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» Santo Tome al dia
Fecha: 27/08/2025 13:30
n el marco del juicio por la expropiación de YPF, la Argentina presentó este martes dos mociones ante la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, para que reconsidere su decisión de obligar al país a entregar correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otras comunicaciones privadas de actuales y exfuncionarios nacionales. La medida, dispuesta a fines de julio, exige que se recolecte información vinculada con la petrolera y otras empresas estatales, bajo el proceso conocido como “discovery” del alter ego, que busca demostrar que YPF y otras entidades públicas funcionan como extensión del Estado y, por lo tanto, sus activos pueden ser embargados. Entre los funcionarios señalados se encuentran el actual ministro de Economía, Luis Caputo, y su antecesor, Sergio Massa. Desde la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) argumentaron que la orden judicial desconoce principios del derecho estadounidense, ya que solo se puede requerir la entrega de documentos en “posesión, custodia o control” del demandado, algo que —según sostienen— el Estado argentino no tiene sobre los dispositivos y cuentas personales de sus funcionarios. Además, remarcaron que bajo la legislación local esos elementos son propiedad inviolable de sus titulares, lo que refuerza la imposibilidad de acceder a ellos. Una segunda moción solicita reconsiderar los pedidos de información sobre activos estatales, al advertir que Preska habría pasado por alto jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, como el caso NML Capital, que limita el discovery únicamente a bienes ejecutables. El litigio por la expropiación de YPF, dispuesta en 2012 durante la presidencia de Cristina Kirchner, mantiene a la Argentina bajo presión. El país fue condenado hace dos años a pagar una suma que, con intereses, asciende a USD 18.000 millones. Los fondos demandantes, Burford Capital y Eton Park, buscan extender el alcance de los embargos a empresas estatales como el Banco Central, Aerolíneas Argentinas, ENARSA y el Banco Nación. En paralelo, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito otorgó recientemente a la Argentina un alivio parcial al suspender la entrega de las acciones de YPF mientras se tramita la apelación. Esa decisión permitió que el Estado mantenga su participación mayoritaria en la compañía sin necesidad de aportar garantías adicionales. Según el especialista Sebastián Maril, el fallo resulta un paso favorable en la defensa de un activo estratégico, aunque el escenario judicial sigue abierto y las demandas de los fondos continúan avanzando en Nueva York.
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