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Parana » Plazaweb
Fecha: 28/08/2025 22:54
La diputada nacional Blanca Osuna presentó un reclamo administrativo fue presentado ante la Mesa de Entradas de la Casa de Gobierno de Entre Ríos por presunto incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, en relación a la gestión del Puerto de Ibicuy. La presentación apuntó directamente al gobernador Rogelio Frigerio y a los organismos responsables de la administración portuaria, señalando la falta de transparencia y riesgos ambientales derivados de la operatoria de la empresa PTP Warrant S.A. El planteo se centró en la falta de publicación del Convenio de Permiso de Uso Oneroso, firmado el 28 de octubre de 2024 entre el Ente Autárquico Puerto Ibicuy y la firma PTP Warrant S.A. Según se indicó, a lo largo de cuatro pedidos formales —realizados entre noviembre de 2024 y mayo de 2025— solo se recibieron respuestas “parciales, omisivas y con derivaciones indebidas”. El 12 de junio se efectuó además un reclamo ante el Instituto Portuario, que derivó la obligación de responder a otros organismos el 26 de junio, sin que hasta la fecha se haya obtenido respuesta. El escrito destacó la importancia estratégica del Puerto Ibicuy como vía de salida de la producción entrerriana, generador de empleo y factor económico regional, al tiempo que advirtió sobre el impacto que su actividad puede tener en materia ambiental y sanitaria para las comunidades cercanas. “La opacidad en este tipo de acuerdos limita e impide controlar el cumplimiento de obligaciones laborales, ambientales y de desarrollo turístico que son esenciales para la zona”, señaló la presentación. El reclamo también hizo referencia a un episodio ocurrido entre el 10 de marzo y el 25 de junio de 2025, cuando PTP Warrant almacenó a cielo abierto alrededor de 5.000 toneladas de azufre en el predio portuario. Según se denunció, ese formato de acopio expuso el material a la lluvia y el viento, generando “riesgo real de contaminación del aire, del suelo y del río Paraná Ibicuy”, con potencial impacto sobre la salud de trabajadores portuarios, comunidades vecinas, la pesca artesanal, el turismo y actividades deportivas. El petitorio incluyó una serie de puntos considerados urgentes, entre ellos: la publicación íntegra del convenio, los estudios y certificados ambientales exigidos, el grado de avance de obras comprometidas por la empresa, los registros de facturación y pago del canon, las medidas de protección sanitaria, y los protocolos de remediación ante posibles derrames o contaminación. La presentación cuestionó además lo que definió como una contradicción en la gestión provincial. “Resulta paradójico que el propio gobernador Frigerio, autor e impulsor de la Ley provincial N° 11.191 que garantiza el Derecho de Acceso a la Información Pública, vigente desde febrero de 2025, y que presentó como un logro de la transparencia de su gobierno, sea, al mismo tiempo, el principal responsable de funcionarios y funcionarias que omiten información y no responden requerimientos en ese marco”, advirtió el texto. El reclamo concluyó con un pedido directo al mandatario: “Señor Gobernador, usted debe predicar con el ejemplo y cumplir con la ley. El reclamo es claro: exigimos transparencia, en defensa del derecho a la información, al desarrollo productivo, al cuidado del ambiente y la salud”.
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