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» Misionesopina
Fecha: 28/08/2025 23:04
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) volvió a quedar en el ojo de la tormenta. Esta vez, la polémica se desató en Misiones, donde se difundieron videos de auditorías de pensiones por invalidez organizadas de manera precaria por militantes de La Libertad Avanza. Más de 200 personas, muchas de ellas con movilidad reducida, fueron citadas en San Ignacio y San Pedro para exponer su situación frente a supuestos “auditores” que, según denuncias, carecían de título médico y no solicitaron la documentación clínica de los beneficiarios. Testigos señalaron que los formularios que manejaban ya estaban firmados por profesionales, lo que despierta dudas sobre la validez de todo el procedimiento. La indignación se multiplicó cuando trascendieron imágenes del lugar: un viejo restaurante abandonado en San Ignacio, sin baños habilitados ni condiciones de accesibilidad, donde las personas esperaron durante horas bajo el sol y sin acceso a agua. “Ese restaurante no era el sitio al que se citó originalmente; habían sido convocados a un hotel cercano, pero a último momento los llevaron ahí por falta de espacio”, denunció la presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez. Ante la gravedad de la situación, Antúnez —cuyo organismo depende de la Vicegobernación— presentó un recurso judicial en la Justicia Federal, acompañado por el Gobierno de Misiones, para frenar la suspensión de pensiones no contributivas por discapacidad. “Queremos que se retrotraiga todo a su inicio y que las auditorías se hagan de forma transparente, respetuosa y sin vulnerar derechos básicos”, explicó. El escándalo no se limitó a San Ignacio: hechos similares se registraron en Concepción de la Sierra y San Pedro, donde nuevamente se improvisaron sedes sin planificación ni condiciones mínimas. Un ajuste con derechos vulnerados El trasfondo nacional agrava el cuadro. El Gobierno de Javier Milei intensificó la revisión de pensiones alegando un crecimiento “excesivo” de beneficiarios durante las gestiones anteriores. Sin embargo, las estadísticas oficiales de ANSES muestran otra cosa: a septiembre de 2024 había 1,2 millones de pensionados por invalidez en Argentina, apenas el 2,6% de la población. En España, la proporción es similar (2,2%). Especialistas advierten que se manipulan cifras para justificar un ajuste que recorta derechos. El ex titular de la ANDIS, Fernando Galarraga, sostuvo que el enfoque del Gobierno revela un desconocimiento total de las obligaciones internacionales de la Argentina: “La ONU ya pidió en varias oportunidades que se elimine la mirada médica restrictiva y se reconozca que la discapacidad siempre implica costos adicionales para las familias”. ¡Alerta en Misiones! La revalidación de pensiones por discapacidad genera indignación y preocupación en San Ignacio y San Pedro.Beneficiarios y sus familias enfrentan largas filas al aire libre, sin condiciones adecuadas ni accesibilidad. Muchos se vieron obligados a movilizarse por sus propios medios, incluso desde zonas rurales, para un trámite esencial para su subsistencia.Hay fuertes críticas por la falta de empatía y la desorganización. Este procedimiento, que debería ser un apoyo, se ha convertido en un obstáculo que complejiza aún más la vida de quienes dependen de estas pensiones no contributivas.A pesar de ser una auditoría administrativa, las condiciones generaron malestar y miedo a perder la pensión. ¡Exijamos respeto y dignidad para las personas con discapacidad!#Discapacidad #Misiones #PensionesNoContributivas #Derechos #Inclusión Publicado por RADIO NEWS en Jueves, 28 de agosto de 2025 Un escándalo que se conecta con las coimas Este episodio estalla en medio del caso de presuntas coimas en el área de Discapacidad, que salpica directamente a la Secretaría General de la Presidencia. El abogado Gregorio Dalbón denunció penalmente a Javier Milei, su hermana Karina, Eduardo “Lule” Menem y exfuncionarios de la ANDIS por una trama de retornos vinculados a prestadores. La causa, que quedó en manos del juez Sebastián Casanello, suma un capítulo misionero: auditorías improvisadas, militantes sin matrícula médica y cientos de personas expuestas a la intemperie para sostener una narrativa de “fraude” que los números internacionales desmienten
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