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» LaVozdeMisiones
Fecha: 31/08/2025 23:22
Una resolución de la Cámara de Apelaciones destrabó el último escollo que había para que la causa por el asesinato del adolescente Víctor Márquez Dos Santos (16) deje la etapa de instrucción y allanó el camino para la elevación a juicio del expediente que tiene al ex policía Deibid Vergara (36) como acusado del crimen y a otros tres uniformados imputados por encubrimiento. La causa cuenta desde 2022 con un dictamen de elevación a juicio firmada por el magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, pero una serie de presentaciones defensivas aletargaron la última etapa del proceso y demoraron la remisión formal del expediente hacia el Tribunal Penal Dos, órgano que se encargará de llevar adelante el debate oral para esclarecer el crimen registrado en agosto de 2019 en Santa Ana. Uno de estos planteos consistió en recurso de casación contra la denegatoria a un pedido de excarcelación resuelta por el mismo juez Monte y ante esa presentación debió intervenir la Cámara de la Apelaciones, cuyos magistrados ahora dispusieron confirmar todo lo actuado en primera instancia. Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la defensa del ex policía Vergara alegó entre sus fundamentos que el tiempo que el imputado lleva detenido supera los plazos previstos en la prisión preventiva, postura que coincidió con la opinión del fiscal de Cámara y con el voto inicial de la magistrada Ruth Dilaccio. Sin embargo, el camarista José Alberto López votó en sentido contrario, anteponiendo la existencia de riesgos procesales relacionados a la pena en expectativa (prisión perpetua) y a los comportamientos evidenciados por el imputado antes, durante y después del hecho. Ante la disidencia de posturas, se debió recurrir al juez Juan Carlos Sosa, de la Cámara Civil, quien intervino por subrogación legal y adhirió al voto del camarista López, ante lo cual por mayoría se resolvió rechazar la apelación interpuesta y confirmar el rechazo al pedido de excarcelación. Con esta decisión, el tribunal de alzada destrabó el avance de la causa y en su dictamen además exhortó al juez Monte a disponer la elevación a juicio del expediente en forma “urgente”. De esta manera, el ex policía Deibid Vergara no solo que continuará tras las rejas, sino que está cada vez más cerca de enfrentar el debate oral donde se determinará su responsabilidad en el crimen que se le imputa. Vergara está imputado por el delito de “homicidio agravado por la condición especial del autor (agente de seguridad) y por el uso de arma de fuego”, delito de prevé una pena de prisión perpetua. Ejecutado El hombre está acusado de ejecutar al adolescente Víctor Márquez Dos Santos (16) en la noche del 24 de agosto de 2019 sobre una calle terrada de la localidad de Santa Ana, donde la víctima residía junto a su padre Filiberto (66), quien murió durante el sepelio de su hijo. El joven fue asesinado de un disparo que le atravesó la cabeza y, según dictaminaron dos pericias balísticas, una realizada por la Policía y otra por la Gendarmería, el proyectil utilizado salió del arma reglamentaria 9 milímetros que portaba el suboficial Vergara, que cumplía funciones en la comisaría local. El crimen tuvo un velo de misterio que se extendió durante una semana, hasta que una mujer policía se quebró y acusó a Vergara por el asesinato. Días después otro uniformado dirigió las mismas acusaciones. Lo que se cree es que esa noche una comisión policial integrada por Vergara y otros agentes de la comisaría recorrían Santa Ana en un patrullero hasta que se cruzaron con Víctor Márquez en cercanías a la Escuela de Comercio 10. Los testimonios recolectados indican que en esa instancia Vergara bajó del patrullero, avanzó hacia una zona de oscuridad y desde allí se oyó el disparo que terminó con la vida del muchacho. La mujer policía añadió que después de ello fue amenazada y obligada a alterar libros de guardia y documentos oficiales. Ella se llama María Soledad Cipontino (36) y está imputada por “encubrimiento agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de un instrumento público agravado”. Los otros dos uniformados implicados son Ramón Darío Núñez (41) y Matías Rafael Acosta (29), quienes enfrentan cargos por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado”. Los últimos tres involucrados mencionados aguardan el proceso en libertad y en fecha aún por definir deberán verse las caras con Vergara en un debate oral y público de alta complejidad. FOTO PRINCIPAL: Micaela Feversani.
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