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Parana » Informe Digital
Fecha: 27/08/2025 19:20
El Gobierno estimó que el costo fiscal derivado de la reducción de retenciones en la primera mitad del año y lo que resta de 2025, tras el anuncio de Javier Milei en la Sociedad Rural, alcanzará los USD 1.500 millones. La mayor parte de esta recaudación resignada se produjo en el primer semestre del año, debido a la liquidación estacional. Estas proyecciones se presentaron en el informe que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ofreció ante la Cámara de Diputados este miércoles, en una sesión tensa marcada por el escándalo de los audios del Andis. El documento, que respondía a más de 1.300 preguntas de los legisladores, incluye diversas consultas sobre el avance del plan económico. En este contexto, el informe expone el impacto fiscal y la justificación de la política de reducción de retenciones adoptada por el Gobierno este año. Según la Secretaría de Hacienda, “el costo fiscal total estimado por las medidas de reducción de las retenciones al sector agropecuario durante 2025 asciende a 1.189 millones de dólares”, cifra que incluye lo establecido en los decretos 38, 439 y 526 de este año. Desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca se explicó que la finalidad de la gestión es “eliminar los impuestos distorsivos y otorgar mayor libertad a los productores y actores económicos, conforme a las condiciones macroeconómicas”. En este sentido, se ha avanzado en la reducción permanente de los derechos de exportación sobre los principales granos, sus derivados y carnes. El documento enfatizó que el sector agropecuario representa “uno de los principales motores de la Argentina”, razón por la cual se implementaron “una serie de medidas para liberar la producción y el comercio en este año y medio de trabajo”. Se estima que el costo fiscal de la reciente reducción permanente de las retenciones a granos y carnes alcanzará los USD 350 millones para lo que resta de 2025. De este modo, considerando lo ocurrido en la primera mitad del año y lo que queda hasta diciembre, el costo fiscal total sería de USD 1.500 millones. Además, el Gobierno recordó que a comienzos del año se eliminaron totalmente las retenciones para las economías regionales, lo que implicó un costo superior a USD 50 millones, beneficiando a más de 30 cadenas de valor en todo el país. Respecto al desempeño exportador, el informe indicó que las ventas agroindustriales argentinas rondan los USD 48.000 millones anuales, con granos y carnes representando el 75% de estas colocaciones en más de 180 destinos. En el primer semestre de 2025, las exportaciones crecieron un 4% en volumen, destacándose incrementos como el del arroz (+109%), el trigo (+29%) y el girasol (+27%). También se registraron alzas en maíz, cebada y aceite de soja (+4% cada uno). La Secretaría de Agricultura señalarizó la expansión en diversas economías regionales: “La forestoindustria creció un 36% en volumen, el maní un 55%, las legumbres un 8%, los limones un 23%, el azúcar un 145%, los productos vitivinícolas un 4% y los cítricos dulces un 53%”. Estos datos, según el documento, ponen de manifiesto que las medidas adoptadas no solo buscan aliviar la carga fiscal sobre el sector, sino también potenciar su contribución a las exportaciones. En el sector privado, consideran que la prolongación de la reducción de las alícuotas de derechos de exportación generará dos efectos en el agro: sobre la cosecha gruesa del próximo año y, en este año, una aceleración en la venta de granos remanentes. Sobre el primer aspecto, se menciona que una disminución de las retenciones podría aumentar la superficie sembrada para la próxima campaña, lo que implicaría un mayor volumen de producción, estimado en 13 millones de toneladas adicionales, de las cuales aproximadamente 10 millones corresponderían a soja y 3 millones a maíz. Estos ingresos se reflejarán en la economía, en todo caso, en la primera mitad de 2026. En cuanto a los próximos meses, el efecto es más difuso, principalmente porque el carácter temporal del recorte de alícuotas anunciado en enero llevó a los productores a acelerar y anticipar las ventas de granos a las exportadoras. Las necesidades de venta para afrontar gastos (especialmente el arrendamiento de tierras) volverán a ser relevantes entre septiembre y octubre. En agosto, el arrendamiento potencial agropecuario —es decir, la capacidad de pago del productor— promedió USD 262 por hectárea en las cuatro principales zonas productivas del país. Según Equilibra, este valor resultó un 17% superior al de julio, gracias a dos factores: la mejora en los precios que los productores perciben de soja y girasol tras la reducción permanente de alícuotas de derechos de exportación anunciada a fines de julio, y la disminución en los costos directos y de comercialización debido al aumento del tipo de cambio oficial en los últimos días de ese mes. Por otro lado, el arrendamiento de mercado se situó en USD 326 por hectárea, lo que dejó una diferencia negativa de USD 64 por hectárea (-20%) respecto al arrendamiento potencial. Esta discrepancia no fue homogénea en todas las regiones: la zona sudeste de la provincia de Buenos Aires mostró la recuperación más destacada, logrando revertir la relación hacia una brecha positiva de +3%, mientras que en el oeste bonaerense se mantiene la mayor divergencia, con una brecha negativa del -36 por ciento.
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