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Parana » Informe Digital
Fecha: 31/08/2025 05:29
La semana pasada, la Justicia Federal de Córdoba recibió la primera denuncia por presuntas irregularidades en las auditorías médicas, que ocasionaron en el país miles de bajas de pensiones no contributivas (PNC) por invalidez debido a discapacidades físicas o psíquicas. La denuncia fue presentada por el abogado de Cruz del Eje, Pablo Olmos, quien solicitó investigar por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, quien ordenó las auditorías sin un marco legal y con numerosas irregularidades. Perfil CÓRDOBA dialogó con la trabajadora social Micaela López, quien forma parte desde hace 14 años de la Junta de Certificación de Cruz del Eje, junto a una médica fisiatra y una psicóloga. Esta junta funciona en el Centro de Rehabilitación del Hospital Aurelio Crespo. Micaela es testigo directa de la situación que enfrenta el norte cordobés en relación con las pensiones. MICAELA LÓPEZ. “Acá está la trampa legal, les sacaron las pensiones solamente por no haberse notificado”, afirmó contundente la trabajadora social. En la provincia de Córdoba, existen 25 juntas para facilitar la accesibilidad al sistema. Estas son las responsables de recibir las historias clínicas de las personas que desean acreditar discapacidad y de realizar la evaluación necesaria para expedir el Certificado Único de Discapacidad (CUD). En el caso particular de Cruz del Eje, también abarca parte de los departamentos Minas, Pocho e Ischilín; es la zona más pobre y vulnerable socioeconómicamente del interior provincial. Por ello, el impacto de la “motosierra” del Gobierno nacional es monumental en esta región. Auditorías en un limbo normativo En enero de este año, Diego Spagnuolo, en ese momento titular de Andis, publicó una resolución con un nuevo “baremo” (un instrumento que establece los estándares para evaluar el grado de invalidez física o psicológica y si una persona es apta para recibir una pensión). Sin embargo, en mayo, dicha resolución fue derogada. En el “limbo” normativo, Spagnuolo impulsó auditorías bajo la premisa de que se habían otorgado miles de pensiones de manera indebida. El problema radicó en el método empleado y la sospecha de que el verdadero objetivo era provocar bajas, incluso de aquellos que legítimamente les correspondía la pensión. Qué pasó en Cruz del Eje “Cuando comenzaron a citar a las auditorías –relató Micaela López a este medio– la gente se desesperaba”. “Las cartas documento no llegaban a los domicilios”, precisó. “La forma de citar fue intencionadamente maliciosa”, opinó, “pues estaban dirigidas a domicilios antiguos, a pesar de que el Estado dispone de plataformas de datos actualizadas, como Anses o Mi Argentina”. Se encontraban direcciones ficticias o indefinidas, como “Calle Pública S/N”, lo que hizo que el correo no supiera dónde entregarlas. Esto provocó largas filas en las oficinas del Correo Argentino de Cruz del Eje, que contaba solo con dos empleados; uno atendía en la sucursal y el otro salía a repartir. “La gente llegaba de noche y dormía allí para saber si había llegado su carta documento”, señaló Micaela. COLAS EN EL CORREO. Al igual que en ‘El coronel no tiene quien le escriba’, miles de personas se agolparon a la espera de su carta documento, de las cuales el 50% no la recibió. Otro aspecto cuestionable que Micaela describió fue la forma de notificación, que se realizaba a través de carta documento, empleando un lenguaje “muy técnico, no accesible y ambiguo”. “Decía que no era necesario presentar un nuevo certificado médico oficial, pero sí documentación actualizada”, relató. Esto provocó el segundo colapso: ocurrió en el hospital. “Personas con retraso mental se enfrentaban a un texto repleto de palabras complejas que no entendían, y se agolpaban en el hospital para solicitar historias clínicas”. “No sabían qué hacer”, recordó López. Para complicar aún más la situación, no había instructivos en los organismos oficiales de la zona. Anses desconocía la situación y no recibió información de Andis. “Todos los servicios públicos colapsaron”, afirmó la trabajadora social. En la Junta, los reclamos desbordaron la capacidad de respuesta. “Atendíamos 100 personas por día”, comentó, “lo que hicimos fue guiarlas para que, al menos, pudieran responder algo y evitar la baja masiva de pensiones.” La gran incógnita es: ¿quién realiza las auditorías, hay empresas privadas contratadas y cuánto cobran? Según el testimonio de la asistente social López, las nuevas evaluaciones están a cargo de médicos en consultorios privados, “sin ningún tipo de formación en discapacidad”. “Hubo maltrato hacia la gente; conocí el caso de un chico con traumatismo craneoencefálico que, tras años de rehabilitación, logró hablar y moverse, pero todavía presenta dificultades cognitivas”, compartió. También mencionó otros ejemplos: “Un chico que sigue teniendo crisis convulsivas y no puede hacer esfuerzos, fue maltratado por los médicos; y una chica de 20 años con parálisis cerebral, que vive en El Chacho, en la frontera con La Rioja, debió ser trasladada a Cruz del Eje para ser auditada”. Más burocracia “Al salir de la auditoría, si tenían la fortuna de recibir un papel que confirmara que habían sido auditados, debían digitalizarlo y enviarlo por correo electrónico o postal; para muchos eso era imposible porque ni siquiera sabían qué era un mail”, destacó Micaela. La Municipalidad de Cruz del Eje dispuso que personal administrativo se encargara de cargar los certificados para la gente. Sin carta y sin pensión El principal problema afectó a aquellos que no recibieron ninguna notificación. Deben comunicarse por WhatsApp y reciben respuestas automáticas de un bot. “El 50% de las personas no se enteró de su auditoría, ni cuándo ni dónde debía ir”, enfatizó López. “No fue notificada, fue al correo y no había carta documento, realizó el trámite por WhatsApp o correo, pero no recibió respuesta, no supo dónde presentarse, y fue a los consultorios, donde los auditores tampoco tenían información”, una situación similar a la famosa novela ‘El Coronel no tiene quien le escriba’, de Gabriel García Márquez. “Toda esa gente dejará de percibir la PNC. Aquí está la trampa legal, les quitaron las pensiones únicamente por no haber sido notificados”, concluyó la profesional. Su relato no puede desvincularse de las sospechas de coimas en la Andis. Las políticas que supuestamente buscan sanear una base de datos de pensionados se implementan en medio de un escándalo nacional por el presunto cobro de ‘peajes’ ilícitos en el organismo, que alcanza hasta las altas esferas del Poder Ejecutivo, con menciones explícitas a la secretaria general de la Presidencia y hermana del jefe de Estado, Karina Milei, y a su mano derecha, Eduardo ‘Lule’ Menem. Quien se escucha en los audios reconociendo las coimas es Diego Spagnuolo.
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