza (LLA), Ezequiel Atauche, se bajó de la lista de oradores sobre el final, al igual que había hecho en la sesión pasada. La sesión, que fue presidida por Bartolomé Abdala debido a que la vicepresidente Victoria Villarruel quedó a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje de Milei a Estados Unidos, se inició con una serie de cuestiones de privilegio en la que abundaron dardos contra las reacciones del Gobierno ante los audios del ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo. DNU No fue éste el único golpe al oficialismo. Luego de revertir el veto por la emergencia en discapacidad, la oposición en el Senado aprobó y giró a Diputados un proyecto que cambiaría la lógica abusiva de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y encorsetaría la posibilidad, de cualquier Ejecutivo, de emitir este tipo de normas para puentear al Congreso. La iniciativa obtuvo, en la definición en general, 56 votos a favor, ocho en contra y las abstenciones de los misioneros renovadores -no massistas- Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. De aprobarse, los DNU pasarían a tener un plazo de 90 días corridos para ser aprobados sin excepción y “con mayoría absoluta” por Diputados y el Senado. En la actualidad, si ambas cámaras no lo voltean -sin registro de tiempo-, los mismos siguen en curso. Además, el texto incorpora que, ante la votación negativa de un solo cuerpo, también caerían, salvo los derechos adquiridos durante el potencial y corto tiempo de vida. El escenario complica aún más a la Casa Rosada, cuya nave insignia es el DNU 70/23 de desburocratización del Estado.
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