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Parana » APF
Fecha: 03/09/2025 09:31
La denuncia a partir de la cual se investiga a un ex administrador del Arzobispado de Paraná por el desvío de $93 millones destinados a sueldos docentes volvió a poner sobre la mesa la voz de quienes exigen que se eliminen los subsidios estatales que sostienen los negocios de las escuelas privadas subvencionadas. “El negociado entre el Estado, la Iglesia y la educación se tiene que terminar”, aseveraron la candidata a diputada Nadia Burgos y la agrupación Alternativa Docente. miércoles 03 de septiembre de 2025 | 9:28hs. Tal como lo reveló esta Agencia, el lunes la jueza de Garantías de Paraná, Paola Firpo, ordenó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Víctor Adrián Godoy, ex administrador y apoderado legal de cuatro instituciones educativas de gestión privada dependientes del Arzobispado de Paraná. La medida, que abarca el período entre 2019 y agosto de 2024, busca esclarecer una presunta maniobra de defraudación a la administración pública que involucra el desvío de fondos estatales destinados al pago de sueldos y cargas sociales del personal docente. Tras conocerse la noticia la Agrupación Alternativa Docente y la candidata a diputada de la izquierda, Nadia Burgos, volvieron a insistir en la necesidad de eliminar de una vez por todas los subsidios estatales que sostienen los negocios de las escuelas privadas subvencionada y sostuvieron que estos fondos, que hoy alimentan la corrupción y el lucro de unos pocos, deben ser reorientados a donde realmente hacen falta: la escuela pública. “Mientras las escuelas se caen a pedazos y nos dicen que no hay plata, investigan a empleado del arzobispado por el robo de casi 100 millones”, afirmaron en sus redes sociales y destacaron que es fundamental que se termine “el negociado entre el estado, la Iglesia y la educación”. En este marco, es que volvieron a exigir la “eliminación de los subsidios que sostienen los negocios de las escuelas privadas subvencionadas defendiendo los cargos docentes y la matrícula para poder destinar esos fondos a la escuela estatal y fortalecer la escuela pública”. “El que quiere un cura que se lo pague”, enfatizaron y sostuvieron que estos 93 millones de pesos robados no son de la Iglesia, sino del Estado. Son fondos públicos que, en lugar de fortalecer la educación pública, son desviados para sostener los negocios privados de instituciones religiosas. (APFDigital)
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