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» Impactocorrientes
Fecha: 01/09/2025 01:54
En medio del escándalo por la filtración de audios, el Gobierno quiere que las causas contra la SIDE tramiten en secreto Hizo un planteo ante los tribunales, pero lo rechazó el juez Santiago Carrillo, que debe decidir si es constitucional el DNU con el que Javier Milei reformó el sistema de inteligencia. En Comodoro Py se acumulan denuncias por supuesto espionaje. En La Plata, la fiscal dijo que debía investigarse la presentación de Axel Kicillof. Compartir en Facebook Compartir en Twitter El Gobierno quiere que la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) investigue el origen de los audios que se le atribuyen a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y que han encendido todas las alarmas en la Casa Rosada. Así lo dejó trascender el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Sin embargo, la SIDE dista de ser un monumento a la transparencia, y la administración de La Libertad Avanza (LLA) busca sumergirla aún más en las tinieblas. El Gobierno pretende que todos los cuestionamientos al accionar de los servicios tramiten de manera secreta, incluso un planteo sobre la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 614/2024, que reformó todo el sistema de inteligencia. “La Casa” no ha estado en orden en todo lo que va de la gestión libertaria. El primer jefe de Gabinete de Javier Milei, Nicolás Posse, salió eyectado bajo acusaciones de que usaba la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para espiar a otros integrantes de la administración. Tras la salida de Posse, el Gobierno avanzó con una reforma por decreto y sin pasar por el Congreso. Por decisión del presidente, resucitó la SIDE, que quedó dividida en cuatro órganos desconcentrados: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA, orientado hacia el exterior), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN, orientada hacia el interior), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División Asuntos Internos (DAI). Todos ellos quedaron bajo la órbita de Sergio Neiffert, un hombre de confianza del asesor Santiago Caputo. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) le pidió al Poder Judicial que declare la nulidad e inconstitucionalidad del DNU 614. Además, le solicitó que aclare si la AFC puede hacer interceptaciones de comunicaciones por su cuenta y sin orden de un juez. El planteo tramita ante Santiago Carrillo, juez en lo contencioso administrativo federal. La SIDE contestó que la demanda debía rechazarse, pero además le reclamó al juez que reservara todas las actuaciones. “La protección de la seguridad nacional debe ejercerse ad extra pero también ad intra, por lo que la defensa o mantenimiento de la seguridad interior obliga a los Estados a protegerse frente a las amenazas que surgen dentro de su propio territorio y que atentan contra el orden constitucional democrático”, sostuvieron los abogados de la SIDE. Según los letrados, toda cuestión directa o indirectamente vinculada con el organismo se encuentra alcanzada por las reservas que se explicitan en el artículo 16 de la Ley de Inteligencia Nacional (25.520). Esa disposición sostiene que las actividades de inteligencia, personal afectado a las mismas, documentación y banco de datos llevarán la clasificación de seguridad que corresponda en interés de la seguridad interior, la defensa nacional y las relaciones exteriores de la Nación. Esa clasificación de seguridad no necesariamente indica que deba ser secreta o confidencial: también puede ser pública. El CELS contestó que en esa causa se debate si la reforma, a través del DNU, podría afectar garantías constitucionales. No se analizan allí actividades concretas que haya realizado la SIDE. En la misma línea, el juez Carrillo rechazó la pretensión de la SIDE de reservar todo el expediente. El magistrado entendió que no se daban las causales de excepción previstas en el Reglamento de la Justicia Nacional ni había recaudos de confidencialidad. Añadió que, desde 2015, la Corte Suprema dictó la obligatoriedad del uso del sistema de gestión digital por una cuestión de publicidad y transparencia. Es posible que el Gobierno insista con la protección del secreto, ya que sus abogados habían hecho reserva de llevar el tema ante el máximo tribunal. En los últimos meses se presentaron varias denuncias en los tribunales federales que apuntan hacia supuestos desmanejos de la SIDE. En marzo, el diputado nacional Facundo Manes denunció a Santiago Caputo después de que el asesor lo increpara a la salida de la apertura de sesiones. Entonces, Manes advirtió que el Gobierno podría usar la SIDE en su contra. En junio, dos directivos del CELS, Paula Litvachky y Diego Morales, presentaron una denuncia en la que decían que ellos mismos podrían estar siendo víctimas de espionaje ilegal. Fue después de que se conociera, a través de publicaciones del periodista Hugo Alconada Mon en La Nación, que el Plan de Inteligencia Nacional (PIN) podría habilitar la vigilancia sobre disidentes. También se supo que existía una directiva de la SIDE, firmada por Diego Kravetz, para monitorear grupos vulnerables. A principios de mes, Alconada Mon reveló que la SIDE había hecho un reporte con información de opositores y las actividades que tenían previstas para el 9 de julio. A partir de este hecho, se presentaron varias denuncias más en los tribunales federales. Entre otros, los referentes de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy presentaron denuncias. Manes, que también figuraba en el informe, denunció un “hecho nuevo”. La Federación del Personal de Vialidad Nacional (FePeViNa) también radicó otra denuncia. En los tribunales federales de La Plata, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, pidió que se investigara si él había sido vigilado. Según pudo reconstruir este diario, fue la única denuncia que tuvo algún tipo de envión. La fiscal federal Ana Miriam Russo entendió que el informe sobre Kicillof y otros opositores podría configurar una violación del artículo 4 de la Ley 25.520, según el cual ningún organismo podrá “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”. Si bien la fiscal entendió que el juzgado federal de La Plata era competente por materia y territorio para investigar el accionar de la SIDE, Alejo Ramos Padilla sostuvo que la cuestión debía pasar a los tribunales de Comodoro Py. El juez, que investigó el espionaje de la AFI macrista, afirmó que era evidente la conexidad entre la denuncia que había hecho Kicillof con la que había formulado Manes en marzo y que, por ende, debía ser enviada al juzgado que intervino primero. Dijo que esto obedecía a cuestiones de economía procesal y mejor administración de justicia. La denuncia de Manes inicialmente fue desestimada por la jueza María Eugenia Capuchetti, pero la decisión fue revocada por la Cámara Federal porteña. El juzgado está vacante y, en este momento, es subrogado por Sebastián Casanello, el mismo magistrado que interviene en la denuncia que se originó después de que el streaming Carnaval difundiera los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en los que habla de una trama de coimas que llega hasta la hermana del Presidente. Por Luciana Bertoia
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