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Fecha: 03/09/2025 16:53
El diputado nacional Daniel Arroyo habló en el programa La Barra de Casal a propósito del pedido que realizan desde su sector solicitando que el gobierno retroceda a foja cero con las suspensiones que habían realizado en materia de discapacidades tras la aprobación de la ley de financiamiento y el rechazo de la legislatura al veto presidencial. «El gobierno dio de baja 110 mil pensiones, de las cuales 90 mil es un tema de domicilio. Son personas que nunca se enteraron que les enviaban un telegrama, una carta de documento, que cuando fue a la ANSES le dijeron, no, usted tendría que haber venido el mes pasado. En esos casos, que la persona se enteró cuando no cobró, porque se le ha retenido el pago, corresponde que se les de nuevamente el alta y se haga la evaluación correcta» explicó el diputado nacional quien agregó que luego «hay otros casos que se dieron de baja bien, por ejemplo, personas que estaban fallecidas o que no les correspondía dicho cobro. Pero estamos hablando de que en la auditoría que ha hecho el gobierno, y objetivamente es claro que la ha hecho mal, el 40% de las cartas de documento de los telegramas no llegaban a destino porque se tomó una base de datos vieja y la gente no se enteró». El resultado fue un verdadero cuello de botella en las oficinas estatales, con miles de personas intentando resolver situaciones desesperantes: colas interminables, viajes de cientos de kilómetros y trámites burocráticos engorrosos. “Hoy todo el mundo va igual, aunque no le haya llegado la carta, porque no sabe qué hacer”, explicó Arroyo, señalando la saturación total del sistema y clarificando el camino por seguir: «el primer paso es claro: rehabilitar de forma urgente las pensiones de quienes fueron dados de baja por responsabilidad exclusiva del Estado. «Si una localidad tiene un 60% de personas con pensión, está claro que hay un problema. Si hay un médico que dio 5 mil altas, está claro que hay un problema. En vez de hacer eso, el gobierno mandó carta de documento a todo el mundo, la gente va, viene». El diputado también hizo referencia al contexto en que estas decisiones se toman. Mientras los asistentes terapéuticos pelean por aumentos de apenas 200 pesos por hora, que cobrarán dentro de seis meses, se revelan audios de presunta corrupción con cifras millonarias. Esta situación genera una gran indignación: “Estamos hablando de un trabajo esencial, mientras del otro lado se habla de kiosquitos de 20.000, 30.000 dólares”. Frente a las sospechas, Arroyo es claro: la Agencia de Discapacidad debe cumplir su rol y la justicia investigar a fondo, al mismo tiempo que el Congreso ha decidido crear una comisión investigadora. Finalmente, Arroyo fue enfático en que no hay tiempo para demoras: el sistema está colapsado y las personas con discapacidad no están accediendo a derechos básicos como medicación o transporte. En este marco, aplicar la ley votada por amplia mayoría no solo es una cuestión legal, sino también de humanidad y sentido común.
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