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» Diario Cordoba
Fecha: 04/09/2025 00:05
Alberto Núñez Feijóo deshoja la margarita. ¿Acabamos con la bestia negra llamada Cándido Conde-Pumpido el día 17 de diciembre? ¿O esperamos a hacerlo más tarde, después de las elecciones autonómicas de Castilla y León y Andalucía? Lo que le pide el cuerpo es una cosa y lo que más le conviene, según se escucha a asesores, lo que hemos dado en llamar el sindicato mediático-judicial y magistrados, que han sido consultados, son cosas diferentes. Acabar con la presidencia de Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional (TC) desde 2023 pero en el TC desde el 2017, es muy sencillo. Su mandato vence formalmente el 17 de diciembre de 2025, fecha en la que fue nombrado por el Senado a propuesta de la Comunidad de Madrid -con retraso de tres meses- por un mandato de nueve años. Y junto con él vencen otros tres mandatos seleccionados por el Senado: María Luisa Balaguer (progresista), Ricardo Enríquez (conservador) y José María Macías (conservador, que completa el mandato del magistrado Alfredo Montoya). Es fácil porque requiere el acuerdo con el PSOE. Y con el nombramiento de dos conservadores y dos progresistas está hecho. Problema: la mayoría del Tribunal Constitucional seguiría siendo progresista. Y su presidente o presidenta debe salir, como es norma, de la terna que fue elegida en 2021. Por tanto, la presidencia de Conde-Pumpido recaería en los progresistas Inmaculada Montalbán, actual vicepresidenta, o Ramón Sáez. Las negociaciones deberían empezar poco antes de diciembre, ya que los magistrados, que son elegidos por el Senado, tienen que ser propuestos por las Comunidades Autónomas. Conde-Pumpido fue acordado entre el PSOE y PP para que fuera candidato de consenso por la Comunidad Autónoma de Madrid quien lo propusiera en 2017, cuando era presidenta Cristina Cifuentes, y presidente del PP y del Gobierno Mariano Rajoy; María Luisa Balaguer, por Andalucía; Enríquez por varias autonomías; y Macías por La Rioja. El PSOE, desde luego, no tiene prisa. Sea con la prórroga del mandato de Conde-Pumpido en la presidencia del TC o con su sustitución por Inmaculada Montalbán o Ramón Sáez seguirá con la mayoría de siete magistrados progresistas contra cinco conservadores. El PP retrasó la renovación del TC en 2022 y finalmente accedió a pactarlo en 2023 a través de una jugada en la que creía frustrar esa mayoría con la propuesta de magistrada María Luisa Segoviano, una propuesta que el PP y sus magistrados en el TC concibieron como una iniciativa que el PSOE rechazaría. No fue así -Macías, quien hizo la propuesta en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se equivocó- y la magistrada Segoviano fue aceptada en el pacto y pasó a formar parte de la mayoría progresista. El estímulo de que se vaya Conde Pumpido rivaliza con la ilusión de aguantar hasta después de las elecciones autonómicas para que las críticas de Vox no quiten votos al PP. También están quienes aconsejan a Feijóo esperar hasta las elecciones generales. Especulan con obtener los 3/5 de la Cámara y en tal caso nombrar a cuatro magistrados conservadores en el Senado y así obtener la mayoría en el Tribunal Constitucional. Parece muy difícil habida cuenta de que Vox que está subiendo; resulta muy difícil que las provincias pequeñas vayan a obtener más de lo que ya han obtenido. El dilema: o bien aceptar la renovación en diciembre. El PSOE solo pactaría una sustitución de 2 y 2, dos progresistas por dos conservadores. El PP de aceptar esto se encontrará con la crítica. Diciembre es el momento inicial. Podría ser febrero y marzo, Muy cerca las elecciones de Castilla-León y Andalucía. Y eso llevaría al PP a sufrir una campaña de Vox, agitando que negocia con el PSOE, agitando el bipartidismo. Pero después de las elecciones autonómicas, cuando la amnistía ya será historia y posiblemente Puigdemont haya regresado, parece una opción sensata. No hay, por tanto, urgencia en terminar la etapa Conde-Pumpido. Puede ser que en realidad el que más ganas tenga de marcharse sea el propio Conde-Pumpido, para no seguir soportando la campaña contra él y contra su esposa, la magistrada del Tribunal Supremo Clara Careaga. En cuanto a la sustitución interna del presidente, según se ha apuntado, tanto Inmaculada Montalbán como Ramón Sáez, son los candidatos de aquella terna a la que le tocaría elegir presidente. No le va mal al PSOE que se postergue el nombramiento. Les permitiría adquirir más experiencia. En el posible caso de esperar a las próximas elecciones y conseguir los 3/5 soñados sería una anomalía dar el golpe de elegir cuatro magistrados de sesgo conservador. PP y PSOE pactaron para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en 2024. El sector más conservador les impulsa hacia allí. Una renovación de 2 y 2. Son lo mismo, pactan, mantienen la mayoría progresista. Hay otra cuestión. La fecha de nueve años que establece la Constitución vence para Conde-Pumpido y los otros tres magistrados en marzo de 2026, cuando cumplen mandato. Pero hay una norma según la cual cuando la renovación se retrasa (en el caso de los cuatro que vencerán próximamente, la renovación debía haberse realizado el 17 de diciembre de 2016, pero se hizo en marzo de 2017). Entonces, según la norma, se les resta a los magistrados nombrados el tiempo del retraso. Se ha considerado una norma absurda, carece de sentido si la Constitución dice que el mandato es de nueve años que quiten de tu tiempo tres meses porque, en este caso, el Senado tardó ese tiempo en hacer la renovación. Y aunque la norma está vigente no se ha aplicado nunca, jamás se hizo una renovación que no haya respetado el mandato de nueve años efectivo. El magistrado conservador Andrés Ollero amenazó con que si le sustituían quitándole un año de mandato presentaría recurso de inconstitucionalidad. Pero no se le aplicó porque cumplieron los nueve años en noviembre de 2021, cuando en rigor debía marcharse en noviembre de 2019. A partir del 17 de diciembre pueden renovarse los cargos en cualquier momento. Hay que votar previamente en las comunidades autónomas. Aunque alguna pueda empezar a poner en marcha el proceso, las cúpulas de los partidos no quieren que las autonomías lo hagan hasta que se llegue un acuerdo. Porque quizá harían unas propuestas cuando los partidos todavía no hayan pactado a candidatos de su comunidad. Y en realidad las autonomías proponen a quienes las direcciones de los partidos sugieren. Suscríbete para seguir leyendo
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