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» Santo Tome al dia
Fecha: 30/08/2025 13:06
Por Santotomealdía Una denuncia por presunto abuso sexual ocurrida en la escuela primaria Nº 140 de nuestra ciudad generó una conmoción profunda. La víctima es un niño de seis años; los señalados como responsables, dos alumnos de la misma institución, también menores de edad. El hecho habría ocurrido a comienzos de esta semana, y está siendo investigado por la Justicia de Menores. Pero más allá del hecho puntual —delicado y en extremo doloroso—, lo que quedó expuesto es la fragilidad del sistema de protección que debería activarse en situaciones como esta. Y, en paralelo, una reacción social desbordada, violenta e ilegal, que derivó en la difusión masiva de imágenes y datos personales de niños, una acción que está expresamente prohibida por la ley. Desde el momento en que la madre del niño denunció el abuso, el proceso judicial comenzó a desarrollarse con intervención médica, pericial y psicológica. La víctima está siendo acompañada por profesionales. Sin embargo, lo que sucedió fuera de ese marco institucional fue, en muchos aspectos, alarmante. Se viralizaron fotos y nombres de los presuntos responsables, niños que probablemente no superan los 12 años. Se construyó un relato único, sin verificación, sin resguardo, sin contexto. Se los condenó socialmente sin posibilidad de defensa. Las amenazas que recibió la familia de uno de ellos reflejan el nivel de violencia que puede alcanzar una sociedad cuando actúa desde la emoción y no desde la legalidad. Esto no significa minimizar el hecho denunciado. Por el contrario, implica defender con fuerza la necesidad de actuar con responsabilidad, respeto por el debido proceso y cuidado integral de todos los niños involucrados. Porque cuando se vulneran derechos en nombre de la justicia, lo que se instala es el caos. Por otro lado, la actuación de la institución educativa también deja interrogantes. La madre de la víctima relató que su hijo le contó lo sucedido en su casa, y que tras acudir a la comisaría, fue convocada recién al día siguiente por la escuela, que hasta ese momento no habría detectado ni activado el protocolo correspondiente. Si bien los hechos aún están siendo esclarecidos, las demoras o silencios dentro del ámbito escolar son inadmisibles frente a un caso tan grave. El Ministerio de Educación de Santa Fe cuenta con guías claras para intervenir ante situaciones de violencia o abuso. Asimismo, el Protocolo Interinstitucional vigente en la provincia desde 2016, elaborado junto a UNICEF y la Asociación por los Derechos Civiles, establece mecanismos de actuación inmediata, protección integral y articulación entre instituciones. Nada de eso parece haberse cumplido plenamente en este caso. Finalmente, lo ocurrido deja una enseñanza dura, pero necesaria. La protección de las infancias no admite improvisación, ni omisiones, ni linchamientos públicos. Cada niño y niña, víctima o acusado, merece ser tratado con respeto, con cuidado, y bajo el amparo de la ley. La respuesta a un hecho aberrante no puede ser otra aberración. Ni el silencio, ni el escarnio. Como sociedad, este caso debe interpelarnos. No es solo una noticia dolorosa: es un llamado urgente a revisar cómo actuamos todos —Estado, escuela, comunidad— frente a lo que más nos duele.
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