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Concepcion del Uruguay » La Pirámide
Fecha: 01/09/2025 00:01
El Juzgado Federal de Dolores dictó un fallo de alto impacto institucional al condenar al Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, a entregar en un plazo de cinco días hábiles el expediente completo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/2025, por el cual el Gobierno nacional contrajo un crédito de 20 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La decisión judicial surge como respuesta a una acción de amparo presentada por Francisco Verbic, en representación de las organizaciones Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Ambas entidades denunciaron una presunta violación de la Ley de Acceso a la Información Pública (27.275) por parte del Ejecutivo. En su fallo, el magistrado advirtió que el Ministerio intentó obstaculizar el acceso a la información mediante mecanismos administrativos poco transparentes. Según consta en la sentencia, la cartera que dirige Caputo intentó “eludir la entrega” de la documentación mediante una serie de maniobras, comenzando por tramitar el pedido bajo la normativa vigente, solicitar una prórroga y luego desconocer la aplicación de la ley, derivando el caso a un procedimiento más restrictivo. Un fallo que defiende la transparencia El juez fue claro al establecer que el Estado debe acatar las leyes sancionadas en democracia, por sobre reglamentaciones dictadas en gobiernos de facto. La sentencia, en este sentido, reivindica la supremacía de las normas debatidas y aprobadas por el Congreso como fundamento del sistema republicano. En un párrafo especialmente contundente, el magistrado citó a la Corte Suprema de Justicia para recordar que: “La información pública no pertenece al Estado, sino al pueblo de la Nación Argentina”, y enfatizó que el derecho de acceso a la información es un derecho humano fundamental, al que puede acceder cualquier ciudadano “sin acreditar un interés especial”. Además, el fallo remarcó que el DNU 179/2025 no explicita las condiciones ni las razones del empréstito con el FMI, lo cual agrava la falta de transparencia. “El derecho a la información pública se rige por el principio de máxima divulgación”, sostiene la sentencia, reforzando así la obligación del Estado de brindar datos completos y accesibles sobre sus decisiones. Obligación legal y precedente institucional A partir de la resolución judicial, el Ministerio de Economía queda obligado a entregar la totalidad del expediente, con todos sus anexos y documentación vinculada, en un plazo máximo de cinco días hábiles. Esto incluye cualquier tipo de informe técnico, borradores, comunicaciones con organismos internacionales o memorandos internos relacionados con el acuerdo. La medida judicial se convierte en un precedente clave en materia de control democrático y sienta una base importante para la exigencia de transparencia en decisiones de alto impacto económico, como lo es un endeudamiento externo de magnitud histórica. Desde las organizaciones demandantes celebraron la resolución como un paso fundamental para garantizar el acceso a la información pública como herramienta de control ciudadano, especialmente en contextos donde la toma de decisiones se concentra en el Poder Ejecutivo a través de decretos sin debate parlamentario. (Con información de Cadena 3)
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