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» El Sur Diario
Fecha: 26/08/2025 02:51
En una conferencia de prensa realizada en el Centro de Justicia Penal, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, junto a los fiscales Federico Rébola y Matías Merlo, adelantaron detalles de la audiencia imputativa contra 13 personas acusadas de participar en el ataque a balazos contra un colectivo del Servicio Penitenciario, ocurrido el 2 de marzo de 2024 en Rosario. Según Cococcioni, el atentado constituyó “una de las primeras represalias de las organizaciones criminales al endurecimiento de las condiciones carcelarias” que el Gobierno Provincial implementó desde diciembre de 2023. “Fue el inicio de una secuencia de intimidaciones y amenazas que no se pueden naturalizar. Confiamos en que la Justicia acompañe las medidas que se pidan para que quede claro que estas personas no se la van a llevar de arriba”, advirtió. Los acusados enfrentarán cargos por asociación ilícita, homicidio, tentativa de homicidio, amenazas coactivas, intimidación pública, robo y encubrimiento. El rol de Walter González El fiscal Rébola señaló como autor intelectual del ataque a Walter González, un preso de alto perfil alojado en la cárcel de Piñero, con influencia en Rosario, Capitán Bermúdez, Granadero Baigorria y Carcarañá. De acuerdo con la investigación, González dio la orden para ejecutar la balacera. “Dispararon con dos armas, dos tiradores distintos desde un auto contra el colectivo. Una bala pasó rozando la nuca de un penitenciario. El objetivo era matar”, explicó el fiscal. La acusación también lo vincula con el ataque fallido al bar Rondó, ocurrido el 24 de enero en bulevar Rondeau al 3900, donde intentaron abrir fuego contra los clientes. Aunque las armas no funcionaron en ese momento, minutos después se concretó otra balacera. Una pista en Villa Constitución La investigación tuvo un capítulo clave en Villa Constitución. El 9 de agosto de 2024, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) de los departamentos Constitución y Rosario, junto al Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de la Unidad Regional VI, allanó una vivienda en calle Almirón al 4900, barrio Luzuriaga. Allí fue detenido Diego Alberto R., de 24 años, sindicado como partícipe del ataque al colectivo penitenciario. En la vivienda se encontraban tres mujeres y dos menores, y durante la requisa se secuestraron tres teléfonos celulares, que serán peritados para establecer su vinculación con el hecho. El detenido ya contaba con antecedentes: el 29 de noviembre de 2024 había sido imputado en Rosario junto a otro villense por portación ilegítima de armas de fuego. En aquella oportunidad circulaban por la autopista Rosario–Buenos Aires con dos revólveres calibre .38 y .22 y municiones, motivo por el cual quedaron en prisión preventiva. “Un punto de inflexión en la política de seguridad” Cococcioni recordó que el endurecimiento de los protocolos carcelarios comenzó apenas asumido el gobierno de Maximiliano Pullaro: “El 11 de diciembre realizamos la primera requisa de profundidad y el reordenamiento de los sectores de alto perfil. A las 48 horas empezaron las balaceras y las amenazas. Para nosotros esto no es un capítulo más, es uno de los ejes de la política de seguridad”. El ministro remarcó que, según datos de la Fiscalía, hasta un tercio de los homicidios en Rosario en años anteriores fueron ordenados desde las cárceles. En ese marco, defendió la recuperación del régimen de alto perfil y el refuerzo de controles: “Meter presos a los líderes narcos para que sigan cometiendo delitos desde adentro no tenía sentido. Hoy demostramos que esas represalias no van a quedar impunes”. Investigación y respaldo al equipo El fiscal regional Matías Merlo valoró la labor del Equipo Fiscal Transitorio de Violencias Altamente Lesivas y la coordinación con la Policía de Investigaciones, subrayando que las pruebas reunidas son “contundentes”. Con esta imputación, el Gobierno provincial y el Ministerio Público de la Acusación buscan enviar una señal clara: las bandas criminales no podrán operar impunemente desde las cárceles y los ataques contra el Estado tendrán respuesta judicial y política.
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