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Concordia » Entre Rios Ahora
Fecha: 03/09/2025 04:16
La Ley Nº 9.890 fija en su artículo 105º: “El Estado Provincial, asignará las transferencias presupuestarias y financieras destinadas a los salarios docentes y otros costos de funcionamiento de los establecimientos de gestión privada reconocidos y autorizados por el Consejo General de Educación”. La mayor parte de la educación pública de gestión privada está en manos de la Iglesia Católica, a través de escuelas parroquiales, y la gestión económica financiera de esos colegios queda a cargo de un apoderado legal, designado por la Iglesia. Los docentes que se desempeñan en esos establecimientos tienen relación de empleo privado y reportan al apoderado legal, que liquida salarios. El Consejo General de Educación (CGE) transfiere los recursos para el pago de salarios de la planta de cada escuela privada, y el apoderado legal administra. Víctor Adrián Godoy era apoderado legal de cuatro escuelas –esa tarea antiguamente la ejercían los párrocos-: Nuestra Señora de la Esperanza y Santa Lucía, de Paraná, Instituto Fernando Torres Vilches y la Escuela Nuestra Señora de Fátima, de Santa Elena. Godoy ahora enfrenta una causa penal por supuesta defraudación de fondos públicos: parte del dinero que el Estado enviaba para el pago de los aportes previsionales de los docentes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones tenían otro destino. Se sospecha que una cuenta a nombre del apoderado. Se calcula una cifra de cerca de $100 millones, en el período que va de 2019 a 2024, según investiga el fiscal Gonzalo Badano, de la Unidad Fiscal de Paraná. El ardid, aunque fue denunciado en la Justicia por el Consejo de Educación, que se constituyó en querellante, fue advertido por la Caja de Jubilaciones a partir de entrecruzamiento de datos en 2024. Gastón Bagnat, titular de la Caja, contó en el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7, que “en el marco de las auditorias que estamos haciendo, realizamos el control de aportes. No solo de cómo se pagan las jubilaciones, sino lo que hay que recaudar. Entonces, lo que hacía la Caja era pedir a estas escuelas los comprobantes de aportes para conciliar con la cuenta de la caja de que esa plata efectivamente ingresó. Bueno, en uno de esos controles se detectó que algunas instituciones que declaraban ante el CGE que habían hecho el aporte previsional de sus docentes se descubrió que el aporte no había entrado a la Caja”. “Se fue un poquito más allá con la información. Y se detectó que efectivamente algunos de esos comprobantes habían sido adulterados. La información se remitió al Consejo de Educación, que asumió el rol de querellante en la Justicia. Y en la parte que a nosotros nos corresponde, establecimos que cuando alguien se va a jubilar tiene que presentar toda la documentación y la chequeamos en el momento”, detalló. El organismo previsional provincial, además, creó sus propios anticuerpos para evitar que maniobras de ese calibre se repitieran. Así, se creó el “Certificado de Libre Deuda Previsional”, cuya finalidad fue “reforzar los controles”. El 21 de mayo de 2024, a través de la resolución Nº 57 la Caja de Jubilaciones creó oficialmente el “Certificado de Libre Deuda Previsional, “destinado a evitar conductas dolosas y con el objetivo de facilitar el tráfico de información entre las reparticiones públicas involucradas”. Cuando el organismo empleador registra obligaciones previsionales pendientes la Caja no otorga el “Libre Deuda Previsional”. De la Redacción de Entre Ríos Ahora Foto: Arzobispado de Paraná De la Redacción de Entre Ríos Ahora
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