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Parana » El Once Digital
Fecha: 27/08/2025 12:31
Argentina solicitó a la jueza Loretta Preska que reconsidere su orden de entregar comunicaciones privadas de funcionarios en el caso YPF. El gobierno advierte posibles apelaciones si la medida se mantiene, en medio de una disputa con fondos internacionales. El gobierno argentino solicitó formalmente a la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, que reconsidere su reciente decisión de ordenar la entrega de comunicaciones privadas de funcionarios nacionales involucrados en el caso YPF. La solicitud, confirmada por el especialista Sebastián Maril a través de sus redes sociales, señala la posibilidad de que el país recurra a una apelación si la magistrada mantiene su postura. La jueza Preska había emitido una orden a mediados de agosto para que el Estado argentino entregara correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otros documentos de comunicación de altos funcionarios del gobierno. Entre los nombres mencionados en la orden figuran el actual ministro de Economía, Luis Caputo, y su antecesor Sergio Massa, así como otros integrantes de las gestiones de Javier Milei y Alberto Fernández. Sin embargo, la solicitud no implica la entrega completa de los dispositivos o comunicaciones, sino que se enfoca en realizar búsquedas específicas utilizando palabras clave como “YPF” y “Aerolíneas Argentinas” para identificar la información relevante. El contexto del caso YPF y las demandas internacionales El caso de YPF, que involucra una disputa sobre la nacionalización de la empresa, adquirió una importancia estratégica para el gobierno argentino debido a las demandas interpuestas por los fondos Burford y Eton Park. Estos fondos buscan demostrar que entidades como YPF, el Banco Central, Aerolíneas Argentinas, ENARSA y el Banco Nación operan como “alter ego” del Estado argentino. En otras palabras, los demandantes argumentan que los activos de estas empresas podrían ser embargados para cubrir el pago de una sentencia pendiente que asciende a US$16.000 millones. El gobierno argentino, por su parte, sostiene que las demandas son infundadas y ha expresado su intención de defender los intereses del país ante la justicia internacional. No obstante, la orden de Preska, que implica una invasión a la privacidad de las comunicaciones de funcionarios, ha generado preocupación sobre las implicaciones legales y políticas de la medida. El análisis de los mensajes privados de los involucrados podría arrojar detalles sensibles que comprometan la estrategia del gobierno en el manejo de la crisis. Posibles repercusiones legales y políticas de la decisión judicial La decisión de la jueza Preska, que se centra en obtener información clave para respaldar las demandas de los fondos internacionales, ha abierto un debate sobre la privacidad de las comunicaciones y los límites de la soberanía en el contexto de la justicia global. El pedido de reconsideración realizado por Argentina busca evitar una posible vulneración de derechos fundamentales y garantizar que las comunicaciones de los funcionarios no sean utilizadas de forma indebida en el marco de un juicio. Si la jueza mantiene su postura, la posibilidad de una apelación se presenta como una opción válida para el gobierno argentino. Sin embargo, cualquier medida tomada podría tener repercusiones no solo en el ámbito legal, sino también en las relaciones internacionales del país, dado que la cuestión de la soberanía nacional y la protección de la privacidad son temas delicados en el contexto de los litigios internacionales. (Con información de Noticias Argentinas)
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