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Parana » Informe Digital
Fecha: 24/08/2025 01:37
De los veinte proyectos de inversión que han solicitado adherirse al Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), once pertenecen al sector minero, de los cuales tres se centran en la producción de cobre, un “mineral crítico” en la denominada “transición energética”. Estos tres proyectos —Los Azules, de la canadiense McEwen Copper Inc, subsidiaria de McEwen Mining, así como Pachón y Agua Rica, de la suiza Glencore— representan una inversión total de nada menos que USD 15.972 millones, cifra que equivale a casi la mitad de los USD 33.000 millones que abarcan los 20 proyectos que han formalizado su solicitud para beneficiarse del programa oficial. Además, la participación del cobre en el RIGI superará ampliamente el 50% de las inversiones previstas con la presentación del Proyecto Vicuña, resultado de la colaboración entre la canadiense Lundin y la australiana BHP, la mayor minera del mundo. Este proyecto, ubicado en San Juan, requeriría inversiones que rondan los USD 15.000 millones a lo largo de 30 años. Estos proyectos, que implican largos períodos de exploración, planificación y maduración, requieren la gestión de numerosos permisos, estudios y aprobaciones relacionadas con el “impacto ambiental”. Las compañías han establecido campamentos a miles de metros de altura y han desarrollado infraestructuras específicas. Su presentación al RIGI se produjo después de que el gobierno, a principios de agosto, estableciera una alícuota del 0% para los derechos de exportación de 231 productos mineros, incluyendo el oro y, especialmente, el cobre, como un estímulo para atraer inversiones que puedan transformar el balance externo del país, primero mediante una inyección masiva de inversión directa asociada a la fase de construcción, y luego con los ingresos por exportación. Desplome del precio Paradójicamente, la aceleración de la industria del cobre ocurrió justo cuando el precio internacional del metal se cayó en un 20% desde fines de julio, tras la confirmación de que el arancel del 50% anunciado por Donald Trump a mediados de ese mes no se aplicaría a las importaciones de cátodos de cobre refinados, una medida que impactó el mercado y contradijo las expectativas. El arancel únicamente abarcará productos semiacabados, como tuberías y cables de cobre. Desde que Estados Unidos inició una investigación bajo la Sección 232 sobre las importaciones de cobre, grandes cantidades de cátodos se desviaron a almacenes en EE. UU. en un intento por anticiparse al arancel previsto, lo que resultó en un colapso del arbitraje entre los índices de cobre del Chicago Mercantile Exchange (CME) y el London Metal Exchange (LME), que tradicionalmente se aprovecha de las diferencias de precios entre ambos mercados. Según comentó en su momento la consultora Benchmark Mineral Intelligence, el anuncio hizo colapsar ese arbitraje y también el precio del cobre en el LME, la mayor bolsa de metales del mundo. La volatilidad en el CME fue aún más pronunciada. Los inventarios de cobre en EE. UU. eran ya altos, alcanzando unas 256.000 toneladas al 31 de julio, un incremento del 165% desde febrero, cuando Trump anunció la investigación sobre las importaciones del metal. En los primeros siete meses del año, EE. UU. importó 680.000 toneladas, más del doble en comparación con el mismo período en 2024. “EE. UU. cuenta con abundantes reservas de cobre, pero nuestra capacidad de fundición y refinación está muy por debajo de la de nuestros competidores globales”, afirmó en ese momento la Casa Blanca. Los futuros de cobre se mantuvieron en el último mes alrededor del nivel al que habían caído, como indica el gráfico de Trading Economics, que lo mide en dólares por libra. “Estos valores se encuentran próximos a los mínimos de más de cuatro meses, mientras los inversores evaluaban los recientes acontecimientos políticos en EE. UU.,” reportó The New York Times. A esos eventos se sumó esta semana una cuestión judicial: una corte de apelaciones suspendió una transferencia clave para que el Proyecto de cobre “Resolution”, ubicado en el Estado de Arizona y con un 45% de propiedad de BHP y un 55% de Rio Tinto, pueda avanzar. El Tribunal dictaminó el lunes pasado que la transferencia, programada para el martes, debía ser detenida mientras evaluaba una solicitud de una tribu Apache, siendo esta la segunda vez que un tribunal fallaba a favor de esa comunidad o sus aliados, que buscan bloquear Resolution invocando motivos religiosos, culturales y ambientales. Trump, acompañado del secretario del Interior, Doug Burgum, se reunió con los CEOs de BHP, Mike Henry, y de Rio Tinto, Jakob Stausholm, y criticó la medida del Tribunal de Apelaciones, con sede en San Francisco, a la que calificó de “izquierda extrema”, acusándola de demorar el proyecto por dos meses y afectar 3.800 empleos. “Nuestro país, de manera muy simple, necesita cobre Y AHORA”, escribió el presidente. Quienes se oponen al proyecto Resolution, afirmó, son “antiamericanos” y representan a países que compiten con EE. UU.” En la actualidad, la operación de cobre más importante en EE. UU. es la mina Bingham Canyon, en Utah, que se considera la excavación a cielo abierto más profunda del mundo. En funcionamiento desde 1903, es operada actualmente por Rio Tinto y produce alrededor de 275.000 toneladas de cobre al año, equivalente a casi una cuarta parte de la producción total de EE. UU., que hasta finales de los años 60 del siglo pasado fue el mayor productor de cobre a nivel global, pero en la actualidad solo genera el 5% y procesa el 3% a nivel mundial. Panorama cuprífero mundial EE. UU. es el segundo mayor consumidor de cobre a nivel mundial, después de China, cubriendo cerca del 45% de su demanda a través de importaciones, principalmente de cobre refinado en forma de tubos, caños y cables para la construcción, así como para las industrias electrónica y automovilística, incluyendo fábricas y centros de datos. Los vehículos eléctricos, como los que fabrica Tesla, consumen considerablemente más cobre que los vehículos con motores de combustión interna. En 2024, los principales países productores de cobre fueron Chile (5,3 millones de toneladas), República Democrática del Congo (3,3 millones), Perú (2,6 millones), China (1,8 millones) e Indonesia (1,1 millones). Sin embargo, China también es un gran importador, representando el 55% del consumo global. Los países que completan el Top 10 de producción son EE. UU., Rusia, Australia, Kazajistán y México. A pesar de la reciente caída del precio, las perspectivas a largo plazo siguen siendo optimistas, ya que se prevé que el consumo global de cobre se duplique para 2040. El cuadro adjunto, extraído de un informe de la Agencia Internacional de Energía, muestra que, de siete “minerales críticos” considerados, el cobre es el más presente en las tecnologías de “energías limpias”. Un estudio realizado por la consultora minera CRU estimó que cinco grandes proyectos de cobre en Argentina (los ya presentados al RIGI, incluidos Vicuña de Lundin y BHP, y Taca Taca de First Quantum Minerals), con una producción anual cercana al millón de toneladas, generarían ingresos de unos USD 4.000 millones por año entre 2031 y 2040. Basándose en su metodología de “flujo de caja del país anfitrión”, CRU calculó que esto provocaría un impacto acumulativo superior a USD 47.000 millones en impuestos, salarios, contratación de bienes y servicios y beneficios empresariales. El cobre en el RIGI Hasta la fecha, los 20 proyectos presentados al RIGI suman inversiones superiores a USD 33.000 millones, y la expectativa oficial es que las adhesiones superen los USD 50.000 millones. Hay un total de 6 proyectos aprobados, que suman más de USD 13.000 millones, incluyendo uno del sector minero para la producción de litio por parte de Rio Tinto, en Salta. Inicialmente, había un fuerte predominio de proyectos relacionados con Vaca Muerta, pero ahora la balanza se ha inclinado hacia la minería con la presentación de Glencore para sus proyectos de cobre El Pachón (San Juan) y Agua Rica (Catamarca), por USD 13.300 millones. En 2024, las exportaciones mineras alcanzaron los USD 4.673 millones, un incremento del 15,1% en comparación con 2023, marcando el tercer mejor registro histórico. Tres productos explican el 95,1% de esas ventas: oro (67,2% del total), plata (14%) y litio (13,8%). Desde 2018, Argentina no produce cobre a gran escala industrial (solo existe una operación de escala cuasi-artesanal en Jujuy), tras el cierre de La Alumbrera, ubicada muy cerca de donde en el futuro operaría Agua Rica. Los once proyectos mineros presentados al RIGI hasta el momento son los siguientes: Rio Tinto (aprobado con resolución): Expansión del proyecto Rincón de Litio, Salta. Inversión: USD 2.724 millones. Objetivo: producción anual de hasta 60.000 toneladas de litio de grado batería. Minera Galán Lithium (aprobado – falta resolución): Proyecto Hombre Muerto Oeste, Catamarca. Inversión: USD 217 millones. Producción de cloruro de litio. Minas Argentinas SA (AISA Group): Mina Gualcamayo, San Juan. Inversión: USD 1.000 millones para explotación de oro. Posco: Proyecto Sal de Oro, Salta. Inversión: USD 633 millones. Río Tinto: Proyecto Sal de Vida, Catamarca. Inversión: USD 818 millones. McEwen Copper: Proyecto Los Azules, San Juan. Inversión: USD 2.672 millones. Vehículo de Proyecto: Rincón Mining Pty Ltd. Sucursal Argentina. Ganfeng: Proyecto Mariana, Salta. Inversión: USD 273 millones. Vehículo: Litio Minera Argentina SA. Es el único proyecto rechazado hasta ahora. La firma china analiza reiterar el pedido. Minera Andina (Barrick y Shandong Gold): Proyecto Veladero, San Juan. Inversión: USD 380 millones. Ampliación de capacidad de producción de oro. Minera del Mojotoro y Minera Orosmayo: Proyecto Arenas de Cercanías, Río Negro. Inversión: USD 232 millones. Glencore: Proyecto Pachón, San Juan. Minería de cobre, molibdeno y plata. Inversión: USD 9.500 millones. Glencore: Proyecto Minera Agua Rica, Catamarca. Inversión: USD 3.800 millones. En términos de impacto territorial, el RIGI, que comenzó a regir en agosto de 2024, resalta la presencia de San Juan, con cuatro proyectos que suman poco más de USD 11.100 millones, excluyendo la futura presentación del Proyecto Vicuña, que ronda los USD 15.000 millones. Esta perspectiva ha generado controversias en torno a la preferencia por los proveedores mineros locales, quienes temen la competencia procedente de Chile. De acuerdo con los términos del RIGI, el 40% de las inversiones proyectadas en los proyectos adheridos al régimen deben ejecutarse en los primeros dos años de iniciado el mismo. El Ejecutivo puede reducir ese requerimiento, pero no llevarlo por debajo del 20%. Además, el RIGI tendrá una vigencia de dos años, prorrogable por uno. En caso de ser prorrogado, caducará en agosto de 2027, antes de finalizar el mandato del gobierno de Javier Milei.
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