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» Diario Cordoba
Fecha: 27/08/2025 23:31
Los decretos que ha aprobado el Gobierno central desde el pasado mes de marzo para el reparto de menores inmigrantes no están planteados sólo para una situación coyuntural como es la saturación de las plazas de las Islas Canarias por las llegadas de pateras en los últimos meses. Se ha diseñado un nuevo modelo de atención a los menores en los territorios estable, a largo plazo y coordinado por el Ejecutivo central, que pone del revés todo el sistema que se ha configurado en Andalucía en los últimos años. Es la comunidad más afectada y en la que hay un mayor desequilibrio entre la situación actual y la que debe produdirse a partir de este mes de septiembre. El decreto aprobado el martes por el Consejo de Ministros es la clave de todo el modelo. Fija, con un criterio principalmente de población, la capacidad de acogida de menores inmigrantes que puede tener cada comunidad autónoma. Es decir, el número de plazas que, de acuerdo con una serie de criterios técnicos, debería tener si hubiera un reparto solidario en España de los niños, niñas y adolescentes que llegan a cualquier punto de las costas españolas. Y el decreto considera que Andalucía puede acoger hasta 2.827 menores. El problema es que la red actual de plazas coordinadas por la Consejería de Inclusión Social tiene sólo 645 plazas que se encuentran prácticamente ocupadas todo el año. Por lo tanto, para cumplir con los criterios fijados por el Ministerio debería multiplicar por cinco su actual red. De ahí el choque frontal que se está produciendo entre la comunidad autónoma y el Ministerio. Son varias las consecuencias de la cifra asignada a Andalucía. La primera y más inmediata es que cuando se produzca un reparto obligatorio de menores inmigrantes como el anunciado para este mes de septiembre, la Junta no podrá alegar que su red de plazas está saturada puesto que debería tener cinco veces las plazas de las que dispone. Es uno de los motivos por los que será la comunidad que más inmigrantes menores reciba en los traslados de Canarias, un máximo de 677 (una cifra que finalmente será muy inferior, según aclaran desde el Ministerio). La segunda es que cuando se produzcan traslados obligatorios de otras comunidades recibirá la financiación mínima (los gastos de desplazamientos más tres meses de atención) lo que en el hipotético caso de que llegaran 677 menores en el próximo traslado desde Canarias supone unos 9 millones de euros. Pero no tiene derecho a una financiación extraordinaria que sí recibirán otros territorios que sobrepasan su capacidad ordinaria y por tanto reciben una compensación. Sólo la recibiría si llega a sumar más de 2.827 plazas, un límite que ahora parece imposible que se alcance. Existe una tercera consecuencia. El decreto establece un protocolo para que una comunidad pueda pedir ayuda y forzar el traslado de menores, como va a hacer ahora Canarias. Se puede activar cuando se triplique la capacidad real de atención de menores. Es decir, cuando haya tres veces más menores inmigrantes de las plazas disponibles. En el caso de Andalucía esto supone que habría que superar los 8.000 menores inmigrantes acogidos para que se pueda activar, una cifra que dada la evolución de los últimos años es completamente inviable. Agravios entre territorios Este sistema ha abierto una nueva guerra política de agravios entre territorios por las cifras y los criterios. Andalucía es parte activa de este conflicto. Rechaza tener que aumentar sus plazas para menores inmigrantes y tener que acoger traslados por encima de las posibilidades de su red actual. Además considera que cualquier medida en materia migratoria debería tener una compensación extraordinaria por ser frontera sur, condición no está reconocida en ningún documento salvo para Ceuta y Melilla. Es cierto que la capacidad ordinaria establecida según población tiene consecuencias más perjudiciales para Andalucía respecto a otros territorios más pequeños. Se le exige más por tener más habitantes. Concretamente, Andalucía debe tener capacidad para acoger más inmigrantes menores que Cataluña (2.650) o que Madrid (2.325). Y hasta cuatro veces más por ejemplo que las Islas Canarias cuyo límite está establecido en 737 (aunque la cifra real sobrepase las 4.000 personas en estos momentos). Pero el marco orincipal en el que se centra la Junta para denunciar los agravios es el fijado en marzo por decreto para repartir los menores inmigrantes cuando una comunidad esté saturada. Se contemplan cuestiones como la población, la renta, el paro o el esfuerzo realizado en los últimos años. Y la consecuencia es que Andalucía o Madrid son las que más menores inmigrantes tienen que acoger y, sin embargo, País Vasco no recibirá ninguna y en Cataluña será testimonial. La condición de frontera La Junta de Andalucía viene denunciando durante los últimos días un tercer agravio. Según el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al País Vasco se le ha concedido un reconocimiento como frontera norte que a Andalucía se le niega como frontera sur y que daría acceso a beneficios y ayudas. La realidad sin embargo es que ese reconocimiento no se ha aprobado. Ha sido solicitado por el Gobierno del País Vasco, pero hasta el momento no se ha incluido en ninguna norma y, como subrayan desde el Ministerio de Juventud e Infancia, no está contemplado en ninguno de los decretos aprobados hasta el momento. Sólo tienen un reconocimiento especial en las normativas aprobadas hasta el momento las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y las Islas Canarias por su insularidad. Ni Andalucía ni el País Vasco ni Cataluña tienen formalmente un reconocimiento que las diferencie del resto. Andalucía vivió una situación límite por la llegada de pateras a las costas en el año 2018. Sin embargo, durante los últimos años se ha registrado un cambio en las rutas migratorias que ha rebajado la presión en Cádiz o Málaga y sólo en Almería se mantienen unos índices elevados. Las rutas se centran en Canarias y en el levante con Murcia e Islas Baleares como nuevos territorios de llegada. Medidas inmediatas Andalucía no tiene que alcanzar de forma inmediata las 2.827 plazas. Pero sí tiene un reto a la vuelta de la esquina que, según las palabras hechas públicas por la Junta, va a acatar. El Gobierno está dispuesto a empezar en el mes de septiembre con los traslados de los menores que saturan la red de plazas de Canarias. Desde marzo la Junta tiene sobre la mesa el planteamiento de que los menores que lleguen a Andalucía pueden alcanzar los 677. La respuesta por parte del Gobierno andaluz ha sido hasta ahora que es imposible acoger esta cifra puesto que la red de 645 plazas está saturada. Pero el problema es que acuerdo con este decreto la red autonómica no está saturada, es insuficiente. Y, por tanto, los traslados tienen base legal para realizarse y la Junta debe resolver la situación. Hasta el momento, durante los últimos meses y pese a la existencia de esta cifra, la Junta de Andalucía ha eludido aclarar qué pasos está dando para adaptar su red para la acogida de más menores. El planteamiento se ha centrado en tratar de frenar la estrategia de decretos del Gobierno de España con recursos ante el Tribunal Constitucional que aún no se han resuelto. La Junta de Andalucía denuncia que no hay información ni hay comunicación con el Ministerio, mientras que desde el Ejecutivo se remiten a las conferencias sectoriales convocadas que llevaban como orden del día el desarrollo de los decretos. En la última no fue ninguna comunidad del PP salvo Ceuta. Andalucía secundó ese plante.
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