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» Diario Cordoba
Fecha: 05/09/2025 10:00
No se recuerda una apertura del curso judicial tan tensa como la que acoge este viernes el Tribunal Supremo. El Rey preside un acto solemne en el alto tribunal, en presencia la cúpula judicial y fiscal y también de representantes políticos, en el que el fiscal general del Estado debe presentar su Memoria anual y la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, leer un discurso formal. Pero en esta ocasión coexisten dos circunstancias que convertirán la cita en un choque entre los poderes Judicial y Ejecutivo al que se añade el rechazo de buena parte de la carrera a la presencia de Álvaro García Ortiz tras ser procesado en una causa penal. A finales del pasado mes de julio, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó la decisión del magistrado Ángel Hurtado de proponer banquillo para García Ortiz por un delito de revelación de secretos del que habría sido víctima el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña. Aunque desde los sectores más conservadores de la carrera hacía tiempo que se venía pidiendo su dimisión, este paso procesal es considerado una línea roja y en las últimas horas tanto las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales como los vocales del Consejo designados a propuesta del PP han reclamado que el fiscal general delegue en otro responsable su intervención en el acto. El líder de la oposición, por su parte, ha excusado su asistencia. Pese a todos estos movimientos, desde Fiscalía General se señala que la presentación de la Memoria en el acto de apertura por parte del fiscal general viene obligada por la Ley Orgánica del Poder Judicial y, aunque en 2022 el recién designado García Ortiz no pudo cumplimentar este encargo por contraer Covid y delegó en su número dos, ahora no puede renunciar a esta responsabilidad institucional. Se preguntan si lo que se le reclama, por parte de representantes del poder judicial, es que incumpla la ley. La determinación de García Ortiz, que defiende a ultranza su inocencia, ha provocado un enfrentamiento entre diversos sectores del poder judicial. Los vocales del Consejo del Poder Judicial del sector progresista, que fueron designados a propuesta del PSOE, alegan que debe prevalecer la normalidad institucional, fundamentada en la presunción de inocencia de un representante público que aún no ha sido juzgado, y reclaman moderación a sus compañeros. En cuanto a la carrera, no todas las asociaciones están de acuerdo con que el fiscal general deba ausentarse. Malestar con Sánchez A esta situación se suma el gran malestar de gran parte de los miembros del poder judicial con el presidente del Gobierno después de que el pasado lunes hablara de la existencia de jueces que "están haciendo política" en el marco de los procedimientos por corrupción que cercan a su entorno más próximo, concretamente a su esposa y su hermano. Ello ha encendido a los integrantes más conservadores de la carrera, que exigen que para manifestar públicamente el rechazo a estas palabras del jefe del Ejecutivo se impida que en el acto de este viernes el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ocupe un lugar en el estrado que preside el acto con el resto de altos representantes. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el pasado enero. / Mateo Lanzuela - Europa Press Aunque algún juez y fiscal llegaron a plantear incluso la organización de un plante (ausentarse durante el discurso de García Ortiz o no asistir al acto), esta posibilidad parece descartada finalmente en aras a la institucionalidad de la convocatoria y por respeto tanto al Rey como a la anfitriona, la presidenta del Supremo. Por el momento, nadie confirma haber sido emplazado a un gesto de estas características, y los rumores de plante han virado hacia llamadas a la responsabilidad personal de García Ortiz dadas las circunstancias, obviando la obligación que le marca la ley mientras siga ostentando el cargo de fiscal general. La expectación por lo que ocurra este viernes es, en todo caso, mayúscula. El Gobierno presiona con la “institucionalidad” El Gobierno ha evitado responder directamente a los sectores conservadores de la judicatura beligerantes con la presencia no solo del fiscal general, sino también del ministro de Presidencia y Justicia. Se apela al “respeto a la separación de poderes” para no entrar a valorar sus posicionamientos y no elevar más el choque de los últimos días tras la acusación de Pedro Sánchez a algunos jueces por “estar haciendo política”. Sin embargo, indirectamente sí deslizan su respuesta al enarbolar la defensa de la institucionalidad y calificar el plantón del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, como una falta de consideración a la ley y, principalmente, al rey Felipe VI que preside el acto. En privado, trasladan que no se imaginan algún tipo de boicot desde la judicatura porque supondría ir en contra de la institución que representan o de la propia presunción de inocencia, en referencia al procesamiento de Álvaro García Ortiz. Desde Moncloa han salido en tromba contra Feijóo para enmarcar su plante en posiciones antisistema y devolver las acusaciones de populismo que recibió Sánchez por sus críticas a los jueces. La titular de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, le reprochó actitudes de “oposición destructiva” por las que carecería de la etiqueta de “un hombre de Estado”. En una línea similar, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, llamó la atención sobre “si cree que puede presidir el Gobierno con este comportamiento tan carente de la institucionalidad precisa y necesaria”. Algo que, añadió, le parecería “preocupante". El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ofrece declaraciones a los medios, en el Palacio de Parcent, a 3 de septiembre de 2025, en Madrid (España). / Carlos Luján - Europa Press Casi desde el momento en el que el dirigente gallego llegó a Génova con el sello de “moderado”, los socialistas se afanaron por cuestionarla y situarlo en posiciones más próximas a Vox, tanto ideológicas como estratégicas. De ahí que el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, hay calificado su decisión de ausentarse del acto de este viernes como una “grave desconsideración”. Tanto a la jefatura del Estado, como “al Tribunal Supremo, a la Fiscalía General del Estado, al Consejo General del Poder Judicial y a la carrera judicial y fiscal al completo”. “Respetar las instituciones democráticas es fundamental en un Estado de Derecho”, le replicó a través de la red social X cuestionando así que pueda ocupar un espacio de centralidad. El mensaje de la “falta de institucionalidad” se dirige al PP, pero sirve como aviso generalizable ante las amenazas de protestas y la tensión en máximos por el choque entre poderes. Protestas que se buscan traducir desde Moncloa no como una crítica contra el Gobierno, sino a la sociedad, la propia justicia y las instituciones. En este contexto, Sánchez se reunía la víspera del acto en Moncloa con el fiscal general del Estado para recibir la Memoria Anual de la Fiscalía que se presentará hoy en la apertura del curso judicial. Suscríbete para seguir leyendo
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