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» Diario Cordoba
Fecha: 26/08/2025 15:47
El primer consejo de ministros tras el verano ha adoptado uno de los acuerdos que han protagonizado el enfrentamiento entre el Ejecutivo central, la oposición y las comunidades autónomas gobernadas por el PP: el decreto que establece qué capacidad debe tener cada territorio para acoger menores inmigrantes que lleguen a sus territorios o que sean trasladados desde otros cuando su capacidad de atención en sus instalaciones se haya visto desbordada. Este choque es especialmente acusado con Andalucía dado que es la comunidad en la que existe un mayor desajuste entre la capacidad con la que cuenta actualmente su red (645 plazas que se encuentran casi al completo) y la que debe tener si se aplican los criterios elaborados por el Ministerio de Juventud e Infancia dentro de su decreto. De hecho, el presidente andaluz, Juanma Moreno, reiteró ayer "la saturación de sus plazas" y denunció "la falta de transparencia" del Gobierno. El planteamiento base del Gobierno central es que cada comunidad debe contar con en torno a 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes como capacidad ordinaria de acogida de menores. Esto supone, en el caso de Andalucía, un total de 2827 plazas, mientras que en estos momentos la red está conformada por 645. Así, el cálculo del Ministerio es que faltan 1.372 plazas, lo que sitúa a la comunidad andaluza como la que tiene que realizar un mayor esfuerzo para cumplir con la normativa seguida de la Comunidad Valenciana con 1.216. Al basarse el reparto en un criterio por población, Andalucía es la comunidad con una mayor capacidad asignada en este decreto seguida de Cataluña, con 2.650, y de Madrid con 2.325 menores. Esto implica también que será una de las comunidades autónomas que más menores procedentes de Canarias tendrá que acoger una vez que se aplique el decreto que regula la obligatoriedad de apoyar a otro territorio cuando sus instalaciones se encuentren saturadas. Esta es la base del reparto que se va a iniciar en los próximos días de casi 4.000 menores entre las distintas autonomías. En el caso andaluz supondrá la acogida de 677 menores con una línea de financiación de nueve millones de euros. La cifra que recoge este decreto cobra también relevancia porque es la base que se va a utilizar para estimar si los recursos se encuentran sobrepasados y, por tanto, si Andalucía tiene capacidad de activar el sistema de apoyo obligatorio de otros territorios. Aunque en estos momentos la llegada de inmigrantes a las costas andaluzas ha venido descendiendo a lo largo de los últimos años Recurso al Constitucional La Junta de Andalucía ya ha recurrido el primer decreto aprobado por el Consejo de ministros en torno al sistema de traslados de menores inmigrantes al Tribunal Constitucional y previsiblemente adoptará medidas también contra esta nueva normativa que fija la capacidad ordinaria que debe tener el sistema. El presidente andaluz, Juanma Moreno, lamentó "la falta de transparencia e información" de la que dispone en un tema tan sensible y criticó que se plantee el traslado de 677 menores desde Canarias pese a la "saturación" de las plazas: "Estamos al 95% de capacidad". En este sentido, Moreno criticó que se reconozca al País Vasco el "efecto frontera" ante la inmigración mientras que no lo haga así con la comunidad autónoma andaluza, que está "a tiro de piedra de África", y cuyas playas ven la llegada de "pateras". Pese a estas palabras, no existe ninguna declaración oficial ni decreto que establezca un reconocimiento al País Vasco como frontera norte que le otorgue ayudas o beneficios respecto a otros territorios. Se trata de una reclamación del Gobierno del País Vasco no contemplada en ninguna normativa.
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