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» Comercio y Justicia
Fecha: 28/08/2025 07:12
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) de Tucumán condenó a penas de hasta 3 años y medio de prisión a tres ex integrantes de la cúpula directiva de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) por el manejo irregular de fondos públicos. Además, fueron sentenciados a abonar una reparación millonaria, que se deberá actualizar por índice IPC desde el momento de los hechos -cometidos entre 2006 y 2011- hasta la efectivización de su pago. En el juicio intervinieron los fiscales Pablo Camuña y Agustín Chit y la auxiliar fiscal Lucía Doz Costa. Los jueces Ana Carina Farías, Abelardo Jorge Basbús y Enrique Lilljedahl dieron por acreditado una serie de hechos sucedidos en aquel período de cinco años, que incluyen sobreprecios en la contratación de obra pública, colocación irregular de dinero de la universidad en inversiones financieras y la renuncia arbitraria a las utilidades que le correspondían a la UNT de la empresa Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD). El TOCF condenó a tres de los cuatro imputados. La sanción más elevada fue para el ex rector Juan Alberto Cerisola, quien fue penado con 3 años y 6 meses de prisión como autor de incumplimiento de los deberes de funcionario público y como coautor de defraudación en perjuicio de la administración pública. En tanto, solo por el segundo delito y en carácter de coautores, resultaron condenados la ex directora general de Construcciones Universitarias, Olga Cudmani (3 años y 2 meses de prisión) y el ex director de Inversiones y Contrataciones, Osvaldo Venturino (2 años de prisión en suspenso). Todos recibieron inhabilitación especial y perpetua para desempeñarse como funcionarios públicos. El ex subsecretario administrativo de la universidad, Luis Sacca, fue absuelto por el beneficio de la duda. Cerisola y Cudmani deberán hacer un pago solidario de $39.277.376, que se deberá actualizar conforme índice IPC desde la entrega de la última obra objeto de la causa, el 30 de octubre de 2012. En tanto, Cudmani y Venturino deberán desembolsar $717.000,66, en relación a la readecuación económica financiera respecto de una de las obras objeto del debate, una suma que se actualizará desde el 22 de diciembre de 2011. El juicio -iniciado en junio de 2024- se desarrolló durante 14 meses, con más de 40 audiencias, medio centerar de testigos y peritos en sala. Se incorporaron 50 cajas de documentos y se realizaron 11 inspecciones oculares en 11 de las 13 obras analizadas. El tribunal anunció que los fundamentos de la sentencia se conocerán dentro de los próximos 40 días hábiles. MPF A su turno, el MPF solicitó penas de entre 2 y 6 años de prisión para los cuatro ex integrantes de la cúpula directiva de la UNT y que se los condenara a pagar el perjuicio que causaron. La Fiscalía solicitó la imposición de 6 años de prisión para Cerisola; de 4 años para la ex directora general de Construcciones Universitarias Cudmani, y de 2 años de prisión para el ex director de Inversiones y Contrataciones Venturino. En todos los casos solicitó además la pena de inhabilitación absoluta y perpetua para su desempeño como funcionarios públicos. En cuanto el ex subsecretario administrativo Sacca, reclamó 2 años de prisión e inhabilitación absoluta por 10 años por incumplimiento de deberes en relación al trámite de las colocaciones financieras. Convenciones Al solicitar las penas, el equipo fiscal requirió que al momento de dictar sentencia el tribunal declare que los hechos que fueron parte del debate son actos de corrupción contra la UNT, conforme lo señalan la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción, la Convención Interamericana Contra la Corrupción y el artículo 36 de la Constitución Nacional. Además, indicó que el monto actualizado del perjuicio a la UNT permitiría casi garantizar su funcionamiento completo por un año (84.mil millones de pesos, a monto de 2023), otorgar casi 32.500 becas a estudiantes durante 5 años (de las que hoy dan tanto la propia UNT como el plan Progresar) y dotar de fondos a 17 mil proyectos CONICET de investigación o comprar 120 casas de las más onerosas y mejor ubicadas en Tucumán. Peticiónó asimismo que, una vez emitida la sentencia, se remitan copias certificadas por secretaría de todo lo actuado en el debate y de los elementos reunidos durante la investigación a la Fiscalía federal correspondiente para que indague sobre la posible responsabilidad penal de otras personas en los mismos hechos. La Fiscalía realizó su exposición centrándose en tres bloques de imputación: -La renuncia a fondos de YMAD. Planteó que Cerisola, sin ningún plan de obras, fundamento técnico o profesional y sin la intervención del Consejo Superior, dio por finalizada la Ciudad Universitaria pese a que quedó demostrado no sólo que no se realizó ningún esfuerzo en ese sentido, sino que se apartó de la normativa para destinar los fondos a la realización de forma discrecional de obras aisladas en distintas facultades. La renuncia implicó, sólo hasta 2010, la pérdida para la UNT de acceder a fondos equivalentes a más de 64 mil millones de pesos actuales. -Contrataciones de obras con fondos de YMAD. La acusación dirigida contra Cerisola, Cudmani y Venturino se centró en la defraudación a la UNT y la violación de sus deberes funcionales en lo relativo a la tramitación, ejecución y control de, al menos, 13 obras que fueron analizadas en el debate oral. Venturino fue acusado en relación a su actuación por una obra en la Facultad de Derecho. En este punto, la Fiscalía se dirigió a demostrar que se había creado un régimen paralelo al establecido en la ley de obras públicas con el objetivo de evitar los procedimientos contractuales que limitan el manejo opaco y discrecional de fondos públicos. Indicó que en este contexto el entonces rector había alterado el organigrama histórico de la UNT para poner bajo su órbita directa (sin controles por oposición ni verticales) a la Dirección General de Construcciones Universitarias, a cargo de Cudmani, quien comandaba a su vez la Dirección de Inversiones y Contrataciones, cuyo titular era Venturino. Marcó que en las 13 obras analizadas se corroboró una infinidad de irregularidades, entre las que se destacan “sobreprecios rampantes”, sobre certificaciones y otorgamiento irregular de anticipos financieros no previstos en los pliegos. En tal sentido, precisó que llegó a determinarse un perjuicio a la UNT de más de 18.000 millones de pesos actuales. -Inversiones financieras irregulares. La Fiscalía también alegó sobre la demostrada aplicación de un subsistema ilegal de colocación financiera de los fondos provenientes de YMAD, “caracterizado por su opacidad, falta de controles y de transparencia y sujeto a una total discrecionalidad”, por el que llegaron acusados Cerisola y Sacca. Fondos millonarios se colocaron en distintas instituciones bancarias, algunas de poca fiabilidad en la plaza, e incluso en fideicomisos sin los controles exigidos, por plazos muy extensos y sin ningún tipo de proceso de selección.
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