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» tn24
Fecha: 26/08/2025 20:54
La Casa Rosada analiza quitarle a la Agencia Nacional de Discapacidad su carácter de organismo descentralizado. El objetivo sería que la cartera de Mario Lugones supervise de manera directa los procesos de compras y contrataciones. El Gobierno nacional avanza con la idea de reorganizar administrativamente la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), envuelta en el escándalo por los audios de su exdirector, Diego Spagnuolo, en los que se mencionaba un presunto circuito de coimas ligado a la droguería Suizo Argentina. Según confirmaron fuentes oficiales, la alternativa que se estudia es que la ANDIS deje de ser un organismo descentralizado y pase a depender de forma directa del Ministerio de Salud. La modificación, explicaron desde la Casa Rosada, permitiría que las autoridades sanitarias controlen en detalle las licitaciones y los contratos, algo que hasta ahora quedaba fuera de su alcance. “Ahora que lo intervenimos podemos ver los primeros números; antes no lo podíamos hacer”, reconocieron desde el Ejecutivo. La intervención quedó en manos de Alejandro Vilches, hombre de confianza del ministro Mario Lugones, quien ya inició una auditoría integral sobre las compras realizadas en los últimos meses. La ANDIS fue creada en 2017 durante la gestión de Mauricio Macri como organismo descentralizado, con autonomía administrativa y financiera. Ese formato le permitía elaborar y ejecutar sus propios procesos de contratación, sin la supervisión directa de la cartera sanitaria. En los últimos días trascendió que bajo la gestión de Spagnuolo se habían iniciado 31 procesos licitatorios, entre ellos uno con Suizo Argentina por más de 78 mil millones de pesos. El foco de la revisión está puesto en el programa Incluir Salud, responsable de la cobertura médica de beneficiarios de pensiones no contributivas. El interventor Vilches ordenó este lunes comenzar con la revisión de todos los contratos, en paralelo con la auditoría que se lleva adelante desde el Ministerio de Salud. En el Ejecutivo aseguran que el eventual traspaso de la agencia se ampara en las facultades organizativas que la Constitución le otorga al Presidente. De concretarse, replicaría lo sucedido a comienzos de año con la intervención del Hospital Bonaparte, también dispuesto por Lugones para ordenar la gestión administrativa. Mientras tanto, el Gobierno subraya que las compras adjudicadas a Suizo Argentina —hoy bajo sospecha— fueron procesos abiertos y competitivos, y que a casi cuatro meses del inicio del contrato no se registraron pagos efectivos. Con la auditoría en marcha, el oficialismo busca recuperar control político y técnico sobre un organismo clave y despejar dudas en medio de una crisis que ya escaló al plano judicial y político.
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