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» Comercio y Justicia
Fecha: 01/09/2025 08:35
Por Javier De Pascuale Agricultores Federados Argentinos (AFA), la mayor cooperativa agropecuaria de primer grado del país, decidió congelar una inversión de aproximadamente 60 millones de dólares destinada a la construcción de una planta de bioetanol a base de maíz. La decisión, que refleja los desafíos estructurales que enfrenta la industria de biocombustibles en Argentina, responde a la falta de un marco regulatorio estable que garantice la viabilidad económica del proyecto. El impasse pone en evidencia una problemática más amplia: el actual esquema regulatorio, vigente desde 2010 y ajustado en 2021, desincentiva nuevas inversiones y mantiene al sector al límite de su rentabilidad, mientras el país pierde oportunidades de desarrollo en un mercado global en expansión. Un proyecto ambicioso, congelado AFA, con 36.000 productores asociados, 1.600 empleados y una capacidad de acopio de 5 millones de toneladas anuales, es un actor clave del sector agropecuario nacional. Con presencia en 130 localidades de nueve provincias y una flota logística de más de 220 camiones propios, la cooperativa buscaba dar un paso hacia la industrialización del maíz con esta planta de bioetanol. El proyecto, según fuentes del mercado, requería una inversión estimada en 60 millones de dólares, aunque algunos analistas sugieren que el monto podría ser mayor debido a los costos asociados a la infraestructura y tecnología necesaria. La planta, cuya ubicación aún no estaba definida entre Santa Fe, Córdoba o Buenos Aires, permitiría a los socios de AFA participar en el capital y generar una renta adicional al transformar el maíz en un producto de alto valor agregado. Sin embargo, la cooperativa decidió parar el proyecto hasta que se apruebe una nueva ley de biocombustibles que desregule el mercado y facilite la entrada de nuevos actores. Según Gonzalo del Piano, gerente general de AFA, el esquema actual, basado en la asignación de cupos de venta a petroleras y la fijación de precios por parte del Estado, hace inviable la participación de nuevos jugadores. “Tiene que salir otra normativa para las ventas al mercado interno porque, así como está el esquema, que se basa en una distribución que hace el Estado de cupos de ventas a petroleras, se hace muy difícil entrar como un nuevo jugador”, explicó del Piano en diálogo con la prensa especializada. “Se necesita una nueva ley que genere las condiciones para invertir. Hasta que no haya un horizonte normativo será muy difícil viabilizar un desembolso tan fuerte”. Un sector en crisis La industria nacional de biocombustibles, que posiciona al país como el sexto productor mundial y el segundo exportador detrás de Indonesia, enfrenta una crisis estructural. La Ley 27.640, vigente hasta 2030, establece un corte obligatorio del 12% de bioetanol en naftas (6% de maíz y 6% de caña de azúcar) y un 5% de biodiésel en gasoil. Pero el sistema de cupos y precios regulados por la Secretaría de Energía viene generando distorsiones que afectan la rentabilidad del sector. La industria dice que durante 14 meses, los precios fijados por el Estado estuvieron por debajo de los costos de producción, lo que provocó pérdidas significativas para los productores. Según las cámaras del sector, como Casfer, Cepreb y Capba, se necesitaría un aumento de al menos 12 pesos por litro para operar sin pérdidas. Además, la asignación de cupos de venta está completamente copada, lo que impide la entrada de nuevos actores como AFA. Este esquema, implementado desde la Ley 26.093 de 2006 y modificado en 2021, también viene siendo criticado por la falta de cumplimiento por parte de las petroleras. Por ejemplo, en 2022 y 2023, YPF aplicó cortes de biodiésel muy por debajo del 5% obligatorio, optando por importar gasoil en un contexto de escasez de divisas, una decisión que ha sido cuestionada por su impacto económico y ambiental. La ausencia de sanciones efectivas agrava esta situación, dejando al sector en una posición vulnerable. Desregulación y mayor corte, ¿la solución? Frente a este panorama, los productores, liderados por entidades como AFA, presentaron al gobierno un plan para revitalizar la industria. La propuesta incluye dos ejes principales: eliminar la intervención estatal en la asignación de cupos y la fijación de precios, permitiendo negociaciones directas entre productores y petroleras, y aumentar el porcentaje de corte obligatorio en naftas y gasoil. Este último punto es clave, ya que países como Brasil, con un corte de bioetanol del 27% (y planes de alcanzar el 30% en 2025), han logrado un desarrollo mucho más avanzado de su industria. En Brasil, el 13% de la cosecha de maíz se destina a bioetanol, frente a menos del 4% en Argentina. Estados Unidos, otro referente, utiliza el 35% de su maíz para producir etanol, con un corte efectivo del 10.4% y una creciente adopción de E15 (15% de bioetanol). Un aumento del corte obligatorio en Argentina, por ejemplo al 15% o más, podría reducir la capacidad ociosa de la industria, que actualmente se estima en un 16%, y fomentar nuevas inversiones. Además, iniciativas como la de la provincia de Córdoba, que experimenta con cortes de E17 y E70 en vehículos públicos, demuestran el potencial de los biocombustibles para diversificar la matriz energética y reducir emisiones. La desregulación, por su parte, aportaría transparencia y previsibilidad, incentivando proyectos como el de AFA y fortaleciendo la competitividad del sector. Oportunidades perdidas, también para Córdoba El congelamiento de la inversión de AFA pone de manifiesto una oportunidad perdida para la Argentina, un país con un enorme potencial para liderar la producción de biocombustibles en la región. La industrialización del maíz y la caña de azúcar no sólo generaría empleo y divisas, sino que también contribuiría a la descarbonización, un objetivo clave en un mundo que avanza hacia la sostenibilidad. Sin embargo, intereses cruzados, como los de las petroleras y la industria automotriz, frenaron históricamente el desarrollo del sector. La exclusión del capítulo de biocombustibles en la versión más reciente de la Ley Bases, en marzo de 2024, generó incertidumbre adicional, aunque provincias como Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires están trabajando en un proyecto conjunto para impulsar cambios legislativos. Córdoba aparece como un destino probable para la planta de AFA, gracias a su ecosistema industrial de bioetanol y políticas de incentivo, aunque Santa Fe y Buenos Aires también compiten. La inversión, significativamente mayor que los 6 millones de dólares destinados a la planta de fitosanitarios de AFA en Ramallo, podría transformar la matriz productiva de la región elegida, pero requiere un marco legal claro y competitivo. Un llamado a la acción En el fondo, la situación de la industria de biocombustibles en Argentina refleja un dilema más amplio: la necesidad de alinear las políticas públicas con las tendencias globales hacia la sostenibilidad y la innovación. Mientras Brasil y Estados Unidos aprovechan los biocombustibles para fortalecer sus economías y reducir emisiones, Argentina permanece atada a un modelo regulatorio que prioriza el control estatal sobre la competitividad. La propuesta de desregulación y aumento de los cortes obligatorios parece un paso en la dirección correcta, pero su implementación enfrenta resistencias y el potencial del sector sigue bloqueado. Para AFA, la decisión de congelar su inversión es un clarísimo mensaje al gobierno: sin un marco normativo que garantice rentabilidad y acceso al mercado, proyectos de esta envergadura seguirán en espera. Mientras tanto, el país pierde la oportunidad de capitalizar su fortaleza agropecuaria en un contexto global donde los biocombustibles son cada vez más relevantes. La pelota está ahora en el tejado del gobierno y el Congreso: ¿habrá o no una nueva Ley de Biocombustibles?
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