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Gualeguaychu » Reporte2820
Fecha: 28/08/2025 20:38
La diputada nacional del PJ, Blanca Osuna, expuso los motivos del reclamo administrativo por la supuesta "falta de transparencia y riesgo ambiental" tras la concesión del puerto. La legisladora elevó un reclamo administrativo ante la Gobernación por el incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública por parte del Ejecutivo provincial y los organismos responsables de la gestión del Puerto de Ibicuy. El reclamo se funda "en la falta de publicación del Convenio de Permiso de Uso Oneroso suscripto el 28 de Octubre de 2024 entre el Ente Autárquico Puerto Ibicuy y PTP Warrant S.A., y en las respuestas parciales, omisivas y derivaciones indebidas que he recibido tras cuatro pedidos que realicé el 14 de Noviembre de 2024, el 13 de Febrero de 2025 y el 09 de Mayo de 2025", explicó. Además, "el 12 de Junio presenté un reclamo y denegatoria ante el Instituto Portuario, organismo que derivó la obligación de responder a otros organismos el 26 de Junio, sin que hasta la fecha se haya recibido ninguna respuesta", dice Osuna. La diputada peronista calificó la falta de respuestas oficiales como "grave" y argumentó que "el Puerto cuenta con condiciones excepcionales, constituye una infraestructura estratégica para la provincia. Es vía de salida de la producción de la región, genera actividad económica y puestos de trabajo". A su vez, "su actividad impacta en la seguridad ambiental y sanitaria de comunidades que habitan y producen en su entorno. La opacidad en este tipo de acuerdos limita e impide controlar el cumplimiento del Gobierno provincial de obligaciones laborales, ambientales y de desarrollo turístico que son esenciales para la zona". Sobre ese supuesto riesgo ambiental, Blanca Osuna cita "el evento ocurrido en el Puerto Ibicuy a raíz de la descarga y acopio a cielo abierto efectuado por la empresa PTP Warrants S.A. de alrededor de 5.000 toneladas de azufre, producto que quedó estacionado entre el 10 de Marzo y el 25 de Junio de 2025. El formato de acopio expuso el material a lluvia y viento, con riesgo real de contaminación del aire, del suelo y del río Paraná Ibicuy, y puso en peligro la salud de los trabajadores portuarios, vecinas comunidades y la ribera afectada al turismo, a la pesca artesanal y actividades deportivas". Luego pude "urgentes y claras respuestas sobre: la publicación íntegra y pública del convenio; los estudios y certificados ambientales exigidos (EIA, certificado de aptitud ambiental y medidas de contención previstas); el estado y grado de avance de las obras comprometidas por la Empresa PTP Warrants S.A. en el convenio". A eso sumó "los registros de facturación y pago del canon (fijo y variable) establecido; las medidas de protección sanitaria y de prevención para trabajadores y comunidad ante el acopio y movimientos de insumos nocivos para la vida y el ambiente; los controles y protocolos de remediación ante derrames o contaminación ocurrida en el agua y el suelo". "Resulta paradójico que el propio gobernador Rogelio Frigerio, autor e impulsor de la Ley provincial N° 11.191 que garantiza el Derecho de Acceso a la Información Pública, vigente desde el 26/02/2025, y que presentó como un logro de la transparencia de su gobierno, sea, el principal responsable de funcionarios que omiten información y no responden", se quejó Osuna.
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