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» Diario Cordoba
Fecha: 02/09/2025 14:18
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley orgánica que debe servir de base legal para perdonar un total de 83.252 millones de euros de deuda pública al conjunto de las comunidades autónomas de régimen común. "Se trata de una medida histórica, excepcional, que va a todas las comunidades autónomas de régimen común, tengan o no deuda con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), del Estado", ha dicho la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. A pesar del rechazo frontal expresado por el PP contra esta medida, Montero ha confiado en que cuando esté aprobada la norma definitivamente, todas las comunidades donde gobiernan los populares también se acogerán a la medida: "¿Quién va a decir que no a que le perdonen parte de su deuda? ¿Qué familia con una hipoteca, en su sano juicio, iba a decir que no a que le perdonaran una parte?", se ha preguntado la vicepresidenta. Según el calendario que maneja Hacienda, la ley orgánica podría estar definitivamente aprobada en el primer trimestre de 2026, si el Gobierno logra los apoyos parlamentarios para ello. Montero ha precisado que con esta quita de deuda (que será absorbida por el Estado) las comunidades autónomas podrán obtener un ahorro de entre 6.600 y 6.800 millones en pago de intereses. "Estos recursos lo podrán utilizar para gasto social, para educación, para sanidad o para cualquier competencia autonómica", ha dicho la vicepresidenta. "Es falso que las comunidades autónomas no puedan utilizar estos recursos", ha añadido, en contra de la interpretación del PP. No aumenta el límite de gasto Lo cierto es que esta afirmación tan rotunda que ha realizado Montero durante la rueda de prensa parece ir en contra del criterio que el propio Ministerio de Hacienda plasmó en el texto sobre el anteproyecto que sometió a consulta pública el pasado 14 de mayo. En aquel documento se decía que uno de los objetivos de la ley es "evitar la aparición de problemas de riesgo moral" (es decir, el riesgo de premiar a incumplidores), "a través de la aplicación del artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que impide que el ahorro de intereses producido por la reducción de deuda de las Comunidades Autónomas pueda ser empleado en incrementar su gasto". El citado artículo establece que "los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública". Esta es la interpretación que llevó a la presidenta de la Autoridad Fiscal, Cristina Herrero, a advertir a las autonomías de que no se podrían gastar los ahorros obtenidos por la condonación de deuda. Según este organismo, el ahorro generado por el pago de intereses solo se puede aplicar a reducir la necesidad de financiación de las comunidades autónomas, es decir, para sanear su deuda pública. Montero ha interpretado este martes, sin embargo, que, mientras que no se incumpla la regla de gasto (que fija un límite para el crecimiento de las partidas y que aún no ha sido determinado para 2026), las autonomías sí podrán hacer uso de estos casi 7.000 millones, como de cualquier otro ingreso que obtengan. Es decir, el ahorro en intereses no elevará el listón de gasto total de las autonomías, pero sí podrá emplearse en educación o sanidad (por ejemplo) si no se incumple ese límite. Aquí residiría el matiz al que se acoge Hacienda. Tramitación Tras su aprobación, este martes, del 'anteproyecto de ley orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas de régimen común' el texto inicia un fase de consulta pública, que incluye el preceptivo informe del Consejo de Estado, antes de ser aprobado en segunda vuelta por el Consejo de Ministros. La vicepresidenta ha confiado en poder completar este proceso en lo que queda de año de modo que el proyecto de ley pueda ser enviado al Congreso de los Diputados a finales de 2025. Si se logran los apoyos parlamentarios necesarios, el texto podría quedar definitivamente aprobado por el Congreso de los Diputados en el primer trimestre de 2026, según el calendario que maneja la vicepresidenta Montero. Desmentido de "bulos" del PP En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Montero ha querido "desmentir algunos bulos" que, según ha dicho, está difundiendo el PP en torno a la condonación de deuda autonómica. En primer lugar, ha dicho que esta quita de deuda "ni sustituye ni frena la reforma de la financiación autonómica" que pretende el Gobierno. "Es una medida complementaria y vamos a seguir trabajando en una reforma de la financiación sobre una propuesta que beneficie a todos los territorios", ha dicho. En segundo lugar, "es falso que esta medida [la condonación de deuda] beneficie a Catalunya y perjudique al resto", ha precisado. Aunque la decisión de esta quita de deuda tiene su origen en la negociación con ERC para el apoyo de la formación independentista a la investidura de Pedro Sánchez en 2023, Montero ha explicado que la medida se ha generalizado a todas las comunidades autónomas. "Siete de cada 10 euros que se perdonen será para autonomías gobernadas por el PP. La comunidad autónoma con mayor condonación absoluta es Andalucía. La comunidad con mayor condonación por habitante ajustado es Valencia. La de mayor porcentaje sobre su deuda total es Canarias. Son tres territorios donde gobierna el PP. La pregunta es ¿dónde está el agravio?", ha rematado. Por ello, Montero ha expresado su "ruego" para las que las comunidades autónomas donde el gobierna el PP "recapaciten y sean coherentes, más allá de los mandatos de Génova [calle donde reside la sede del PP], que permanece rehén de las políticas ultras dentro de su partido". Y ha añadido a los periodistas: "Yo les digo que, por mucho relato de cara a la galería, todas acabarán firmando". Procedimiento de asunción de la deuda El anteproyecto de ley aprobado este martes recoge el procedimiento para que el Estado asuma esa deuda autonómica. El proceso, que es de carácter voluntario, dependerá de si se trata de una comunidad con o sin deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), del Estado. En el caso de las Comunidades con deuda del FLA (todas, salvo Madrid), la asunción de la deuda se aplicará mediante la cancelación o amortización de los saldos vivos de estos préstamos, hasta alcanzar el importe previsto en la ley para cada comunidad. Se empezará por los préstamos más antiguos, hasta amortizar, si fuera necesario, el correspondiente a 2019. A partir de ahí, si es preciso para llegar a la cifra total a condonar, se cancelará el préstamo del FLA del año 2024 y después se cancelarán los de los años anteriores a éste. Es decir, 2023, 2022, 2021 y 2020. En el caso de las autonomías sin deuda con el FLA (caso de Madrid) que quieran adherirse a este mecanismo se les pedirá que trasladen a la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional la información que requiera sobre su cartera de deuda con terceros. Una vez seleccionadas las operaciones de crédito objeto de asunción por parte del Estado, por acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), se procederá por parte del Estado a la subrogación en la posición deudora de las Comunidades Autónomas, previo consentimiento de los acreedores (bancos o fondos de inversión, principalmente) Suscríbete para seguir leyendo
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