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» Comercio y Justicia
Fecha: 04/09/2025 04:59
Dejó su cargo como defensor público mientras continúa una causa penal por supuestas filtraciones. La AGEPJ había denunciado vínculos entre el asesor y concursantes beneficiadas El defensor público Eduardo Santiago Caeiro, quien era investigado por presuntas irregularidades en un concurso judicial, presentó su renuncia al Poder Judicial con fecha de efectividad a partir del 1 de octubre. Con la renuncia ya presentada, una vez aceptada formalmente por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y remitida al Poder Ejecutivo, Caeiro perderá sus fueros, lo que implicará que la causa deje de estar en manos del juez de Control y pase directamente a la Fiscalía de Gavier para avanzar con la investigación penal. Caeiro fue denunciado en noviembre de 2024 por la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de Córdoba (AGEPJ), por supuestas irregularidades en el concurso convocado por Acuerdo N.º 375/24, destinado a cubrir cargos de Prosecretario/a Letrado/a para funciones de Auxiliar Colaborador/a de la Defensa Pública en el Fuero Penal del Centro Judicial Capital. Según el gremio, se detectaron diferencias notorias en el rendimiento de cuatro concursantes vinculadas laboral o académicamente a Caeiro, lo que motivó la apertura de una investigación administrativa interna por parte de la Oficina de Sumarios del TSJ y, posteriormente, el inicio de una causa penal. El fiscal Enrique Gavier, a cargo de la investigación penal, solicitó el 3 de abril la imputación de Caeiro por el presunto delito de violación de secreto oficial reiterada. También pidió imputar a las supuestas beneficiarias de la filtración: Mariana Lorenzatti, Paz María Sonzini Astudillo, Florencia Zuliani y Ana Martha Ruiz Tamagnini, señaladas como posibles partícipes necesarias. Desde el gremio, el Secretario General de AGEPJ, Federico Cortelletti, recordó que en diciembre de 2024 la entidad instó al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Córdoba a evaluar si las acciones de Caeiro constituían mal desempeño o negligencia grave. “Ante la falta de novedades, volvimos a insistir con preocupación a principios de agosto”, indicó. Por su parte, la Secretaria Adjunta Agostina Noccioli reafirmó: “Todas nuestras acciones en este caso han sido en defensa del sistema público de concursos de la provincia, que debe ser respetado en aras a la democracia y a la igualdad en el acceso a cargos públicos. Por eso instamos a la justicia penal cordobesa a que avance con la investigación criminal sobre el caso, se determinen las responsabilidades si existieran y se proceda conforme lo determina la ley, para llevar claridad y tranquilidad a toda la comunidad judicial que día a día se esfuerza para mejorar la justicia que se le brinda a la sociedad”. AGEPJ volvió a reclamar avances concretos tras conocerse la renuncia: “Instamos a la justicia penal cordobesa a que determine las responsabilidades, si existieran, y se proceda conforme lo marca la ley”.
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