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» tn24
Fecha: 01/09/2025 18:31
En lugar de dar explicaciones sobre las denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, el oficialismo lanzó una ofensiva judicial contra periodistas y medios que difundieron audios comprometedores. Organizaciones alertan por un grave retroceso en la libertad de expresión. El estallido del caso de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó un nuevo capítulo, esta vez con un fuerte giro político: el Gobierno de Javier Milei optó por judicializar la difusión periodística de los audios que comprometen a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo “Lule” Menem. Mientras los registros circulaban en redes y medios, la reacción oficial no fue brindar respuestas sobre las acusaciones, sino pedir cárcel para los periodistas que publicaron el material y promover allanamientos a redacciones. La decisión se sustentó en una medida cautelar firmada por el juez Patricio Maraniello, que prohibió la difusión de nuevas grabaciones bajo el argumento de tratarse de una “operación de inteligencia ilegal”. En paralelo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal y reclamó secuestrar equipos y documentos en medios como Carnaval Stream, que había revelado parte de las conversaciones sobre presuntas maniobras con fondos para medicamentos. El avance encendió alarmas en organizaciones de prensa y referentes del sector, que calificaron la movida como un acto de censura previa y un intento de amedrentamiento contra el periodismo. “Se persigue al mensajero en lugar de investigar la corrupción”, advirtieron. La estrategia oficial refuerza la sospecha de un encubrimiento: mientras se multiplican las menciones al papel de Karina Milei en las grabaciones, el Presidente y su equipo insisten en hablar de conspiraciones, evitando dar explicaciones sobre el manejo de los recursos públicos. A un mes de las primeras filtraciones, el caso expone una contradicción central: el gobierno que se presentó como garante de la libertad avanza con medidas que, según especialistas, debilitan la democracia y restringen el derecho a la información.
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