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» Elterritorio
Fecha: 24/08/2025 10:32
Mariano Anton alienta a poder reconocer el acoso virtual y denunciarlo: a los niños y niñas, darles especial atención. Preocupa el odio que proviene del poder institucional domingo 24 de agosto de 2025 | 6:05hs. La complejidad de la violencia digital es que “se sostiene en el tiempo”. La libertad de expresión es un derecho humano esencial que potencia la pluralidad de voces y enriquece el debate público, pero no puede disfrutarse como un permiso para discriminar o violentar a otros. En la era digital, cuando los mensajes van y vienen a gran velocidad, abundan expresiones de odio que erosionan la convivencia democrática. Hoy, especialistas advierten que el problema se agudiza cuando estas prácticas provienen de figuras del poder político y económico o que detentan responsabilidades institucionales. El caso más reciente y que disparó polémica es la disputa judicial entre el presidente Javier Milei contra Ian Moche, un niño diagnosticado dentro del espectro autista que se dedica al contenido audiovisual para concientizar sobre este trastorno, a quien el mandatario nacional calificó de “kuka del mal”. Mensajes como este y tantos otros que provienen de diferentes sectores sociales parecieran ser el cotidiano en el mundo digital. Ahí no sólo se ven afectados adultos, sino también niños, niñas y adolescentes, a quienes hay que acompañar y proteger, alertó Mariano Anton, abogado especialista en derechos humanos y ex delegado en Misiones del Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), organismo disuelto cuando asumió la actual gestión nacional. “Hoy, como la tecnología ha crecido, pero no ha crecido nuestra cultura digital en la discusión de estos temas, a veces nos encontramos con una opinión que nos genera un daño que tal vez tenga una magnitud mayor de la que habría que darle identidad”, reconoció en charla con El Territorio. No obstante, cuando ese daño lo habilitan y hasta ejecutan las máximas autoridades, toma otra complejidad. En ese sentido, Anton fue tajante al señalar que “todo aquel que ocupa un cargo público debe saber que se debe a esa institucionalidad, entonces debe ser muy cuidadoso con esa intención de quebrar el mundo público del privado. Debemos aumentar el doble nuestra responsabilidad en la institucionalidad de ese espacio”, sostuvo. La advertencia es clara: “Pararte en un lugar donde la sociedad te ha colocado o que tus capacidades te han colocado, y que eso ponga en daño o en riesgo a un tercero, me parece muy preocupante”. Libertad no es difundir odio La libertad de expresión es, junto a otros derechos -como el acceso a la educación, a la información; a tener una vivienda digna y a la salud-, un derecho humano básico. Ser ‘libres’ para debatir y expresar lo que deseamos nos abre un mundo de posibilidades. Pero también nos arroja a una arena espesa que muchas veces se torna violenta. Esa violencia casi que se ve amparada en el mundo digital, cuando el uso de perfiles falsos o la presencia de trolls habilitan a que esto ocurra -pareciera que sin ningún tipo de consecuencia-. Pero como todo derecho, la libertad de expresión tiene sus límites. “Es un valor de la democracia ineludible y que es indispensable protegerlo -defendió Anton-. Por eso también está calificado como un derecho humano básico. Ahora bien, hay un límite claro y que son aspectos prohibidos de la libertad de expresión. Se trata de esos discursos que generan discriminación, que incitan a la violencia o que proponen situaciones que generan conflictos vinculados a odiar al otro y a provocar acciones de guerra”, explicó. Primera aclaración: ser libres para decir y manifestar opiniones o posturas no es excusa ni argumento para difundir mensajes de odio, que discriminen o hagan apología a violentar a otros -desde lo verbal hasta lo físico y sexual-. Todos estos aspectos, sumados a las calumnias e injurias que alguien puede sufrir, reconoce que se ven propagados en el ámbito digital porque allí “se sostienen en el tiempo”. A diferencia de lo que ocurría antes sin redes ni conectividad constante a través de celulares, “cuando alguien no te apreciaba o despreciaba lo que hacías, el lugar de impacto de esa opinión podía ser tu barrio, la escuela, tu grupo deportivo, pero quedaba ahí y podías recomponerte de esa situación juntándote con otro grupo y salías adelante”. Cuando la pregunta pareciera apuntar al ‘hasta qué punto tolerar el odio virtual’, se abre la discusión sobre cómo enseñar que lo que sucede en las redes también afecta. “Nosotros nos ponemos a observar la vida de otro como un entretenimiento porque no fuimos educados en esta discusión del daño que generan ese tipo de opiniones”, lamentó el abogado. Riesgo sobre niños y niñas Al ser consultado sobre la causa judicial que tiene en discusión al presidente Milei con un niño con autismo, Anton recalcó que “uno debe ser más cuidadoso cuando hay un niño involucrado en el proceso comunicacional. Todo el sistema normativo nos indica eso, hay un análisis que debe ser más sensible en pos de proteger a esa criatura”. A esto sumó la necesidad comprender que, “más allá del grado de madurez que tenga la criatura, siempre tenemos que, como adultos cercanos, acompañar a los niños y a las niñas en esos procesos comunicacionales”. ¿Y cuando agrede un presidente? Anton reconoció que en materia jurídica no hay nada específico que sancione -de modo particular- a alguien que detenta la máxima autoridad de un país y ejerce violencia digital. “Cuando se empezó a hablar de libertad de expresión nunca se pensó, desde lo normativo, qué pasa cuando alguien que está en el poder es el agresor. Siempre se pensó a la inversa”, relató. Hoy los desafíos son otros, mientras la violencia digital -e institucional- escala a ribetes impensados. “Para mí, cuando uno ocupa un cargo público, lo que haga en privado o lo que justamente requiera de su rol institucional debe ser asumido con muchísima ética, con muchísima disciplina, con muchísimo compromiso”, valoró el letrado. Muchas veces, la violencia digital se difunde en figuras de trolls y perfiles falsos, a los que -observó Anton- “hay que aprender a que eso no nos importe y tener la capacidad de identificar esas cuentas y bloquearlas”. El anonimato carga a muchos de falsa valentía y es tarea de la sociedad enseñar a identificarlas y denunciarlas. “Es tan avasallante lo que nos pasó en lo tecnológico, que estamos todavía en un proceso de aprendizaje”. ¿Hay que regular las redes sociales? No es nuevo el debate sobre la regulación y control del contenido que se difunde en redes sociales. De hecho, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, presentó un proyecto de ley que el pasado miércoles 20 de agosto se aprobó en la Cámara de Diputados, que apunta a definir reglas de conducta y responsabilizar a las plataformas por el contenido publicado por los usuarios. Al ser consultado por una alternativa como esta o similar, en miras de hallar -al menos parte- de la solución a la creciente violencia digital, Anton advirtió que “son proyectos delicados y hay que tener mucha seguridad de cómo lo vas a canalizar”. Esto porque, como cualquier delito, aquello que se infringe en el mundo digital debe contar con pruebas y “requisitos técnicos muy específicos en la conducta cuestionada”, explicó. En Argentina, o al menos en Misiones, reconoció que una propuesta para regular las redes sociales no sería sólida ni concretable. “No quiero decir que no se puede -aclaró-, sino que requiere de un análisis delicado, que actualmente no me es posible imaginar”. En cambio, consideró se debe trabajar para que el tratamiento judicial sea más ágil y rápido para estos casos. “No puede ser que para que vos vayas a cuestionar algo que están publicando en contra tuya, tengas que esperar tanto tiempo para que la Justicia dé una indicación de cómo seguir”. Anton opinó que “sí le tendría más confianza a un sistema paralelo de análisis de situaciones que tengan que ver con lo comunicacional en el mundo judicial”. Compartí esta nota:
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