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» El Ciudadano
Fecha: 28/08/2025 02:58
El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó la citación a declaración indagatoria de seis personas, entre ellas el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el diputado nacional Pablo Ansaloni (La Libertad Avanza), en la causa que investiga un plan para intervenir la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). La denuncia fue presentada por el secretario general del gremio, José Voytenco. El requerimiento, dirigido al juez Sebastián Casanello y revelado por Infobae, se apoya en una investigación que incluyó allanamientos, peritajes y análisis de comunicaciones. La Fiscalía sostuvo que existen elementos suficientes para sospechar que se montó un acuerdo ilícito para desplazar a las autoridades legítimas del sindicato. El expediente apunta a Cordero, Ansaloni, Claudio Aquino (director nacional de Asociaciones Sindicales), Marcelo Petroni (interventor de OSPRERA), Marcelo Andrada (ex titular de la seccional La Plata de UATRE) y Aixa Petriati (ex subdelegada del gremio en Buenos Aires). Según Marijuan, los hechos podrían encuadrar en los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y encubrimiento. Carpetas y comunicaciones bajo la lupa Uno de los puntos clave de la pesquisa fue el allanamiento realizado en febrero a la sede de la obra social OSPRERA, donde se encontraron carpetas digitales y dispositivos electrónicos con información considerada relevante. El análisis de teléfonos y registros oficiales mostró un intenso intercambio de llamadas y reuniones entre los acusados, incluso con funcionarios como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. La investigación también documentó ingresos frecuentes de los acusados a dependencias de la Secretaría de Trabajo y su participación en audiencias oficiales. Para el fiscal, estos elementos confirman la «acción concertada» para forzar una intervención judicial de la UATRE. El trasfondo político y sindical De acuerdo a la denuncia de Voytenco, las maniobras comenzaron a gestarse luego de que Ansaloni perdiera las elecciones internas de 2022. Desde fines de 2024, explicó, los acusados habrían hecho circular borradores de dictámenes con información falsa para preparar el terreno. El 29 de enero de 2025, la Secretaría de Trabajo firmó un documento solicitando la intervención judicial del gremio, lo que derivó en la apertura de un expediente. Sin embargo, la Sala VI de la Cámara Nacional del Trabajo rechazó la medida cautelar impulsada por el Gobierno, con el argumento de que vulneraba la libertad sindical y carecía de sustento jurídico. Un avance en la causa Marijuan señaló en su dictamen que la prueba reunida «permite tener por acreditada la hipótesis delictiva denunciada», y que los acusados se valieron de sus cargos e influencias para avanzar sobre la conducción sindical. «La indagatoria es el primer paso para que los imputados ejerzan su derecho de defensa frente a hechos concretos», remarcó. La causa continúa en etapa de instrucción y no se descartan nuevas medidas en base al análisis de la documentación y los dispositivos secuestrados Fuente: Identidad Sindical
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