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» El Ciudadano
Fecha: 02/09/2025 02:47
En el transcurso del corriente año la Municipalidad aportó pruebas en 32 denuncias penales realizadas ante la Fiscalía, lo que representa un fuerte incremento respecto al año anterior. El aumento de los casos se vincula con la profundización del sistema de videocontrol y el despliegue de cámaras con inteligencia artificial y lectura de matrículas en las calles de Rosario. El procedimiento se inicia cuando un titular de vehículo desconoce una notificación de infracción recibida con imágenes de su patente. Tras cotejar los registros, se constata la existencia de chapas clonadas o sustraídas. En esos casos, el Juzgado desestima las actas vinculadas al titular registral y se da intervención a la Dirección de Asuntos Jurídicos. Allí se formaliza la denuncia penal y se comunica a la Dirección de Tránsito para localizar el rodado mellizo y trasladarlo al corralón municipal. “Cada vez que detectamos un caso de estas características, ponemos a disposición de la Fiscalía el material fotográfico y fílmico que disponemos en nuestro sistema de videocontrol. Estas pruebas resultan claves para que la Justicia pueda avanzar en la investigación y para que los vecinos damnificados no carguen con una responsabilidad que no les corresponde”, destacó el secretario de Gobierno, Sebastián Chale. Además, todo este material —junto con las cámaras en vivo de la Municipalidad— es visualizado también por el Ministerio de Seguridad de la Provincia, que a partir de allí puede realizar las actuaciones dentro de su competencia. Asimismo, cuando se constata la existencia de un vehículo con patente melliza, el municipio actualiza su sistema para que a partir de ese momento cada vez que ese rodado vuelva a pasar por una cámara de lectura automática de patentes se genere un alerta inmediato, lo que permite un seguimiento más eficiente y rápido del caso. En lo que va del año, 32 casos derivaron en denuncias penales. Los damnificados que se convirtieron en denunciantes, no son únicamente de nuestra ciudad. En total, 16 fueron de provincia de Buenos Aires y Capital, aunque también hay casos en Córdoba, Río Negro, Santiago del Estero, Neuquén y otras localidades de la Provincia de Santa fe. En diciembre del año pasado, la provincia licitó la compra de 4.400 cámaras de videovigilancia y 15 domos, lo que convertirá a Rosario en la ciudad más monitoreada del país. La inversión es de 69 millones de dólares y hubo dos oferentes interesados en proveer equipamiento con inteligencia artificial. Hoy la Municipalidad se encuentra en proceso de instalación de las mismas con muchos puntos ya en funcionamiento. Cuando termine la etapa de colocación la ciudad contará con 6.780 dispositivos conectados. Chale subrayó además la importancia de la tecnología aplicada al control: “Las cámaras cumplen un rol fundamental no solo para ordenar el tránsito y detectar infracciones, sino también para aportar a la seguridad ciudadana. La información que generan es hoy una herramienta decisiva en la prevención y resolución de este tipo de delitos. Con las inversiones y el trabajo entre Municipio y Provincia, Rosario será la ciudad más monitoreada del país, algo que tendrá impacto positivo en la seguridad”. Además Rosario ya fuente con 74 puntos de videocontrol. Cada uno de ellos está compuesto por tres cámaras que funcionan en simultáneo. La primera lee patentes en tiempo real, logrando detectar todos los autos y motos que transiten por dichos puntos, pudiendo identificar los que tengan pedido de captura. La segunda se integra a la red de cámaras que son monitoreadas en tiempo real por el CIOR y el 911, permitiendo grabar las 24 horas y almacenar las imágenes. Y la tercera identifica faltas a través de parámetros de inteligencia artificial (invasiones de ciclovías, sendas peatonales, semáforo en rojo, etc). Toda esta información está disponible para el Ministerio de Seguridad y del Ministerio Público de la Acusación. El sistema tendrá un destino directo de lo que se pague de las multas cobradas, hacia dos lugares: el 80% irá al fondo compensador del transporte, y el 20% restante a los efectores de salud municipales que atienden a las víctimas de siniestros viales.
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