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» Comercio y Justicia
Fecha: 03/09/2025 13:05
Por Sergio Castelli (*) e Irene Rivarola (**) En los últimos meses, el debate sobre el comercio electrónico internacional se ha intensificado a raíz de proyectos normativos y medidas fiscales que buscan regular a gigantes de la “ultra fast-fashion” como Shein y Temu. Estas plataformas, que concentran su producción en Asia y envían millones de paquetes de bajo valor a consumidores en todo el mundo, han generado preocupación por su impacto ambiental, la elusión impositiva, la competencia desleal y la proliferación de productos falsificados. Aunque las normas propuestas y adoptadas en distintas jurisdicciones no son, en sentido estricto, leyes de propiedad intelectual, su implementación crea un marco que incide directamente en la defensa de derechos de autor, marcas y diseños industriales. El Senado francés aprobó en junio de 2025 un proyecto conocido popularmente como “ley anti-Shein”, que establece impuestos ecológicos progresivos sobre prendas de bajo costo, prohíbe la publicidad dirigida a estas plataformas y sanciona a influencers que las promocionen. La medida también incorpora un sistema de puntuación ambiental para cada prenda, lo que obligará a estas compañías a transparentar su cadena de suministro. Más allá de su enfoque ambiental, la norma aborda indirectamente cuestiones de propiedad intelectual: al requerir trazabilidad y etiquetado detallado, se facilita la identificación de diseñadores y titulares de marcas, además de generar mecanismos para detectar copias masivas. El proyecto deberá pasar por una comisión mixta y obtener aprobación de la Comisión Europea antes de entrar en vigor, pero ya marca un precedente global. La Comisión Europea, en tanto, ha impulsado reformas estructurales que incluyen la eliminación de la exención arancelaria para envíos inferiores a 150 euros e imponen una tasa fija por paquete en ventas directas al consumidor, con el objetivo de desincentivar el fraccionamiento de pedidos que hoy permite a estas plataformas esquivar impuestos. En paralelo, Bruselas investiga a ambas compañías bajo la Ley de Servicios Digitales, evaluando su responsabilidad en la venta de productos peligrosos y falsificados, la transparencia de algoritmos y la eliminación de artículos ilegales. Las sanciones podrían incluir fuertes multas y restricciones operativas, reforzando la conexión entre comercio electrónico, protección al consumidor y propiedad intelectual. En América Latina las respuestas han sido variadas. México fue uno de los primeros países de la región en adoptar medidas concretas: desde enero de 2025 aplica un arancel del 19% a productos importados desde países sin tratado comercial, obligando a plataformas extranjeras a registrarse fiscalmente, lo que facilita la persecución judicial en casos de infracción marcaria o distribución de copias no autorizadas. Argentina debate proyectos inspirados en el modelo francés. La Cámara Argentina de la Indumentaria impulsa controles ambientales y arancelarios, mientras que el gobierno mantiene una postura de desregulación. Brasil y otros países analizan medidas conjuntas, en una discusión que refleja el desafío regional de equilibrar apertura comercial con protección industrial. Aunque estas leyes se presentan como normas fiscales, ambientales o de comercio exterior, su efecto trasciende esos ámbitos. Los nuevos sistemas aduaneros y las obligaciones de trazabilidad permiten identificar marcas y diseños copiados, reduciendo la circulación de falsificaciones. Exigir presencia legal de plataformas extranjeras simplifica litigios por infracción de derechos y la transparencia en producción y etiquetado refuerza la originalidad de los diseños. Estas medidas también responden a reclamos de empresas locales que denuncian copias sistemáticas y precios predatorios, lo que conecta directamente con el concepto de competencia desleal. El avance de estas leyes refleja una tendencia global: los marcos normativos tradicionales de propiedad intelectual no alcanzan por sí solos para enfrentar fenómenos de comercio digital masivo y cadenas de producción deslocalizadas. Al combinar regulaciones ambientales, tributarias y de protección al consumidor, los Estados están construyendo herramientas complementarias que refuerzan la defensa de derechos de autor, marcas y diseños. Las llamadas leyes “anti-Shein y Temu” son, en realidad, el síntoma de un problema estructural como es la tensión entre consumo accesible, innovación tecnológica, sostenibilidad y respeto a la propiedad intelectual. Lejos de ser un tema aislado del derecho marcario y de autor, este debate anticipa el surgimiento de marcos híbridos que integran comercio, medio ambiente y propiedad intelectual. Para los especialistas, comprender esta interrelación será clave en el diseño de políticas y litigios del futuro cercano. (*) Agente de la Propiedad Industrial. (**) Abogada.
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